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Bruselas quiere que puedas seguir llamando sin cargos de itinerancia en Europa

La Comisión Europea ha pedido este miércoles prorrogar diez años las reglas comunes que permiten a los europeos hacer llamadas y navegar en Internet desde cualquier punto de la Unión Europea sin cargos adicionales de itinerancia, una exención desde junio de 2017 pero que está previsto que expire el próximo año. Bajo el principio de utilizar la telefonía móvil "como en casa", la Unión Europea suprimió el coste adicional por llamar, enviar SMS o conectarse a Internet en itinerancia –más conocido como roaming– siempre que el usuario cumpla las condiciones de un "uso razonable" de esta ventaja, por ejemplo que el uso sea mayor en el país del contrato con el operador que en el exterior. Un éxito probado La normativa se puso en marcha durante un periodo inicial de prueba de cinco años, pero Bruselas considera probado que su funcionamiento ha sido un éxito y que los operadores tienen herramientas suficientes para detectar posibles abusos y que se han evitado efectos negativos en los mercados nacionales. El Ejecutivo comunitario, además, ha aprovechado esta propuesta para plantear otras mejoras al sistema libre de roaming tales como el derecho del usuario a tener la misma calidad y velocidad de conexión móvil en el lugar del viaje que el que dispone en casa, siempre que haya redes "equivalentes" disponibles. Según los datos ofrecidos por la Comisión, el 33% de los usuarios aseguran haber sufrido conexiones de peor calidad y más lentas a Internet cuando han estado de viaje que los niveles contratados en su país y un 28% se queja de que ha visto cómo le rebajaban la calidad de las redes disponibles, por ejemplo de 4G a 3G. Por ello, la propuesta comunitaria apunta que las compañías del país visitado deban permitir el acceso a toda su red de tecnologías y…
La Comisión Europea ha dado luz verde este lunes la última reforma del marco legal sobre ayudas de Estado adoptado por el Gobierno español para dar ayudas directas a empresas y autónomos al entender que se trata de una medida "necesaria, adecuada y proporcionada" para evitar problemas "graves" en la economía. En particular, el Ejecutivo comunitario ha concluido que la modificación del marco legal que España puso en marcha para poder dar ayudas públicas al tejido empresarial está "en línea" con el Marco Temporal de Ayudas de Estado aprobado a nivel comunitario tras el estallido de la pandemia de coronavirus. El régimen de ayudas públicas de España fue aprobado por primera vez en abril de 2020 y después ha sido modificado en tres ocasiones. En esta última revisión, el Gobierno adecuó el esquema nacional a la última actualización del marco europeo, adoptada a finales de enero. En esta actualización, Bruselas amplió hasta el 31 de diciembre de este año la vigencia del régimen temporal de ayudas de Estado, aumentó el montante de ayudas que los países pueden dar a cada empresa hasta los 1,8 millones de euros e incluyó la posibilidad de convertir préstamos, avales y otros instrumentos en subvenciones directas. Así, una vez fue adoptado el marco comunitario, el Ministerio de Asuntos Económicos notificó a la Comisión Europea la extensión del marco nacional aplicable a todas las ayudas que pueden conceder las distintas administraciones. En concreto, una enmienda que permite la concesión de ayudas limitadas a través de intermediarios y una medida nuca para cubrir costes fijos de empresas afectadas por la pandemia. Bruselas ha destacado que estas ayudas tomarán la forma de subvenciones directas, ventajas fiscales, anticipos reembolsables, garantías, préstamos o compra de acciones y será accesible para compañías de todos los sectores excepto el financiero. El objetivo…
El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles las reglas del programa más importante del fondo europeo de recuperación, que establecen las condiciones y el procedimiento para acceder a los 672.500 millones de euros que distribuirá a los Estados miembros entre transferencias y préstamos. El reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RFF) ha salido adelante con 582 votos a favor, 40 en contra y 69 abstenciones. Ahora debe ser aprobado formalmente por el Consejo de la UE (que representa a los países) y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea a mediados de febrero. Una vez completado este proceso, los gobiernos podrán enviar a la Comisión Europea sus planes con las reformas e inversiones que financiarán estas ayudas. A España le corresponden unos 70.000 millones en transferencias no reembolsables y un montante en créditos de hasta el 6,8% del PIB de 2019. Bruselas ya lleva trabajando varios meses con las capitales para diseñar estas estrategias, aunque el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, explicó en un debate este martes que todavía que da "mucho trabajo por delante". El letón informó de que incluso los 18 países que tiene unos borradores "más avanzados" tienen que seguir trabajando en los detalles. Estos planes deben contener un "equilibrio adecuado" entre reformas e inversiones, señaló Dombrovskis ante los eurodiputados. El RRF, en concreto, financiará medidas puestas en marcha desde febrero de 2020 y hasta agosto de 2026. El 70% de los fondos serán desembolsados entre este año y 2021. Finalmente serán seis los pilares en los que estará centrado el RRF y los más importantes apoyar las transiciones ecológica y digital. Las estrategias nacionales tendrán que reservar un 37% y un 20% de las ayudas a estos dos objetivos, respectivamente. Además, deberán impulsar el crecimiento económico, apoyar la cohesión…
La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado este martes que el Ejecutivo remitió ayer, lunes, las dos 'fichas' relativas a la reforma laboral y de las pensiones públicas en el marco del Plan de Reformas e Inversiones, sin incluir finalmente la elevación a 35 años del cómputo de la vida laboral para calcular las pensiones. Así lo ha señalado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha detallado que los dos últimos componentes del Plan de Reformas e Inversiones se elaboraron y remitieron a Bruselas "en la tarde de ayer" y se han abordado en una reunión con los agentes sociales, al tiempo que ha recordado que se encuadran también en la "hoja de ruta" desplegada por el Gobierno de coalición desde el acuerdo de investidura. Montero ha explicado que la elaboración de los "dos últimos componentes" del Plan de Recuperación -reforma laboral y pensiones- y del resto ha conllevado un trabajo "muy intenso" por parte de todos los departamentos del Ejecutivo, que envió antes de final de 2020 la "gran parte" de reformas e inversiones, sobre las que prioritariamente proyectará los 72.000 millones de transferencias que recibirá España de fondos europeos hasta 2023 y los 60.000 millones del Plan de Recuperación. La ministra ha confirmado que el último borrador enviado a Bruselas sobre la reforma de las pensiones "no lleva ningún tipo de alteración respecto a lo que actualmente existe" sobre el cómputo de las pensiones, por lo que finalmente el Ejecutivo ha decidido no incluir la propuesta de ampliar a 35 años el cómputo de la vida laboral para calcular las pensiones. En todo caso, ha indicado que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, está dando "muestra" en el diálogo social de que el…
El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este martes las nuevas reglas negociadas con los Veintisiete para ampliar las posibilidades de defensa colectiva de los europeos al crear un modelo armonizado de representación en todos los Estados miembro para reforzar la protección del consumidor frente a fraudes masivos u otros problemas como las acciones legales abusivas. Las nuevas normas se publicarán ahora en el Diario Oficial de la Unión Europea momento a partir del cual entrarán en vigor, aunque los Estados miembro tendrán un plazo de 24 meses para transponerla a sus legislaciones nacionales y de otros seis meses para aplicarla. De este modo, las reglas solo afectarán a las demandas interpuestas a partir de la fecha de la aplicación de la norma. Estas reglas obligan a los Estados miembros a establecer un sistema de acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores frente a las infracciones del Derecho de la Unión y abarca acciones tanto de cesación como de reparación. Con el modelo europeo de acción colectiva, sólo las entidades habilitadas (como las organizaciones de consumidores), y no los bufetes de abogados, podrán representar a grupos de consumidores y presentar demandas ante los tribunales en áreas como los servicios financieros, los viajes y el turismo, la energía, la salud, las telecomunicaciones y la protección de datos. Estas organizaciones tendrán que cumplir los criterios comunes para poder interponer acciones transfronterizas, por ejemplo demostrar estabilidad, que llevan a cabo una actividad pública y que carecen de ánimo de lucro. En el caso de las acciones nacionales, las entidades tendrán que cumplir los criterios establecidos en la legislación nacional, según ha precisado la Eurocámara en un comunicado. La normativa también introduce medidas de protección contra las acciones legales abusivas mediante el principio de 'quien pierde, paga', por…
La Comisión Europea ha acusado este martes a Amazon de haber utilizado en su propio beneficio información confidencial de empresas que utilizan esta plataforma de ventas, es decir, habrían violado las reglas comunitarias de competencia. Unas sospechas que Bruselas ha trasladado a la firma de Jeff Bezos después iniciar una investigación en juilo de 2019. “Debemos asegurar que el doble papel de las plataformas con poder de mercado, como Amazon, no distorsionan la competencia”, ha comenzado diciendo la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario y responsable de Competencia, Margrethe Vestager. Esta también ha destacado que “la información sobre las actividades de terceros vendedores no debe utilizarse en beneficio de Amazon cuando ésta actúa como competidor de estos vendedores. Las condiciones de la competencia en la plataforma de Amazon deben ser justas”. Por eso tras la investigación realizada, desde Bruselas se ha llegado a la conclusión de que “Amazon ha abusado ilegalmente de su posición dominante como proveedor de servicios de mercado en Alemania y en Francia por haber usado datos confidenciales a gran escala para competir con los minoristas más pequeños”. “Ahora es el turno de que Amazon responda”, ha insistido Vestager. Y es que la situación no es menor. La compañía tiene acceso a los datos comerciales privados de sus vendedores, así como a su volumen de ventas y envíos e incluso a las reclamaciones que reciben de los clientes. Todo un alud de datos muy codiciados con los que Amazon se habría beneficiado. Por otro lado, Bruselas ha abierto un nuevo expediente contra Amazon por un posible “trato preferente” hacia sus propias ofertas minoristas y la de aquellos proveedores que utilizan sus servicios de reparto y logística.
El ministro de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha criticado este jueves las previsiones lanzadas por Bruselas que apuntan a un mayor desplome del PIB de España para este año hasta el 12,4%. Unas cifras que para el líder ministerial “se han quedado desfasadas” al no recoger los datos de la EPA y del PIB del tercer trimestre. Así lo ha señalado durante su intervención en los Desayunos Informativos que organiza Europa Press en los que ha destacado que los organismos internacionales suelen equivocarse más en sus previsiones que las empresas privadas, aunque sí ha reconocido que son útiles “como punto de comparación con otros países”, no a nivel individual. Escrivá ha puesto de ejemplo las cifras barajadas por el Banco de España sobre el comportamiento del sector laboral en este tercer trimestre, los cuales quedaron por debajo de lo que destacó la EPA. Por eso ha señalado que hay que “aprender” de las estimaciones falladas. De hecho, se ha mostrado “sorprendido” ante la importancia que se está dando actualmente a las previsiones económicas en medio de un contexto cargado de incertidumbres por el coronavirus. “Me sorprende mucho el enorme énfasis que se pone ahora en las previsiones económicas. Hacerlas es muy difícil pero, en esta situación, son relativamente poco útiles", ha defendido el ministro. Para el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la clave es observar y analizar la información en tiempo real y no adelantarse a cifras hipotéticas que en este periodo de volatilidad en los números puede generar aún más revuelo a la situación.
La Comisión Europea ha empeorado este jueves las perspectivas para la economía española este 2020. Tras su última revisión, España sufrirá un desplome del PIB del 12,4% en vez del 10,9% que apuntó hace unos meses. Esto sitúa al país en como el más perjudicado de la Unión Europea. De hecho, España será el único país del bloque comunitario con una reducción de su economía mayor del 10%. Le sigue Italia, con una caída del PIB del 9,9%; Croacia, con un descenso del 9,6%; Francia, -9,4%; Portugal, -9,3%; o Grecia, -9%. No obstante, la Comisión Europea apunta que la economía española experimentará diferentes rebrotes en los dos años siguientes y crecerá un 5,4% en 2021 y un 4,8% en 2022. Una vez finalice ese periodo el PIB continuará siendo un 3% inferior a su nivel previo a la crisis. En cuanto al déficit público hay que destacar que se incrementará al 12,2% para luego ajustarse hasta el 9,6% y el 8,6% en los años posteriores. La deuda cerrará este 2020 en el 120,3% y crecerá en 2021 hasta el 122% y en 2020 hasta el 123,9%. Si hay que hablar de paro los datos que baraja Bruselas es que finalizará este año con una tasa del 16,7% y creerá a lo largo de 2021 hasta el 17,9%. En 2022 será cuando comience a descender hasta situarse, según las previsiones de la Unión Europea, en el 17,3%.