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Resultados de búsqueda para: empresas – Página 2

El número de nuevas sociedades mercantiles se disparó un 9,1% en 2023 respecto al año anterior, hasta sumar un total de 108.091 empresas, su mayor cifra desde 2007, cuando se constituyeron más de 142.000 sociedades, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con el repunte registrado en 2023, la constitución de empresas vuelve a tasas postivas después de que en 2022 cayeran un 2,1%. En 2021, tras el fin de las restricciones asociadas a la pandemia, se incrementaron casi un 28%, mientras que en 2020, el año del Covid, la creación de empresas se hundió un 15,7%. Para la constitución de las 108.091 empresas creadas en 2023 se suscribieron más de 6.289 millones de euros, lo que supone un 21,2% más que en 2022, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 58.191 euros, avanzó un 11,1%. Al tiempo que bajó la creación de sociedades, en 2023 bajó la disolución de empresas, un 5,6% respecto a 2022, hasta un total de 24.764, en contraste con el máximo de más de 26.000 disoluciones alcanzado en 2022. Es la primera vez que baja la desaparición de empresas desde 2020, pues en 2022 y 2021 se registraron crecimientos de dos dígitos. De las 24.764 empresas que se disolvieron en 2023, el 82,2% lo hicieron voluntariamente, el 9,9% por fusión con otras sociedades y el 7,9% restante por otras causas. El 19,2% de las sociedades mercantiles que se crearon el pasado año se dedicaba al comercio y el 16,9% a actividades inmobiliarias, financieras y seguros. En cuanto a las sociedades disueltas por actividad económica principal, el 20,1% pertenecía al comercio y el 15,8% a la construcción. Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital aumentó un 1,3% el año pasado, hasta las 29.424…
“Por el buen funcionamiento de cualquier empresa privada, sus órganos de gobierno deberían estar liderados por expertos gestores y ejecutivos, y no por políticos” A principios de año, Telefónica acordó con los sindicatos las condiciones del recorte de plantilla (ERE) en un momento muy delicado para la compañía por el terremoto accionarial derivado de la rentrée del Estado español como inversor. Surgen muchas dudas sobre la decisión de adquirir el 10% de la compañía, especialmente por producirse tras la irrupción en su capital de un nuevo accionista como es el Gobierno de Arabia Saudí a través de STC (Saudi Telecom Company).  La gran pregunta a responder por el Estado como nuevo inversor sería: ¿Por qué adquiero el 10% de Telefónica?, así como, ¿de dónde voy a sacar la financiación, y cuál es mi coste de oportunidad? La respuesta oficial a la primera pregunta es la de trasfondo estratégico y protección del interés nacional, que en general no están convenciendo al sector, ni al mercado.  Asumiendo que este fuera el propósito, el impedimento clave estaría relacionado con la financiación. Una compra apalancada significaría aumentar nuestra deuda pública, y en cualquier caso implicaría una adquisición con dinero público con un impacto aproximado de 2.000 millones de euros (equivalente al IVA anual de los alimentos). Esta decisión es muy cuestionable en un país administrado por un Gobierno que alcanza una deuda histórica récord con un déficit crónico galopante.  Otra incógnita sería, ¿por qué, si es un activo estratégico de país, se ha dejado pasar tanto tiempo para volver a su accionariado? Cabe resaltar que la privatización de Telefónica finalizó en 1997 y hasta la entrada del fondo árabe no se había planteado en la hoja de ruta de ningún Gobierno.  En otros países de nuestro entorno, como Francia, Alemania o Italia, sus Gobiernos conservan un porcentaje…
El suministro eléctrico y de agua recortan sus ventas más que ningún otro sector La cifra de negocios de las empresas bajó un 2,7% el pasado mes de noviembre respecto al mismo mes de 2022, moderando en cuatro décimas el retroceso interanual experimentado el mes anterior, según el Índice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE) publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con el descenso de noviembre de 2023, mes en el que se celebró el 'Black Friday', las ventas de las empresas encadenan ocho meses consecutivos de bajadas interanuales después de haber estado 25 meses seguidos en positivo. Casi todos los sectores presentaron tasas interanuales negativas el pasado mes de noviembre, excepto los servicios, que elevaron sus ventas un 5,7% respecto al mismo mes de 2022. Entre los descensos, destaca el suministro de energía eléctrica y agua, que recortó sus ventas un 26,4%, seguido, de lejos, por el industria y el comercio, que redujeron su facturación un 2,2 y un 1,9% respecto a noviembre de 2022. Corregida de efectos estacionales y de calendario, la facturación de las empresas descendió también un 2,7% interanual el pasado mes de noviembre, moderando su caída en 2,1 puntos respecto a octubre (-4,8%). El mayor descenso interanual de la serie corregida fue también para el suministro de energía eléctrica y agua (-26,1%), seguido de la industria (-2,3%) y el comercio (-2,2%). Por contra, los servicios incrementaron su facturación interanual un 5,3%. En valores mensuales y dentro de la serie corregida, la facturación empresarial subió un 1,3% en noviembre de 2023 respecto al mes inmediamente anterior, registrando así su mayor alza mensual desde agosto de 2022. De los cuatro sectores analizados en esta estadística, sólo suministro de energía eléctrica y agua recortó sus ventas mensuales (-1,8%). En el otro extremo, con el…
“Las compañías deben percibir como propios los riesgos de incumplimiento de sus cadenas de aprovisionamiento”  “Sentimos mucho que el sector financiero haya quedado excluido temporalmente de la Directiva sobre la diligencia debida”  La sostenibilidad ya no es una tendencia empresarial, sino una obligación legal. El Consejo y el Parlamento Europeo avanzan en la aprobación de la Directiva sobre la diligencia debida, cuya trasposición e implementación por parte de los países miembros obligará a las empresas a vigilar el cumplimiento de los derechos humanos y medioambientales no solo a nivel interno, sino también en sus cadenas de aprovisionamiento. Analizamos las claves de esta nueva legislación con Álvaro Goicoechea, director de Fairtrade Ibérica.  ¿En qué se traducirá la implementación de la Directiva sobre la diligencia debida en las empresas?  Es un paso importante para que las empresas asuman como propios los riesgos en derechos humanos y medioambientales de las cadenas de aprovisionamiento con las que trabajan. Supone un reconocimiento y una toma de conciencia con el objetivo de mejorar y hacer más justo el comercio.  Esta directiva es un paso clave hacia una mayor justicia en las cadenas de suministro mundiales. A partir de ahora, existe una obligación para las empresas de establecer procesos en los que tratan de entender dónde y cómo algo podría salir mal, tomar medidas para contrarrestarlo y revisar si las medidas están funcionando.   España tiene dos años para trasponer esta nueva legislación europea a una ley nacional, y urgimos al nuevo Gobierno para que sea cuanto antes y tengamos una ley nacional de debida diligencia en los derechos humanos y medioambientales, como ya tienen otros países europeos.  ¿Por qué es tan importante?  Hasta ahora, la sostenibilidad tenía un carácter voluntarista dentro de un Marco de trabajo que venía marcado por conceptos como los ODS (Objetivos de Desarrollo…
Las disoluciones de empresas se reducen un 17,1% según los datos del INE El número de nuevas sociedades mercantiles aumentó un 6,4% el pasado mes de noviembre respecto al mismo mes de 2022, hasta sumar un total de 9.272 empresas, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con el repunte de noviembre, la creación de empresas encadena dos meses consecutivos de ascensos interanuales, aunque el de noviembre se ha moderado casi diez puntos respecto al registrado en octubre. Para la constitución de las 9.272 empresas creadas el pasado mes de noviembre se suscribieron algo más de 571,8 millones de euros, un 32,6% menos que en igual mes de 2022, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 61.674 euros, disminuyó un 36,6% interanual. Al tiempo que aumentó la creación de sociedades, se redujo la disolución de empresas en noviembre, con un descenso del 17,1% respecto al mismo mes de 2022, hasta un total de 2.201. De este modo, cada día del mes de noviembre 73 empresas cerraron sus puertas en España. De las 2.201 empresas que echaron el cierre el pasado mes de noviembre, el 82,8% lo hicieron voluntariamente, el 8,3% por fusión con otras sociedades y el 8,8% restante por otras causas. El 20,1% de la sociedades mercantiles creadas en el penúltimo mes del año 2023 se dedicaba al comercio y el 17,4% a actividades inmobiliarias, financieras y seguros. En cuanto a las sociedades disueltas por actividad económica principal, los mayores porcentajes se dan en el comercio (20,5%) y en la construcción (16,8%). Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital se redujo un 5,1% el pasado mes de noviembre, hasta las 2.287 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones superó los 2.473 millones de euros, cifra que…
El fundador de Inditex, Amancio Ortega, exprime su papel como casero de grandes empresas alrededor del mundo La actividad de Amancio Ortega al margen de Inditex ilustra cómo entienden la inversión los españoles. Pontegadea, el brazo inversor del fundador de Inditex, acumula una cartera de activos que no solo incluye al sector inmobiliario, si bien es cierto que este representa la parte más importante. De ese modo, Ortega es el casero de numerosas compañías, sobre todo en una última fase en la que ha reorientado su actividad hacia otro tipo de activos. En un primer momento, los edificios de oficinas centraron su atención, mientras que en los últimos tiempos crece la importancia de los activos logísticos. La estrategia no es muy diferente de la que puede tener un inversor minorista que obtiene cierta liquidez y quiere utilizarla para conseguir cierto rendimiento: adquirir activos inmobiliarios para ponerlos en alquiler. En el caso de Pontegadea, que de hecho es la mayor inmobiliaria española, opta por activos ya ocupados, como es el caso de las oficinas y los centros logísticos. Además, se da la situación de que los activos adquiridos por Ortega lo convierten en casero de grandes empresas conocidas. El último ejemplo es el de una nave logística de Primark, que Pontegadea adquirió la semana pasada por 100 millones de euros. En concreto, se trata de una nave logística en Países Bajos que pertenecía a Blackstone. Es un centro de distribución de 87.000 metros cuadrados gestionados con el operador de transportes DSV, si bien es cierto que trabaja en exclusiva con la cadena irlandesa Primark. Ya en junio del año pasado, Ortega ejecutó la compra de otro activo logístico en Países Bajos por 105 millones de euros. Dicho centro logístico también está alquilado a DVS, en ese caso hasta 2033. Solo en…
Tanto Trabajo como CCOO y UGT estaban dispuestos a firmar una subida del SMI del 4% si las organizaciones empresariales se sumaban al pacto El Ministerio de Trabajo ha acordado este viernes con CCOO y UGT subir el salario mínimo inteprofesional (SMI) para 2024 un 5%, desde los 1.080 euros mensuales por catorce pagas hasta los 1.134 euros. Esta subida se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024. Así lo ha anunciado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, al término de la reunión que ha celebrado a primera hora de esta mañana con los agentes sociales para comunicarles la decisión del Gobierno sobre el SMI tras las conversaciones mantenidas con ellos desde el mes de diciembre. Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme no se han sumado al acuerdo alegando que no se han atendido sus demandas de indexar el SMI a los contratos públicos y de establecer bonificaciones para el sector del campo. Tanto Trabajo como CCOO y UGT estaban dispuestos a firmar una subida del 4% si las organizaciones empresariales se sumaban a un pacto tripartito. En caso de no hacerlo, el Ministerio y los sindicatos aseguraron que la subida iba a ser "más ambiciosa" que ese 4% inicial. De hecho, los sindicatos estaban pidiendo elevar el SMI de 2024 un 5%, 54 euros por encima de los 1.080 euros de 2023. Esa ha sido finalmente la subida acordada. A principios del año pasado, el Gobierno acordó, sólo con los sindicatos, una subida del SMI del 8% para 2023. Su compromiso para esta legislatura es fijar, por ley, que esta renta mínima siempre debe ser equivalente al 60% del salario medio. La CEOE tampoco se sumó a las subidas del SMI de 2022 y 2021 acordadas por el Gobierno de Pedro Sánchez…
Avanzar hacia una mayor seguridad jurídica y fiscal es uno de los nueve propósitos que plantea KPMG de cara a 2024 para las empresas Tras la formación de Gobierno, se espera que "la actividad regulatoria, sobre todo en materia laboral, se reactive y sea prolífica", por lo que las compañías "deben invertir en fortalecer sus equipos legales y fiscales para ayudar a asumir la regulación que está por llegar". Algunos de los asuntos que marcarán la agenda fiscal en los próximos meses serán la reforma de la gobernanza económica de la UE o la Ley Crea y Crece. Además, la semana pasada el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba la prórroga un año más de los impuestos a la banca y la compañías energéticas, así como la intención de hacerlos permanentes. Afrontar con resiliencia la incertidumbre económica y geopolítica es otro de los propósitos para este año, pues, tal y como explica la firma, la economía afronta un periodo incierto, con países como Alemania o Reino Unido al borde de la recesión, por lo que las organizaciones deberán mantener "una actitud ágil y proactiva ante posibles envites del entorno". No obstante, la economía española ha tenido "un comportamiento mejor al esperado en 2023", si bien los principales organismos apuntan a una ralentización del crecimiento en 2024, en sintonía con la evolución de la economía global. Desde KPMG adelantan que habrá que "estar atentos a la evolución de la inflación", pues mientras el FMI y la OCDE esperan un repunte, el Banco de España prevé que se mantenga en niveles similares a los actuales. Otro de los propósitos para las compañías españolas este año será avanzar hacia un tejido empresarial competitivo y en crecimiento con el desafío adicional del aumento del tamaño medio de las pymes. Así, el socio responsable de…
“El miedo a contratar a personas con discapacidad es mayor que los incentivos gubernamentales para su contratación”  Las personas con discapacidad aún se enfrentan a numerosas barreras que abarcan mucho más de lo que afecta a sus capacidades. Una de ellas es la del empleo. En 2022, tan solo un 1,57% de las personas afiliadas a la Seguridad Social en España pertenecían a este colectivo, un porcentaje que solo creció un 0,05% en todo el año.   Capital charla con Cristian Rovira, presidente de la Fundación Grupo Sifu, una entidad sin ánimo de lucro con más de 10 años de trayectoria que tiene como objetivo promover y fomentar la integración social e inserción laboral de las personas con discapacidad.   ¿En qué punto se encuentra España en cuanto a la empleabilidad de las personas con discapacidad?  Nos encontramos con una cifra que no es buena. Solo una de cada cuatro personas con discapacidad son personas activas, lo que equivale a una tasa de actividad muy baja. El desempleo de las personas con discapacidad siempre duplica al de las personas sin discapacidad. A medida que va mejorando la tasa de empleo, también mejora la de las personas con discapacidad, pero acostumbran a ser las últimas en entrar en el puesto de trabajo en las diferentes crisis que ha habido y las primeras en salir.   ¿Y en comparación con el resto de Europa?  Europa va a diferentes velocidades. En la Europa de los 15, España estaba por debajo de la media y, ahora, con las nuevas incorporaciones que ha habido (que son países menos desarrollados), nos hemos puesto a la media de la UE. Pero no nos hemos puesto tanto por cosas buenas que hayamos hecho, sino porque la incorporación de otros países que tenían tasas mucho peores que las nuestras ha provocado que…
La SEPI participa en nombre del Estado en 14 empresas como principal propietaria y en otras 10 como accionista minoritaria 2.000 millones de euros es el coste estimado que tendrá la compra de hasta un 10% de las acciones de Telefónica. El Consejo de Ministros aprobó este martes la operación y la justifica como "un refuerzo para su estabilidad accionarial y, en consecuencia, para preservar las capacidades estratégicas y de esencial importancia para los intereses nacionales". Además, toma ejemplos de países del entorno, como Alemania, Francia o Italia, que ostentan importantes participaciones de las compañías de telecomunicaciones más importantes de cada país. La información publicada en prensa ya apuntaba en esa dirección, en parte, como respuesta a la entrada de capital extranjero procedente de Arabia Saudí. De hecho, la propia SEPI informó a la CNMV de que "exploraba" la posibilidad de hacer una incursión en la propiedad de la compañía de telecomunicaciones. El Gobierno, preocupado por la irrupción saudí, sondeó a otros importantes empresarios de cara a ejecutar una eventual compra que sirviera para elevar la españolidad del accionariado de Telefónica. El fracaso en ese intento ha conducido a utilizar la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para llevar a cabo la operación. En el parqué, los inversores han respondido con optimismo, de tal modo que a primera hora la acción de Telefónica se revalorizaba con fuerza, si bien es cierto que a media sesión ese ascenso se ha moderado al 4%. Cabe recordar que SEPI es una reminiscencia de la administración franquista. En la época del régimen, se hizo necesaria la creación de diversas empresas que proporcionaran servicios a la población a través del Instituto Nacional de Industria, cuyas funciones las asumió en 1995 la SEPI. Estas empresas tenían carácter público pero, dada la liberalización de la economía española,…