El Consejo de Ministros ha aprobado una adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con los fondos europeos ‘Next Generation EU’. Este esfuerzo busca revisar 160 medidas para agilizar su pleno despliegue antes de 2026, reduciendo los préstamos solicitados por España a 22.800 millones de euros, apenas un cuarto de los fondos asignados inicialmente.
Ajustes y simplificaciones en el Plan de Recuperación
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, explicó que, acercándose el fin del periodo de ejecución, la Comisión Europea solicitó a los Estados miembro simplificar y agilizar sus planes. En respuesta, España y otros 22 países han presentado revisiones y adendas al plan original.
A pesar de mantener la ambición del Plan, se han actualizado 160 medidas para reducir cargas administrativas. Por ejemplo, en vivienda, se transforman hitos relacionados con la ley del suelo hacia la creación de la empresa pública del suelo y la transformación del Sepes. Además, la ley de la Autoridad Defensa del Cliente Financiero se desvincula del plan, aunque continuará su tramitación en el Congreso.
Uno de los hitos que se mantiene, pese a la dificultad política, es la subida fiscal al diésel.
La Comisión Europea ha concedido un plazo adicional de seis meses a España para aprobar esta medida antes de finales de enero.
Inversiones y reducción de deuda
La adenda también impulsa prioridades estratégicas con nuevas inversiones, incluyendo 300 millones en supercomputación europea y 2.500 millones adicionales para descarbonización y transición energética. El Gobierno ha decidido reducir el endeudamiento total a 22.800 millones de euros, en torno al 25% de los 83.000 millones asignados originalmente.
Destaca también la inyección de 13.000 millones de euros en el Instituto de Crédito Oficial (ICO), lo que, según Cuerpo, «consolida la capacidad de ICO de responder a necesidades de financiación más allá de 2026».
El impacto del Plan de Recuperación en la economía española es innegable.
Las estimaciones apuntan a un impacto de 2,6 puntos porcentuales en el PIB anual, alcanzando potencialmente 3,5 puntos a finales de la década, según el ministro.
