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ERE

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia declara nulo el ERE de Alcoa

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha decretado nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Alcoa al apreciar "mala fe" en las negociaciones por parte de la empresa. De este modo, el TSXG tumba el despido colectivo de más de 500 trabajadores de la planta de aluminio de Alcoa San Cibrao, en el municipio de Cervo (Lugo). Una decisión que Alcoa estudiará, ya que, advierten desde la multinacional estadounidense del aluminio a Europa Press, "los importantes problemas estructurales y permanentes continúan" y y avanza que "la necesidad de reestructurarla persiste". Asimismo, la empresa reitera que cree haber actuado "de buena fe y en pleno cumplimiento de la ley" con el expediente de regulación que los magistrados han echado abajo, precisamente, por "mala fe". "Estamos revisando el fallo del tribunal para determinar los próximos pasos", insiste Alcoa. Previamente, los magistrados ya habían impuesto medidas cautelares que impedían a la compañía la paralización de las cubas de electrolisis.
La dirección de Banco Santander y el 82,99% de la representación sindical han firmado el acuerdo del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que supondrá la amortización de 3.572 puestos de trabajo, la reubicación de 1.500 empleados y el cierre de 1.033 oficinas. Según informaron a Europa Press fuentes sindicales tras la séptima reunión de la mesa del ERE, el acuerdo supone la reducción del perímetro de afectación de la cifra de extinciones inicialmente propuesta por la empresa. Un total de 1.500 personas no verán extinguidos sus puestos de trabajo, sino que 400 podrán recolocarse dentro del banco en Santander Personal y 1.100 en empresas del grupo. El colectivo procedente de la excedencia especial remunerada del ERE de 2016 de Banco Popular se reincorpora a la empresa a todos los efectos como plantilla del Santander, con lo que se da cumplimiento a las solicitudes de los sindicatos. Para los cinco sindicatos firmantes, la consecución de paquetes indemnizatorios "suficientes y dignos", en la línea de procesos anteriores, "minorará la naturaleza traumática que cualquier ERE conlleva". En este sentido, valoran que el acuerdo firmado "cuenta con los equilibrios suficientes y las compensaciones adecuadas" para evitar que se aplicase lo establecido en la reforma laboral en caso de que no se hubiese alcanzado acuerdo alguno. La gestión del proceso se dilatará a lo largo de todo el año que viene, aunque la intención del banco es abrir el periodo de voluntariedad para los empleados de servicios centrales, centro corporativo y EEII afectados hasta finales de marzo, mientras que para la red comercial el plazo acabará a mediados de julio, de forma que el Santander tendría cerrado el ERE en agosto. Las últimas unidades serán aquellas de servicios centrales que tienen que acompañar el proceso de cierres de oficinas, como recursos humanos y unidad…
Banco Sabadell y los sindicatos han ratificado su acuerdo para poner en marcha el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por el que un máximo de 1.800 trabajadores saldrán voluntariamente de la entidad en el primer trimestre de 2021, en el marco del plan de eficiencia y transformación del banco. El proceso de adhesión se iniciará el 10 de diciembre y el banco espera tenerlo cerrado en diciembre, para que todas las salidas se lleven a cabo durante el primer trimestre del 2021. El acuerdo ha contado con el respaldo de una amplia mayoría de los representantes de los trabajadores (78,37%) e implica jubilaciones, prejubilaciones y salidas voluntarias de hasta un máximo de 1.800 personas. Sabadell espera tener un alto nivel de adhesión entre los empleados de más de 56 años, a los que ofrece prejubilaciones con el 75% del salario anual hasta los 63 años, con un máximo de 280.000 euros para los nacidos entre 1958-1961 y de 300.000 euros para los nacidos entre 1962-1964. Asimismo, a quienes se jubilen anticipadamente a partir de los 63 años les ofrece el 10% (para nacidos antes de 1956) o el 20% (para nacidos entre 1956 y 1957) del salario anual . Ante la incertidumbre del marco laboral, el banco se compromete a cubrir un año del pago a Seguridad Social en caso de que se retrase la primera edad de jubilación anticipada, ahora en los 63 años. Los empleados salientes conservarán sus condiciones financieras de empleado en cuentas y en la mayoría de productos de financiación. Banco Sabadell ha destacado que la firma de este acuerdo es "un hito" para el programa de eficiencia y digitalización de la entidad, diseñado para consolidar su competitividad en el sector financiero y para potenciar el desarrollo del talento interno. Asimismo, ha comunicado que está…
Banco Santander ha propuesto a los sindicatos indemnizaciones de 30 días por año trabajado para los empleados menores de 55 años que abandonen la entidad, con un máximo de 20 mensualidades, mientras que para aquellos que superen esa edad y lleven en el banco más de 15 años ofrece prejubilaciones que van desde el 55% hasta el 70% del salario pensionable, en función de la edad. Así lo han trasladado fuentes sindicales a Europa Press, tras la mesa de negociación celebrada este jueves, en la que el banco ha planteado las condiciones económicas por tramos de edad para el ERE, que inicialmente supondrá la salida de un máximo de 4.000 empleados. Para los empleados menores de 55 años o mayores de esa edad pero con menos de 15 años de antigüedad en la entidad, el Santander ha propuesto el pago de 30 días por año trabajado, con tope de 20 mensualidades. A los trabajadores de entre 55 y 57 años con al menos 15 años de antigüedad, les ofrece el 65% del salario pensionable, con descuento del importe de desempleo durante dos años, o el 55% del salario pensionable, con el 50% del complemento voluntario personal y descuento del importe de desempleo durante dos años, así como un convenio especial hasta los 63 años, con revalorización máxima del convenio especial 1%. Por otro lado, a los empleados de 58 a 61 años (con 15 años de antigüedad) les ofrece dejar la entidad con el 70% del salario pensionable o el 65% del salario pensionable y el 50% del complemento voluntario personal, además de un convenio especial hasta los 63 años. Finalmente, para los trabajadores de 62 años o más, el Santander propone una indemnización de 20 días por año trabajado, con hasta un máximo de 12 mensualidades. Desde CC.OO. consideran…
El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados o comunicados a la Dirección General de Trabajo se multiplicó por casi 18 entre enero y septiembre en comparación con el mismo periodo de 2019, hasta sumar 974.489 afectados, de los que 6.037 corresponden sólo al mes de septiembre, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en los que se aprecia el impacto de la crisis del coronavirus y el uso de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Las cifras sólo recogen los procedimientos de ámbito nacional, por lo que no se incluyen los expedientes presentados a autoridades provinciales o autonómicas, de ahí las diferencias con el total de afectados por ERTE del que viene hablando el Ministerio (unos 3,4 millones de afectados en el pico máximo de abril). De los 974.489 trabajadores afectados por regulaciones de empleo hasta septiembre, el 99,3% (967.724 trabajadores) estaban en procedimientos de suspensión de contrato o reducción de jornada y sólo el 0,69% fueron objeto de un despido colectivo (6.765 trabajadores). Los primeros se han multiplicado por más de 28 respecto al mismo periodo de 2019, mientras que los segundos se han reducido un 67,1%. En el mes de septiembre, 1.382 trabajadores de 6.037 se vieron afectados por un despido colectivo; el resto estaban en procedimientos de suspensión o reducción de jornada (4.655). Siete de cada diez en procedimientos por fuerza mayor De los 974.489 trabajadores afectados por ERE en los nueve primeros meses del año, casi siete de cada diez (666.035 trabajadores) estaban en procedimientos en los que la causa alegada fue la fuerza mayor, cifra que multiplica por más de 1.250 la del mismo periodo del año pasado (533 afectados). Los ERE por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas y de producción) afectaron a 307.921 trabajadores…
Banco Santander ha celebrado este martes su junta de accionistas con un mensaje muy claro: pagará dividendo a los accionistas frente a las recomendaciones del Banco Central Europeo (BCE). Así lo ha afirmado la presidenta de la entidad, Ana Patricia Botín, con un discurso entroncado en las fortalezas del banco santanderino. “Nuestra intención es pagar cien por cien en efectivo a partir de 2020”, ha apuntado Botín tras alegar que un dividendo en acciones “debe entenderse como medida extraordinaria para cumplir con los accionistas, en particular los minoristas”. Una decisión que estará condicionada a “las decisiones de los reguladores” y a que la ratio de capital se mantenga entre el 11% y el 12%. En cualquier caso, tal y como se ha aprobado en junta, la remuneración de 2019 incrementará a 0,20 euros por acción y el pago de 2021 será de 0,10 con cargo a reservas, es decir, una rentabilidad de casi el 6%. Todo ello porque desde Santander se muestran optimistas en base a “una mayor visibilidad sobre la crisis, la fortaleza de capital y la evolución de resultados ordinarios”. Unos resultados ordinarios que esperan ser positivos y lograr un beneficio de unos 5.000 millones de euros para el conjunto  del año. “La fortaleza del balance siempre ha sido una prioridad y los números demuestran que lo que hemos ido ejecutando, con la ratio de capital CET 1 mejorando trimestre a trimestre y una calificación crediticia de máximo nivel, en línea o por encima de la del riesgo sobreaño español”, ha destacado Botín. Para la presidenta de la entidad, “el reparto de los beneficios es el mejor exponente de la disciplina financiera y su componente aporta confianza”, quien ha recordado que los Credit Default Swaps están muy por debajo de  los niveles de crisis previas. “Esto demuestra la…
La situación económica y laboral derivada de la crisis sanitaria del coronavirus está repercutiendo de forma directa en muchísimos aspectos. Uno de ellos es la situación de miles de trabajadores que con la implantación del estado de alarma vieron cómo sus puestos de trabajo quedaron en peligro. Y en muchos casos así ha sido. Tanto es así que según se ha desprendido este viernes del Ministerio de Trabajo y Economía Social, entre enero y agosto el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) se ha multiplicado casi por 20. Dicho de otro modo, han sumado 968.452 afectados, de los que 10.330 corresponden al mes de agosto. De esos casi 970.000 trabajadores, el 99,4% (963.069) se encontraban en procedimientos de suspensión de contrato o de reducción de jornada, es decir, treinta veces más que en el mismo periodo de 2019. En cuanto al número trabajadores afectados por despidos colectivos, la cifra se ubica en 5.383, un 0,6% del total, es decir, un 69,4% menos que el año anterior. Según ha destacado el Ministerio, estas cifras se corresponden solo con los procedimientos nacionales, por lo que hay que añadir todos aquellos incluidos o presentados a autoridades provinciales o autonómicos. ¿Y qué sectores han sido los más afectados por estas medidas? El comercio y la hostelería. En concreto, el comercio al por mayor y por menor y reparación de vehículos concentró el mayor número de afectados por ERE hasta agosto (276.624), junto a hostelería (150.125) y actividades administrativas (122.816), mientras que el menor número se registró en la Administración Pública (196), las industrias extractivas (656), el suministro de agua (2.051), actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales (2.758) y las actividades inmobiliarias (2.795). Por comunidades autónomas las más afectadas han sido la Comunidad de Madrid (253.154), seguida de Cataluña (177.666)…
El Santander ha ofrecido a los sindicatos indemnizaciones de 33 días por año trabajado a empleados con 52 años o menos que se acojan al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y hasta el 70% del salario pensionable a trabajadores de mayor edad. Su propuesta compensatoria ha sido recogida con decepción por los sindicatos que afirman que aplica rangos económicos y de edad "muy inferiores a la media del sector" y critican que quiera incluir medidas de movilidad exageradas. La oferta del banco difiere por tramos: para los empleados de mayor edad, con 62 años cumplidos o superior, propone el pago de 20 días por año con un límite de 12 mensualidades. Aquellos cuya edad figure entre los 58 y 61 años recibirían una renta temporal del 70% del salario pensionable hasta cumplir los 63 años para acceder a la prejubilación, con la opción de obtener el 65% del sueldo más un complemento por voluntariedad. Estos baremos bajan al 65 y 55% respectivamente para empleados de entre 55 a 57 años, y en el caso de aquellos con 53 o 54 años oferta una indemnización igual al 60% del salario pensionable en seis anualidades, con un límite máximo de 350.000 euros. En estos tres últimos supuestos el banco se hace cargo del convenio de la seguridad social hasta que cumplan los citados 63 años. Para los de 52 años o de edad inferior ofrece el pago de 33 días por año trabajado con un tope de 18 mensualidades del salario en metálico. Según los sindicatos, el banco ha insistido en la voluntariedad de las bajas y se propone acomodar después la red aprovechando los traslados. De manera excepcional ha planteado ampliar el tramo de movilidad geográfica a 100 y 400 kilómetros. Con el ERE prevé extinguir 3.713 puestos de trabajo…
CaixaBank confía en obtener ahorros anuales de 190 millones de euros si completa las 2.023 salidas de personal previstas en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) susceptible de costarle hasta 890 millones de euros por las compensaciones ofrecidas para la desvinculación. El plazo de adhesión lo abrirá a finales de mayo y finalizará a mediados de junio con intención que formalizar un 60% de las salidas durante este ejercicio y el resto en el segundo semestre de 2020, detalló hoy el banco tras firmar el acuerdo con la plataforma Unión Sindical, que aglutina a todos los sindicatos del grupo salvo CCOO, que ha decidido no suscribirlo. La entidad ha indicado que el acuerdo permitirá llevar a cabo "un plan de reestructuración que facilite la reconfiguración de la red comercial", "consolidar" su presencia en el ámbito rural e impulsar la transformación digital, en consonancia con los objetivos del Plan Estratégico 2019-2021. El ajuste se justifica por la reducción de red tradicional, la intención era clausurar 793 sucursales, en un giro estratégico donde primará las mega-oficinas con horario extendido y más surtidas de personal para volcarlas en asesoramiento de clientes. El acuerdo laboral establece el nuevo cupo de este tipo de oficinas, denominadas Store, y Business Bank en 700, ampliables a 750, que se abrirán progresivamente hasta 2021 por toda España. De forma adicional y para dar mejor apoyo al servicio digital inTouch ampliará a 2.000 los gestores especializados en atención remota a los clientes, lo que permitirá dar servicio a 2,6 millones de clientes en 2021, informa Servimedia. CaixaBank apuesta por mantener la red de oficinas rurales, que actualmente superar los 1.000 locales y le permite estar presente en todas las poblaciones de más de 10.000 habitantes y en un 94% de las de más de 5.000 habitantes.
La patronal de las VTCs, que representa al 90% del sector en España, ha advertido que el Decreto del actual consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de Cataluña, Damià Calvet, para blindar al monopolio del taxi supondrá el mayor Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la historia reciente de Cataluña. En concreto, la aprobación del nuevo Decreto Ley de la Generalidad, que imposibilita en la práctica la operativa de Uber y Cabify, supondrá de manera directa e inmediata, la destrucción de los más de 3.000 empleos que genera el sector de VTC en la comunidad autónoma. Con el agravante, de que la mitad de estas personas son mayores de 45 años, personas con cargas familiares, y grave riesgo de verse excluidas del mercado laboral. Las principales empresas del sector de la VTC en Cataluña han empezado a presentar esta mañana, fecha de entrada en vigor del Decreto, los correspondientes Expedientes de Regulación de Empleo ante el Ministerio de Empleo, por la imposibilidad de seguir operando en Cataluña bajo la nueva regulación. Las grandes empresas del sector en Cataluña, Vector Ronda, Moove Cars y Auro han iniciado los procesos de resolución de los contratos laborales de sus 1000, 750 y 330 trabajadores respectivamente, como así lo han confirmado sus representantes, socios de Unauto VTC Cataluña. "Con el Decreto del señor Calvet se destruye todo el tejido industrial del sector VTC catalán. Estamos hablando de decenas de empresas y muchos autónomos titulares de autorizaciones VTC que ven desaparecer su derecho a ganarse la vida dignamente. Y todo porque el señor Calvet ha cedido al chantaje del taxi" sostiene Eduardo Martín, presidente de Unauto VTC. "Además, Cataluña verá mermada sus arcas públicas en alrededor de 120 millones de euros al año y unos 310 millones de aportación al PIB de la región; y…