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AN desestima la imputación de Francisco González por supuesto uso de recursos de BBVA para obtener información

Señala que, aunque ese uso quedara acreditado, tendría "una repercusión nimia" en el patrimonio de la entidad financiera La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso presentado por el expresidente de BBVA Francisco González contra su imputación por, supuestamente, haber usado recursos del banco para obtener información de una finca que estaba interesado en comprar a título privado, librándole así de un presunto delito de administración desleal, aunque continúa investigado por cohecho y revelación de secretos en el llamado 'caso Villarejo'. En un auto del 22 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados dejan sin efecto la imputación de González por administración desleal que acordó el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón, en una resolución del 20 de julio que confirmó meses después, el 22 de septiembre, al rechazar el recurso de reforma del banquero, que finalmente ha visto colmadas sus aspiraciones en apelación. Tanto el juez como la Fiscalía Anticorrupción apreciaron una posible administración desleal en el hecho de que González encargara a su entonces jefe de Gabinete y actual auditor jefe de BBVA, Joaquín Gortari, que recabara información registral de una finca en El Escorial que estaba interesado en adquirir. González alegó que en todo caso se trataría de "una actuación a todas luces esencial para salvaguardar el buen nombre, la reputación y el prestigio de una entidad financiera de primer nivel como es BBVA", ya que si hubiera surgido cualquier tipo de problema en la operación de compraventa --por ejemplo, que el vendedor estuviera implicado en algún delito o que la hubiera comprado con dinero blanqueado-- habría impactado de lleno en la reputación del banco trascendiendo la "esfera privada" de González. La Sala resuelve que no es posible imputar al banquero dicho delito porque…
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado la imputación del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y de tres de sus directivos, Francisco Martínez Córcoles, Fernando Becker y Rafael Orbegozo, por delito continuado de cohecho activo, delito contra la intimidad y falsedad en documento mercantil, por los encargos presuntamente ilícitos encomendados al comisario José Manuel Villarejo. En su auto el magistrado acepta así la petición efectuada por la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la pieza 17 de 'Tándem' y explica que en este momento de la investigación y con las diligencias que ya se han practicado resulta pertinente, vistos los indicios expuestos, citar como investigados a Sánchez Galán y a los otros tres directivos al entender que existen indiciariamente elementos de juicio suficiente como para poder conectarles con los hechos que se investigan en esta pieza. La consejera delegada de Iberdrola España ha asegurado que las energías renovables son "una oportunidad" para avanzar en la generación de tecnología y de empleo "si se hacen las cosas bien", aunque ha apuntado que cualquier programa de descarbonización debe incluir a todos los sectores. En este sentido, ha identificado seis retos de la transición energética, destacando el de llevar a cabo una reforma fiscal ambiental que equipare la fiscalidad de cada sector energético y garantice un terreno de juego equivalente para los distintos sectores energéticos, ya que la electricidad soporta más impuestos que el gas o la gasolina. "Creo que si se pretende incentivar el uso de la electricidad verde es absolutamente necesario abordar una reforma fiscal que equipare la fiscalidad en cada sector energético", ha afirmado la directiva En cuanto a propuestas concretas para esta reforma de la fiscalidad, Santamaría ha abogado por una combinación de medidas y no ha querido profundizar en la propuesta de bajar el…
La Audiencia Nacional ha tumbado una multa a Repsol en 2015 por considerar que en sus relaciones con sus estaciones de servicio abanderadas cometió infracciones en materia de formación de precios o aplicación de descuentos En una sentencia dictada el pasado mes de marzo, la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso interpuesto por Repsol contra la resolución de la CNMC. En su fallo, el tribunal anula la resolución de la CNMC por la que se imponía la multa a la energética "por no ser ajustada a Derecho" y, además, condena en costas a la Administración. De esta manera, la petrolera consigue un fallo a favor en una de las diversas 'batallas' judiciales que mantiene abiertas con el 'superregulador'. Esta sentencia es susceptible de recurso de casación ante la propia Audiencia Nacional. No obstante, fuentes jurídicas indicaron que la opción del recurso tendría poco recorrido. De hecho, en 2017, la propia Audiencia Nacional ya había admitido un recurso del grupo presidido por Antonio Brufau y anulaba esta multa de la CNMC al considerar que existía un defecto de forma. Esta sanción de 22,59 millones de euros fue impuesta en julio de 2015 por la CNMC a Repsol. El organismo sancionaba además a tres empresas de estaciones de servicio abanderadas de la petrolera: Lence Torres y Complejo San Cristóbal, Estación de Servicio Lorquí y Cerro de la Cabaña. La resolución culminaba un expediente incoado en el año 2013, que se abrió en el marco de las actuaciones dirigidas contra los principales operadores petrolíferos de país. Tres consejeros de la CNMC, incluido su entonces presidente, José María Marín Quemada, aprobaron la resolución, que contó con los votos en contra de los otros dos consejeros de la Sala.
La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación contra el magnate ruso Mikhail Fridman sobre una supuesta manipulación de precios para devaluar las acciones de Dia y poder comprar la empresa a un precio más bajo, algo que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, ha descartado, indicando que la bajada continuada del precio de las acciones se debió a "la evolución del negocio" debido a "una mala gestión" o a "la inadecuada política comercial y de inversiones". Calama, en un auto del pasado 15 de diciembre al que ha tenido acceso Europa Press, ha estimado que "no ha quedado acreditado que los hechos investigados sean constitutivos de infracción penal", ordenando en consecuencia el sobreseimiento provisional de las actuaciones, "sin perjuicio de reaperturar las mismas si la averiguación de nuevos elementos o indicios así lo aconsejan". El juez instructor investigaba a Fridman, dueño de Letter One -que es la máxima accionista de Dia-, por un presunto delito de abuso de mercado y manipulación de precios a raíz de una denuncia anónima presentada contra el magnate ruso y contra la empresa en la que se aseguraba que mantuvieron una "elevada tensión financiera con el objeto de lograr la baja cotización de las acciones, hasta lograr la compra de la compañía". Para Calama, que ha hecho "enteramente" suyas las posiciones del Ministerio Fiscal y de los técnicos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), "todo apunta a que la continua bajada del valor de las acciones fue debida a la evolución del negocio, consecuencia de una mala gestión o de la inadecuada política comercial y de inversiones" de Dia. Los sucesivos informes de los técnicos de la CNMV, que ratificaron en sede judicial, indican que las posiciones en corto que determinaron el desplome de las…