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La UE acuerda reducir su consumo final de energía en un 11,7% para 2030

Todos los Estados miembro contribuirán a alcanzar el objetivo global de la UE mediante trayectorias nacionales indicativas que serán establecidas por las capitales en sus planes nacionales integrados de energía y clima El Consejo y el Parlamento Europeo han acordado este viernes que los Estados miembro de la Unión Europea (UE) reduzcan su consumo final de energía en un 11,7% para 2030, en comparación con las previsiones de consumo de energía para 2030 realizadas en 2020. El acuerdo a nivel de negociadores necesita aún el visto bueno formal de los Veintisiete y del Parlamento Europeo antes de su adopción y entrada en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Este nuevo umbral de consumo de energía final, que representa la energía consumida por los usuarios, será vinculante para los Estados miembro de forma colectiva, mientras que el objetivo de consumo de energía primaria, que incluye también la utilizada para la producción y el suministro de energía, será indicativo. Los equipos negociadores han acordado que todos los Estados miembro contribuirán a alcanzar el objetivo global de la Unión Europea mediante trayectorias nacionales indicativas que serán establecidas por las capitales en sus planes nacionales integrados de energía y clima y que deberán actualizarse en 2023 y 2024. La fórmula para calcular las contribuciones nacionales al objetivo será indicativa, con la posibilidad de desviarse de ella en un 2,5%, mientras que corresponderá a la Comisión calcular si todas las contribuciones suman el objetivo del 11,7%. En caso contrario, Bruselas emitirá correcciones a las contribuciones nacionales que sean inferiores a lo que habrían sido si se hubiera utilizado la fórmula en virtud del llamado "mecanismo para colmar lagunas". La fórmula se basa, entre otros indicadores, en la intensidad energética, el PIB per cápita, el desarrollo de las energías renovables…
“Hay que ampliar el foco, y tener en cuenta que la realidad del país no es la que se vive en los grandes núcleos urbanos”  El sector transporte representa en España el 25% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, y casi el 40% de las emisiones de los sectores difusos. Esto debería ser suficiente para que la prioridad fuese tomar medidas urgentes para generar un cambio radical en la sostenibilidad de la movilidad nacional, y europea. Sin embargo, lo que se ha evidenciado durante el 2022 es que los Estados Miembros de la Unión Europea se han centrado en tomar distintas medidas principalmente económicas y cortoplacistas para paliar los efectos de la inflación en lugar de implementar los marcos de actuación indispensables propuestos por la Comisión Europea para conseguir un sistema de transporte más justo, eficiente y ecológico.   Miremos por ejemplo a Alemania, que estableció un abono de transporte ilimitado por 9 euros al mes. Durante el verano en el que estuvo la medida vigente, se emitieron 52 millones de suscripciones que ahorraron 1.8 millones de toneladas de CO2. Pero gran parte de ese ahorro vino de viajes de ocio puntuales, y no se observó un gran impacto en el tráfico por carretera ni en el cambio modal. A eso hay que sumarle las quejas de la ciudadanía por la falta de trenes y el caos que generó la medida en el sistema de transportes, contraproducente cuando lo que se busca es un cambio de actitud respecto al uso del transporte público. Todo esto demuestra que, aunque beneficiosa en términos monetarios (el Instituto de Investigación Económica de Colonia estima una reducción de la inflación del 2%), la medida no es suficiente para generar un cambio de comportamiento que suponga la reducción paulatina de las emisiones de CO2. …