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Estado eficiente (II) 

“Un poder judicial independiente y con calidad profesional es pilar del desarrollo. Lo contrario es desorden, imposición y subdesarrollo”  En mi anterior colaboración, partiendo de la inviabilidad de una reforma constitucional a medio plazo y supuesta una mayoría absoluta de distinto signo en la próxima legislatura, proponía reformas en la Administración pública en pro de la eficiencia del poder ejecutivo. En esta aportación me propongo sugerir, supuestas las mismas circunstancias, modificaciones en los poderes legislativo y judicial.  Por lo que se refiere al poder legislativo, se trataría de activar el debate y la transparencia como exigencias básicas de sus funciones legislativa y de control, lo que conllevaría una profunda reforma de los reglamentos del Congreso y del Senado, equiparando tiempos de intervención, estableciendo un régimen ágil de replicas y dúplicas y consagrando la obligación de responder con concreción y veracidad las preguntas formuladas al Gobierno.  Así, el parlamentario insatisfecho por la respuesta o por el silencio recurriría a la Mesa de Congreso, y, de quedar insatisfecho, acudiría al Consejo de la Transparencia, quien requeriría una respuesta concreta y veraz. De frustrarse nuevamente, este Consejo lo denunciaría a la Fiscalía por obstrucción a la acción parlamentaria, delito de nueva creación que conllevaría la pena de inhabilitación para cargos público de la autoridad rebelde.  Otras leyes de relevancia institucional merecerían inmediata revisión, tales como la ley de partidos políticos y de organizaciones sindicales y empresariales, que refuerce su funcionamiento democrático y el acatamiento al orden constitucional, derogándose la norma de sobrerrepresentación a favor de UGT y CCOO o como la ley de estado de alarma, excepción y sitio. Y, desde luego, la ley de subvenciones, para cerrar un grifo incontenible e incontrolado, junto con otras de similar trascendencia.   El poder judicial tiene la exclusiva función de juzgar y ejecutar lo juzgado según…