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El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha manifestado la intención de solicitar la comparecencia en el Congreso de los Diputados del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como respuesta a la "detención violenta y racista" del exdiputado autonómico Serigne Mbaye. Fernández subrayó que su partido lleva tiempo pidiendo la dimisión o cese del ministro. El incidente que ha desencadenado esta petición ocurrió en el distrito madrileño de Usera-Villaverde, donde Serigne Mbaye fue arrestado junto a otras seis personas tras un altercado con agentes de la Policía Nacional. Durante la madrugada del viernes, Mbaye fue puesto en libertad y acusó a las autoridades de "racismo puro y duro" y una persecución "en contra de las personas racializadas". Fernández ha enfatizado que un Gobierno que se autodenomina progresista no puede tolerar estas prácticas racistas en las fuerzas de seguridad. Con estos argumentos, Podemos planea presentar en el Congreso una serie de preguntas para investigar la detención de Mbaye, junto con una proposición no de ley (PNL) que impulse una investigación independiente para esclarecer los hechos. La persecución que existe en su contra por parte de algunos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es evidente y notoria Manifestando su solidaridad con Serigne Mbaye, Fernández destacó que él, al igual que muchas personas migrantes y racializadas, sufre regularmente estas prácticas discriminatorias. "Las redadas racistas y las identificaciones por perfil étnico son prácticas comunes y recurrentes en España, reflejo de un problema de racismo institucional", concluyó el líder de Podemos.
El Partido Popular (PP) ha solicitado al Parlamento la creación de una ponencia compuesta por diputados y senadores para analizar los efectos del proceso de regularización de inmigrantes que ha emprendido el Gobierno en la seguridad nacional. Este asunto ya desencadenó un tenso intercambio de acusaciones entre el presidente Pedro Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante el último debate en el Congreso. La solicitud del Grupo Popular se discute este martes en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional, presidida por la diputada Edurne Uriarte del PP. En esta comisión, el PP y Vox cuentan con una mayoría absoluta. En particular, el PP busca que la ponencia parlamentaria evalúe el impacto de la regularización extraordinaria de personas extranjeras en el contexto de la política de Seguridad Nacional. Permiso de residencia para más de medio millón de personas El 27 de enero, el Consejo de Ministros aprobó iniciar el trámite de urgencia para regularizar a más de medio millón de inmigrantes. Esta acción sigue a un acuerdo entre PSOE y Podemos y modifica el Reglamento de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de las personas extranjeras en España. El proyecto se inspira en una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 700,000 firmas en 2004, aunque permanece bloqueada, exceptuando a Vox. Al vincular este proceso de regularización con amenazas como el terrorismo yihadista, Feijóo expresó durante una visita a Bruselas que la medida del Gobierno es una "temeridad" y alertó sobre un posible "efecto llamada" en la Unión Europea que podría incrementar la alerta antiterrorista. Y en un momento como el que estamos viviendo, el efecto llamada de una regularización es una auténtica temeridad El presidente Pedro Sánchez criticó las declaraciones de Feijóo, acusándolo de insinuar que una nueva oleada de atentados podría ser culpa de…
La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, ha reafirmado este lunes la postura del país de mantener cerradas las bases americanas situadas en Rota y Morón, así como el espacio aéreo español, para operaciones relacionadas con el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Robles ha calificado esta guerra como "profundamente ilegal e injusta". España no autoriza el uso de infraestructuras para el conflicto Según declaraciones de la ministra, recogidas por Europa Press, las fuerzas de seguridad estadounidenses no podrán utilizar sus bases militares en España para realizar ataques contra Irán. Robles enfatizó que, desde el inicio, esta decisión fue comunicada de manera clara a los responsables americanos. En palabras de la ministra: Desde el primer momento se le trasladó clarísimamente a la parte americana y a las fuerzas americanas, y por lo tanto ni se autorizan las bases, ni por supuesto se autorizan la utilización del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán. Este cierre también se extiende a vuelos provenientes de bases de Reino Unido o Francia. La posición del Gobierno español refleja su intención de no involucrarse en una intervención militar considerada ilegítima en la región persa.
La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI) ha decidido imponer una multa significativa a la filial europea de Apple, Apple Distribution International (ADI), por violar las sanciones impuestas por el gobierno británico. La sanción asciende a 390.000 libras esterlinas, equivalentes a aproximadamente 450.000 euros, debido a pagos realizados a la plataforma de streaming rusa Okko, vinculada a una compañía bajo sanciones. Durante los meses de junio y julio de 2022, ADI realizó pagos que superaron las 635.000 libras (unos 730.000 euros) a Okko. En ese periodo, la plataforma de streaming estaba en posesión exclusiva de JSC New Opportunities, una entidad que estaba sujeta a las restricciones impuestas por las autoridades británicas. Según el documento de la OFSI, ADI confió en sus filiales para la implementación funcional de los procesos de pago pertinentes, así como de las medidas de control de sanciones y de diligencia debida que se analizan en este caso. La OFSI ha declarado a ADI responsable de estos movimientos financieros, los cuales tienen implicaciones significativas al considerar los ingresos generados por los desarrolladores de software que utilizan la plataforma App Store de Apple. Apple, por su parte, ha enfatizado su compromiso con el cumplimiento de las normativas internacionales. Un portavoz de la compañía ha expresado: "Cumplimos con las leyes de los países donde operamos y nos tomamos muy en serio el cumplimiento de las sanciones". Además, Apple destacó que, tras identificar dos pagos hacia un desarrollador vinculado con una entidad sancionada, reportaron de inmediato y de forma proactiva al Gobierno de Reino Unido.
La Justicia argentina ha intervenido en un momento crucial para el ámbito laboral del país. Este lunes ha decidido suspender parte de la reforma laboral impulsada por el Gobierno del presidente Javier Milei, una medida que responde al recurso de amparo interpuesto por la Confederación General del Trabajo (CGT). La decisión del juez Raúl Horacio Ojeda se produce después de que el Senado argentino aprobara la reforma el pasado 27 de febrero, tras la eliminación del polémico artículo 44 que proponía la reducción de salarios durante las bajas médicas. La reforma laboral, tal como fue aprobada, incluía diversas medidas significativas. Entre ellas, el ajuste en el cálculo de las indemnizaciones por despido, el fraccionamiento de las vacaciones y la introducción de un banco de horas para regular las horas extra. El incremento de la jornada laboral de 8 a 12 horas, siempre que se respetara el descanso de 12 horas entre turnos, generó un amplio debate. Además, la reforma quitaba competencias al fuero de la Justicia Nacional del Trabajo cuando el Estado fuera parte en una disputa laboral, limitaba el derecho a la huelga y proponía un nuevo esquema para negociaciones colectivas que priorizaba los acuerdos de empresa o regionales por encima de los sectoriales. El juez Ojeda ha suspendido provisionalmente 82 de los más de 200 artículos de la norma. Entre los más relevantes, se encuentran: La eliminación del principio in dubio pro operario, que favorecía al trabajador en caso de duda. La clasificación de empleados de plataformas digitales como independientes. Modificaciones en materia de huelgas. La derogación de la ley del teletrabajo. El magistrado también ha revocado temporalmente la aplicación de cambios en el régimen de indemnizaciones, la jornada laboral, las vacaciones y otros aspectos clave como los fondos de cese laboral. Asimismo, ha dejado sin efecto el…
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha solicitado este lunes la prisión provisional para Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad durante el gobierno de Mariano Rajoy entre 2013 y 2016. La petición, dirigida a la Audiencia Nacional y a la que ha tenido acceso Europa Press, se fundamenta en el riesgo de fuga de Martínez antes del inicio del juicio sobre la 'Operación Kitchen', programado para el 6 de abril. Este caso investiga un presunto operativo parapolicial orquestado para sustraer documentación al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Además de Martínez, el PSOE también ha solicitado prisión preventiva para el comisario Andrés Gómez, quien igualmente está acusado en el caso. Esta medida busca asegurar la presencia de ambos en el proceso judicial y "garantizar el normal desarrollo de la vista oral y la efectividad de una eventual sentencia condenatoria". El PSOE, que desempeña la acusación popular en el caso, señala que no se ha realizado investigación alguna sobre la capacidad económica de los procesados, ni se ha facilitado acceso a esa información, si es que existe. Francisco Martínez afronta acusaciones por delitos con penas que exceden, con creces, los dos años de prisión, entre ellos malversación, organización criminal, contra la intimidad, revelación de secretos y cohecho. Un elemento relevante es que Martínez, quien está casado con una mexicana y viaja frecuentemente a México por motivos familiares, "continuó ejerciendo como funcionario público", lo que el PSOE argumenta como difícil de explicar en términos de compatibilidad laboral y financiera. Los socialistas sospechan que podría disponer de otras cuentas o ingresos no declarados, dada la carga de sus viajes y su defensa legal en múltiples causas penales. Por otra parte, el PSOE alega que Martínez posee una trayectoria delictiva que se extiende desde 2013 hasta 2025, año de su última detención e…
El secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, ha alzado la voz en Madrid durante una reunión con la dirección de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil). En un contexto de fuertes críticas, García denuncia las reducciones de precios que se proponen para los productores de Galicia en los nuevos contratos a partir de abril, calificándolo como un «ataque» al sector. García ha solicitado a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) que declare «ilegales de modo inmediato» dichos contratos que implican recortes de entre 7 y 8 céntimos por litro a partir del 1 de abril. Además, aboga por emprender acciones penales contra las industrias que importan leche de Francia y Portugal de manera «ilegal» para presionar sobre los precios. Exige también que la Xunta y la AICA intervengan para identificar qué empresas están involucradas en estas prácticas, el volumen, precios y cuántas cisternas utilizan. Estas acciones son calificadas por García como «un fraude» al consumidor. La gravedad de la situación alcanza su punto álgido tras un incidente en el que ganaderos de Unións Agrarias interceptaron un camión en Teixeiro, municipio coruñés de Curtis, derramando unos 15.000 litros de leche de una cisterna procedente de Portugal. García ha remarcado la situación crítica en Galicia debido a disminuciones de precios «unilaterales» en nuevos contratos, duplicando la brecha respecto a otras comunidades en medio de costes crecientes impulsados por conflictos como la guerra en Oriente Próximo. Las industrias están «incumpliendo la ley de cadena alimentaria», lo que «pone en jaque el futuro de muchas explotaciones» El secretario xeral critica que la industria láctea actúa sin considerar las reglas básicas de negociación colectiva, al ofrecer contratos de adhesión con la única opción de que el ganadero firme o deseche la leche. Debido a ello, García afirma haber roto relaciones con…
En un tenso escenario internacional, la Casa Blanca ha declarado que la Administración Trump "no necesita ayuda de España ni de nadie más" en su conflicto con Irán. Esta afirmación se produce tras la decisión del Gobierno español de cerrar su espacio aéreo a vuelos de aviones involucrados en la operación 'Furia Épica', liderada por Estados Unidos e Israel. Fuentes de la Casa Blanca, en declaraciones a Europa Press, señalaron que "las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están cumpliendo o superando todos sus objetivos" en el marco de esta operación. Esto subraya su postura de no necesitar apoyo externo, tras las acciones preventivas tomadas por España frente a lo que califica como una guerra "profundamente ilegal e injusta". La ministra de Defensa española, Margarita Robles, ha sido clara en su declaración de intenciones. Ha confirmado la prohibición de usar tanto las bases estadounidenses en España, situadas en Rota y Morón, como el espacio aéreo nacional para operaciones vinculadas al conflicto con Irán. Robles ha enfatizado: Ni se autorizan las bases, ni por supuesto se autoriza la utilización del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán Este cierre del espacio aéreo y las bases españolas han generado opiniones enfrentadas. Mientras algunos consideran la medida una defensa de la soberanía española y una respuesta a un conflicto percibido como ilegal, otros advierten sobre las tensiones diplomáticas que podría acarrear con los socios norteamericanos.
La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ha dado a conocer la posibilidad de convocar una huelga coincidiendo con eventos clave en Sevilla, como la final de la Copa del Rey y la Feria de Abril. Las fechas de dichos eventos, a mediados y finales de abril, pueden ver interrumpido el flujo aéreo debido a esta protesta, motivada por una drástica reducción de personal y una carga de trabajo que la califican de «inasumible». Pablo Gómez Junquera, portavoz de USCA, ha manifestado que desde la administración de la torre de control del Aeropuerto de Sevilla por parte de Servicios Aeronáuticos Navegación y Control (Saerco) en 2021, el personal operativo ha disminuido de 16 a 11 controladores. Este decremento ocurre a la par que un aumento del 15% en la carga de trabajo, causando preocupaciones no solo laborales sino también de seguridad, gestión y eficiencia del tráfico aéreo. Gómez Junquera enfatiza: «Lo que pedimos, simplemente, es más personal. No queremos mejoras económicas ni nada al respecto. Queremos más profesionales para, simplemente, poder beneficiar la gestión». Los controladores temen que esta falta de personal se agrave con el incremento previsto en el tráfico aéreo, que podría alcanzar el 9 o 10% este verano. La empresa Saerco, en un intento por mitigar la situación, propone extender la duración de los turnos de trabajo. No obstante, esta medida se plantea sin haber reunido a los trabajadores para discutir los términos. Según Gómez Junquera, la empresa sostiene que las plantillas están adecuadamente dimensionadas y que cumplen con el convenio, mientras que la realidad, según el sindicato, es otra. Por el momento, el sindicato valora fechas para la disposición de la huelga y espera alcanzar un acuerdo previo para evitar un movimiento que podría perjudicar el traslado a la capital andaluza en estas señaladas fechas
Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha advertido que, en caso de que la derecha vote en contra del decreto ley de vivienda debido a la situación en Irán, miles de personas podrían quedarse sin hogar. Este decreto incluye una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler que vencerán entre 2026 y 2027, permitiendo su extensión por hasta dos años. Las declaraciones se realizaron en la sede del Ministerio de Consumo. El departamento de Bustinduy ha enviado una carta a 13 grandes inmobiliarias y fondos de inversión que administran más de 100.000 viviendas en todo el territorio español. En esta comunicación, se les informa sobre la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler que expiran entre marzo de 2026 y diciembre de 2027, siempre que los inquilinos lo soliciten. Esta medida busca asegurar condiciones equitativas y evitar incrementos abusivos en los alquileres. Bustinduy destacó que el decreto, pendiente de convalidación en un plazo de 30 días, pretende que «los inquilinos sigan pagando sus alquileres mensualmente» y evitar que las familias sean expulsadas por incrementos de alquiler hasta del 60%. El ministro subrayó que muchas familias no podrán soportar tales aumentos, afectando a diversas situaciones, como hijos en colegios del barrio o jóvenes que, frente a un alza del 50%, deberían regresar a vivir con sus padres. Para Bustinduy, esta prórroga es una cuestión de «sentido común» y no de «izquierdas ni derechas» El ministro expresó que la medida beneficiará a personas de todo el espectro político y criticó los «lobbies» inmobiliarios por sus «campañas de miedo». Rechazó la idea de que la postura de la derecha pudiera justificar el rechazo a la prórroga, considerándolo como un apoyo a operadores del mercado que ganan de manera desproporcionada. Bustinduy extendió «la mano» a las formaciones políticas para negociar…