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En una reciente resolución emitida el 24 de marzo, la Seguridad Social de España ha anunciado una corrección con efectos retroactivos a partir del 1 de enero de este año, que afectará a los recortes aplicados en las pensiones máximas de jubilación anticipada. Según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, esta medida se debe a un análisis jurídico que sugiere la implementación de lo estipulado en la disposición transitoria de la Ley General de Seguridad Social, que contempla la aplicación gradual de coeficientes reductores en jubilaciones anticipadas voluntarias cuyo importe inicial excede el máximo establecido. La Seguridad Social había comenzado a calcular desde el 1 de enero, las pensiones de nuevos jubilados con importes superiores a la pensión máxima, utilizando coeficientes generales más elevados que los previstos en el régimen transitorio. Esta decisión ha sido revertida, ya que estos mayores coeficientes reductores no se ajustaban al marco legal vigente que estipulaba una transición gradual hasta 2033. La reforma de pensiones de 2021 había implementado un cambio en el cálculo de las penalizaciones por jubilación anticipada voluntaria, aplicando estas sobre el importe de la pensión teórica en lugar de la base reguladora. Esto buscaba desincentivar tales jubilaciones en casos de salarios elevados. Sin embargo, la disposición transitoria suavizaba estos recortes, algo que fue inadvertidamente omitido este año. Ahora, la Seguridad Social ha decidido mantener esos recortes más suaves, aplicándolos de manera retroactiva desde el 1 de enero de 2026 En un esfuerzo por rectificar esta situación, se ha decidido que la corrección se realice automáticamente desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), sin necesidad de que los beneficiarios interpongan solicitudes. El cambio se verá reflejado en los próximos días en el simulador de pensiones de jubilación de la Seguridad Social, que previamente había indicado la derogación…
Facua-Consumidores en Acción ha manifestado su rechazo ante la posibilidad de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) traslade parte del coste económico derivado del apagón del 28 de abril de 2025 a los consumidores. La asociación ha presentado alegaciones ante la CNMC en respuesta a la Propuesta de resolución que establece criterios de liquidación por parte del operador del sistema, señalando que estas prácticas serían «inaceptables» y podrían contravenir la legislación vigente. Según Facua, la resolución propuesta plantea que el operador del sistema asigne las obligaciones de pago que, indirectamente, serían transferidas a los precios ofertados, afectando así a los usuarios finales. Esto podría repercutir tanto en la tarifa semirregulada de Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) como en las modalidades del mercado libre. La asociación criticó esta decisión, argumentando que «no resulta procedente» que los usuarios financien costes para los que no son responsables, lo que podría sentar «un precedente muy peligroso». Facua hace referencia al artículo 89 del Real Decreto Legislativo 1/2007, en el cual se establece que trasladar al consumidor las consecuencias económicas de fallos no imputables directamente a él se considera una práctica abusiva Facua instó a la CNMC a desarrollar mecanismos que permitan imputar los costes a los verdaderos responsables del fallo, evitando así cargas innecesarias para los consumidores domésticos. Un informe reciente de la Comisión señala que, a pesar de contar con las herramientas normativas y regulatorias adecuadas para evitar el apagón, no se designaron responsables directos del incidente. Facua reclama a la CNMC que «articule mecanismos que permitan, una vez determinadas finalmente las responsabilidades, repercutir dichos costes a los sujetos y agentes que efectivamente contribuyesen al fallo del sistema» El informe subraya la necesidad de mejorar el sistema eléctrico para abordar las exigencias actuales y fortalecerlo, aunque…
La candidata del Gobierno, Inés Olóndriz, ha comparecido en el Congreso para defender su nombramiento como presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En su intervención, prometió independencia, asegurando que «nunca he militado en ningún partido político». El Consejo de Ministros presentó su candidatura el pasado 10 de marzo, como sucesora de Cristina Herrero, quien ha presidido el organismo durante los últimos seis años. Durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Olóndriz puso en valor su dilatada carrera en el ámbito de las finanzas públicas, destacando sus 35 años de experiencia. Subrayó que ha tenido un profundo conocimiento de la administración desde dentro, así como de los mercados desde fuera. En el sector privado, mencionó su labor en una agencia de calificación crediticia; mientras que en el ámbito público, remarcó sus dos décadas en el Ayuntamiento de Barcelona, las últimas diez como directora de financiación. Olóndriz, actualmente directora general de Financiación Autonómica, detalló su papel en la gestión y aplicación de los sistemas de financiación autonómica y local, y su implicación en las técnicas de endeudamiento y financiación del Estado. «Esta combinación de experiencias me da una perspectiva única que no se puede adquirir de otra manera», afirmó, destacando su idoneidad para el cargo. Olóndriz también enfrentó críticas por su presunta cercanía a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendiendo la imparcialidad de su papel técnico en medidas como la absolución de deuda autonómica. Aseguró que su secretaría general ha analizado «todas las opciones y escenarios» para informar a los líderes políticos. La AIReF solo es útil si es independiente. Es lo que garantiza que esta institución pueda decir lo que tenga que decir cuando lo tenga que decir, aunque pueda ser a veces incómodo En cuanto a sus…
Un tribunal de Los Ángeles ha dictaminado que Meta y Google deben pagar hasta 3 millones de dólares (2,6 millones de euros) como compensación por daños y perjuicios a una joven afectada por su adicción a las redes sociales de ambas empresas. Este veredicto ha sido pronunciado por el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito, que asignó 2,1 millones de dólares (1,8 millones de euros) a Meta, y 900.000 dólares (778.500 euros) a Alphabet, la compañía matriz de Google, según informó la agencia Bloomberg. La demandante, identificada como Kaley G. M., declaró que comenzó a interactuar con YouTube a la edad de seis años y con Instagram a los nueve. Alega que estas plataformas están relacionadas con su ansiedad, depresión y dismorfia corporal. Los abogados de Kaley afirmaron que el juicio subraya la responsabilidad de las empresas tecnológicas en la creación de productos que pueden resultar adictivos y perjudiciales para los jóvenes. Hoy, un jurado ha visto la verdad y ha responsabilizado a Meta y a Google por diseñar productos que generan adicción y perjudican a los niños Meta ha manifestado su desacuerdo con el fallo y está considerando opciones legales, mientras que José Castañeda, portavoz de Google, expresó que «este caso malinterpreta YouTube, que es una plataforma de streaming diseñada de forma responsable, no una red social». El debate sobre la responsabilidad de las compañías tecnológicas en el bienestar de los usuarios continúa, ya que un tribunal estatal de California abordará dos casos adicionales este año. Estas demandas, presentadas por jóvenes afectados y, en ocasiones, sus familiares, se basan en cargos de angustia psicológica, discapacidad física y, en casos extremos, la muerte por suicidio.
Recientes declaraciones de Mutua Propietarios han revelado inquietudes significativas entre la población española en torno a la seguridad en el hogar. Según un informe titulado ‘Seguridad en edificios y viviendas’, el 36% de los españoles teme sufrir un robo, mientras que el 37% está preocupado por la ocupación ilegal de sus viviendas. Con la llegada de la Semana Santa, un período asociado a ausencias prolongadas, el estudio destaca que el 5% de los españoles ha experimentado un robo o intento de robo en su vivienda en los últimos cinco años. Este porcentaje sube al 8% en viviendas de más de 180 metros cuadrados y al 7% en hogares unifamiliares. Asimismo, la inquietud por robos es marcada, alcanzando el 55% entre quienes viven en edificios de una sola planta. Igualmente preocupante, el informe señala que el 1% de la población ha sufrido la ocupación de su vivienda durante el mismo periodo, siendo más frecuente entre hogares con menores ingresos (3%) y en viviendas de menos de 60 metros cuadrados (2%). En ciudades medianas, el miedo a esta situación asciende al 40%. La seguridad residencial es esencial para garantizar el bienestar de las personas y, por tanto, la prevención, tanto en hábitos como en soluciones, juega un papel especialmente relevante Para mitigar estas preocupaciones, el 57% de los españoles asegura que las medidas de protección proporcionan tranquilidad. La puerta de seguridad es el recurso más común, presente en el 68% de las viviendas, mientras que métodos como las ventanas con cerradura (35%), videoporteros (33%) y cerraduras inteligentes (32%) también son populares. Sin embargo, las alarmas conectadas presentan una menor implantación, apareciendo solo en el 26% de los hogares. El informe de Mutua Propietarios indica que, en términos de puntuación, la seguridad de los edificios contra intrusiones recibe una media de 5,9, aunque…
El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha instado a los inquilinos a solicitar la prórroga de sus contratos de alquiler si estos vencen este año o el siguiente. Esta medida ha sido aprobada mediante un decreto ley que aún debe ser ratificado en el Congreso. Bustinduy declaró: «Esta batalla la vamos a ganar». Sin embargo, el PSOE ha mostrado reticencias, advirtiendo que no hay mayoría en el Congreso para aprobar dichas medidas. A pesar de estas reticencias, los ministros de Sumar presionaron el pasado viernes al Consejo de Ministros para que aprobara un decreto con medidas de vivienda, incluida la prohibición de desahucios para personas vulnerables y la prórroga de los contratos de alquiler. Aunque el decreto está en vigor desde su aprobación, debe ser refrendado por el Congreso en un plazo de 30 días, enfrentándose a una mayoría de diputados de PP, Vox y Junts en contra del mismo. El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha respaldado a Bustinduy, instando a los inquilinos a pedir por burofax la prórroga automática de sus contratos de alquiler si terminan entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Rufián afirma que, incluso si el decreto es derogado, «hay posibilidad de batallarlo judicialmente». Quiero animar a todos los inquilinos e inquilinas de este país, a los que les venza el contrato en el año 2026 y en el año 2027 a que soliciten la prórroga de sus contratos de alquiler Bustinduy ha reiterado su compromiso de negociar con Junts para superar sus «reticencias» y conseguir que apoyen el decreto. «Estoy convencido de que lo vamos a lograr», concluyó el ministro, mientras se prepara para afrontar una posible batalla legislativa en el Congreso.
El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha instado a los inquilinos a solicitar la prórroga de sus contratos de alquiler si estos vencen este año o el siguiente. Esta medida ha sido aprobada mediante un decreto ley que aún debe ser ratificado en el Congreso. Bustinduy declaró: «Esta batalla la vamos a ganar». Sin embargo, el PSOE ha mostrado reticencias, advirtiendo que no hay mayoría en el Congreso para aprobar dichas medidas. A pesar de estas reticencias, los ministros de Sumar presionaron el pasado viernes al Consejo de Ministros para que aprobara un decreto con medidas de vivienda, incluida la prohibición de desahucios para personas vulnerables y la prórroga de los contratos de alquiler. Aunque el decreto está en vigor desde su aprobación, debe ser refrendado por el Congreso en un plazo de 30 días, enfrentándose a una mayoría de diputados de PP, Vox y Junts en contra del mismo. El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha respaldado a Bustinduy, instando a los inquilinos a pedir por burofax la prórroga automática de sus contratos de alquiler si terminan entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Rufián afirma que, incluso si el decreto es derogado, «hay posibilidad de batallarlo judicialmente». Quiero animar a todos los inquilinos e inquilinas de este país, a los que les venza el contrato en el año 2026 y en el año 2027 a que soliciten la prórroga de sus contratos de alquiler Bustinduy ha reiterado su compromiso de negociar con Junts para superar sus «reticencias» y conseguir que apoyen el decreto. «Estoy convencido de que lo vamos a lograr», concluyó el ministro, mientras se prepara para afrontar una posible batalla legislativa en el Congreso.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha instado a la ciudadanía a ejercer una «presión social por tierra, mar y aire» dirigida al Congreso de los Diputados para asegurar la validación de la prórroga de los alquileres, una parte crucial de los decretos anticrisis destinados a mitigar el impacto de la guerra en Irán. En su intervención, Bustinduy subrayó la necesidad vital de esta acción: «Tenemos que presionar por tierra, mar y aire para que las derechas no puedan permitirse tumbar este decreto, del que depende la seguridad, la certidumbre y el bienestar de millones de familias en España». El ministro recordó que el real decreto ley que incluye prórrogas de dos años en los contratos de alquiler ya está en vigor, tras ser aprobado en el Consejo de Ministros recientemente y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Bustinduy alentó a todas las personas cuyo contrato expire antes de 2027 a solicitar la mencionada prórroga, subrayando la importancia de la presión social para que «ningún grupo parlamentario pueda votar a favor de los especuladores». Según sus datos, dos millones de personas están en riesgo de desalojo en España. Espero que la presión social y ciudadana sea tal que ningún grupo parlamentario pueda votar a favor de los especuladores y de quienes están echando a la gente de sus casas y en contra de la ciudadanía española A pesar de estar abierto al diálogo con grupos parlamentarios como Junts y el Partido Popular, Bustinduy advirtió que aquellos que voten en contra deberán enfrentarse a las repercusiones y dar las respectivas explicaciones: «Si las derechas piensan que esta es una problemática que no afecta a sus votantes, se está equivocando». En sus declaraciones, el ministro destacó que el debate político actual en España se centra…
Durante la inauguración del congreso Rebuild 2026, el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, anunció que España tiene la capacidad para desarrollar hasta 2,4 millones de viviendas. Este potencial se ve respaldado por los 1.069 sectores urbanísticos del país. Lucas explicó que estos sectores están ubicados en suelos urbanos que ya están completamente desarrollados y urbanizados, o que tienen el potencial para ser urbanizados en un corto o medio plazo. Llamó la atención sobre el hecho de que 490.000 viviendas están listas para comenzar su edificación inmediata. Además, se estima que hay cerca de 250.000 viviendas en terrenos con desarrollos urbanos ya en construcción. Según Lucas, España cuenta con todos los recursos necesarios para comenzar este proceso: suelo, planeamiento, capacidad y empresas. Sin embargo, subrayó que uno de los retos actuales es la coordinación eficaz entre las administraciones y una óptima utilización de los recursos disponibles. El objetivo es garantizar el derecho a la vivienda, tal y como establece la Constitución. El secretario afirmó con confianza: Desde este Ministerio y desde el Gobierno de España trasladamos nuestra mano tendida para colaborar, actuar, trabajar y conseguir los objetivos. Estoy convencido de que entre todos lo lograremos Lucas destacó las acciones emprendidas por su cartera para fomentar la construcción a precios asequibles. Entre estas medidas se encuentra la próxima aprobación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, el PERTE de la industrialización de la construcción, la línea ICO de préstamos a promotores, y el fondo soberano España Crece. Durante el evento también estuvieron presentes el secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, Iñaqui Carnicero; la directora general de Agenda Urbana y Arquitectura, Maite Verdú, y el director general de Vivienda y Suelo, Javier Martín, quienes respaldaron el compromiso del gobierno en este ambicioso plan de desarrollo urbano.
Irán ha emitido un contundente mensaje hacia Estados Unidos a través de un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los mandos destacados del ejército iraní. En este comunicado, realizado el miércoles, se han dejado claras las intenciones de la nación persa frente a las presiones internacionales. El portavoz destacó que Estados Unidos «no volverá a ver los precios de la energía y el petróleo anteriores», apuntando a una posible modificación en las dinámicas del mercado energético global. Estas declaraciones responden a rumores que circulan en medios influyentes como The New York Times y The Wall Street Journal sobre un posible plan de paz propuesto por Washington a Teherán. El representante militar subrayó: ni se llevarán a cabo vuestras inversiones en la región, ni volveréis a ver los precios anteriores de la energía y el petróleo En un tono desafiante, añadió que «nada volverá a ser como antes», a menos que la mentalidad de actuación agresiva contra Irán por parte de Washington cambie por completo. A estas declaraciones se añade el contexto tenso entre ambos países tras la reciente ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero. Este conflicto ha llevado a Washington a anunciar una pausa de cinco días en cualquier posible ataque militar contra infraestructuras iraníes, tras el ultimátum dado por el presidente Donald Trump a Teherán para la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz. En el ámbito diplomático, Irán ha aclarado que los «buques no hostiles», incluidos aquellos de otros estados, pueden transitar de manera segura por el estrecho de Ormuz, siempre que respeten las normas de seguridad y no participen en actos agresivos contra Irán. La misión iraní ante la ONU en Nueva York reiteró este mensaje, destacando la continuidad en la política de Teherán hacia el…