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El Gobierno aprueba un crédito de 6.000 millones para Seguridad Social

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un suplemento de crédito por valor de 6.000 millones de euros para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social ante el gasto que han supuesto las medidas de "alivio" y protección de rentas derivadas de la pandemia. Asimismo, el Gobierno ha aprobado un crédito extraordinario de 2.300 millones de euros para que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) pueda hacer frente al mayor gasto en prestaciones contributivas y subsidios derivados de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y de otras ayudas puestas en marcha, como la de los empleados de hogar, tal y como ha recogido Europa Press. Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien ha destacado que con estas medidas se garantiza la protección a colectivos especialmente vulnerables. "Todas estas actuaciones que permiten proteger a personas (como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), las prestaciones para autónomos o las medidas de alivio instrumentadas con exoneraciones de cotizaciones sociales) generan esta necesidad de financiación de la Seguridad Social que queda garantizada con esta operación", ha resaltado Montero. Además, Montero ha puesto de relieve que estas acciones muestran el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad a medio plazo del sistema de Seguridad Social, y particularmente con el sistema de pensiones, para mantener la red de seguridad de millones de personas y que nadie se quede atrás. Según ha señalado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un comunicado, los 6.000 millones de euros aprobados este martes son para equilibrar el impacto en las cuentas de la Seguridad Social derivado de la pandemia. En esta línea, ha recordado que el pasado mes de mayo ya se concedió un…
El Consejo de Ministros ha aprobado la ampliación del plazo para la concesión de avales ICO hasta el 30 de junio de 2021, la extensión del plazo de devolución en tres años más, hasta un máximo de ocho años, y la ampliación del periodo de carencia en 12 meses, hasta el máximo de 24 meses. Según ha comunicado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, las medidas de apoyo a los afectados por el coronavirus están siendo eficaces, pero deben ser adaptadas a cada momento en un entorno cambiante para dar respuesta a posibles problemas de solvencia que puedan generar que empresas viables tengan que cerrar por la caída de la actividad económica derivada de la pandemia. En este sentido, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley que introduce una serie de medidas relacionadas con los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), como la ampliación del plazo para la concesión de avales de las dos líneas en funcionamiento hasta el 30 de junio de 2021 y la extensión del plazo máximo para devolver los créditos en tres años, hasta un máximo de ocho años, y del periodo de carencia hasta un máximo de 24 meses. Debido a que la intención del Gobierno es apoyar a las empresas solventes, los solicitantes no podrán encontrarse en situación de concurso de acreedores o su préstamo en mora. El real decreto ley también estipula que las entidades bancarias, que deberán responder a las solicitudes de ampliación en un plazo máximo de 30 días, no podrán aumentar de forma injustificada el tipo de interés ni exigir la contratación de productos vinculados. Calviño ha destacado que el 73% de las operaciones concedidas con cargo a la línea de liquidez tenían un plazo de devolución de entre 4…
España exigirá desde el 23 de noviembre a los viajeros internacionales procedentes de hasta un total de 65 países de riesgo que tengan una prueba PCR negativa en las 72 horas previas a su llegada a España para poder entrar en el país, incluyéndose en el listado Estados Unidos, Francia o Alemania. Así lo recoge una resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), recogida por EP, y que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, desgranó este miércoles desde Moncloa. Esta medida se suma a los controles sanitarios que ya se llevan a cabo actualmente a todos los pasajeros internacionales en los puntos de entrada, entre lo que se encuentra el control de temperatura y el control visual. De este modo, la novedad es que dentro del Formulario de Control Sanitario que todo pasajero debe cumplimentar antes de su entrada en el país se recogerá a partir de ahora una pregunta sobre si dispone de una PCR negativa realizada en las 72 horas previas a la llegada a España. El documento deberá ser el original, redactado en español o inglés y podrá ser presentado en formato papel o electrónico. El listado de países o zonas de riesgo así como los criterios empleados para su definición serán revisados cada quince días. Por el momento, la lista de países europeos a cuyos viajeros se les pedirá la PCR la componen Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Chipre, Croacia, Croacia y Dinamarca (excepto las Islas Faroe y Greenland). Además, quedan incluidos Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Francia, Grecia (excepto las regiones de Kitri, Ionia Nisia, Dytiki Ellada y Sterea Ellada), Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal (excepto la región autónoma de las Isla Azores), Rumanía, Suecia y Liechtenstein. En cuanto a la lista de terceros países,…
El Gobierno subvencionará con 4.000 euros cada contrato indefinido y a tiempo completo que realicen las empresas, según se desprende del borrador de Real Decreto por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo, según ha recogido Europa Press. No obstante, esta cuantía podrá incrementarse hasta los 4.500 euros si la persona contratada es mujer, mayor de 45 años en el caso de las personas con discapacidad o perteneciente a cualquier otro colectivo vulnerable que determine el Servicio Público de Empleo. Además, la subvención ascenderá a 5.500 euros (6.000 en el caso de mujeres, mayores de 45 años discapacitados o colectivos vulnerables) si los contratados son personas participantes en programas integrales de empleo que sean perceptores de prestación o subsidio por desempleo o el Ingreso Mínimo Vital, o si son personas con discapacidad demandantes de empleo y servicios no ocupadas inscritas en el Servicio Público de Empleo. La cuantía será de 5.500 euros también cuando los contratos se celebren con personas retornadas del extranjero, con mujeres contratadas en ocupaciones o sectores con presencia mayoritariamente masculina, así como mujeres que lleven más de 24 meses desempleadas después de haber sido madres, o cuando se contrate a mayores de 45 años o a personas pertenecientes a otros colectivos que determinen los servicios públicos de empleo en función de sus objetivos de empleo. De su lado, el importe ascenderá a 7.000 euros (7.500 euros en algunos casos) cuando se contrate a personas con discapacidad que presentan mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, personas participantes en itinerarios de inserción desarrollados en el marco del programa de inclusión laboral de personas en riesgo de exclusión, mujeres consideradas especialmente vulnerables, mujeres víctimas de violencia de género, mayores de 45 años que sean parados de larga…
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha anunciado este miércoles en el Congreso que el Consejo de Ministros aprobará la próxima semana un decreto ley para la rebaja del IVA de las mascarillas desechables del 21% al 4%, tal y como ha recogido Europa Press. En su defensa del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que se enfrenta a partir de este miércoles en el Congreso a su debate de totalidad, Montero ha asegurado que el Gobierno ha adoptado esta medida tras confirmar que la Comisión Europea no abrirá un procedimiento de infracción. Montero ha asegurado que el Gobierno estará "vigilante" para que esta bajada del IVA "se traduce en una rebaja del precio para el consumidor final y no en un mayor margen empresarial". Además, ha avanzado que el Gobierno tramitará una rebaja del precio de venta al público a partir de este jueves.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva ayuda para todos aquellos ciudadanos que hayan agotado su paro. Se trata de un subsidio de 430 euros mensuales para trabajadores que estuviesen recibiendo prestaciones entre el 14 de marzo y el 30 de junio y ya no tengan acceso a otras ayudas ni posibilidad de incorporarse al mercado laboral. Según el comunicado emitido por el Ministerio de Trabajo, esta ayuda no será compatible con la percepción de la renta mínima, la de inclusión, el salario social o ayudas analógicas de cualquier administración pública. Además, solo podrán acceder a este subsidio las personas que estén cumpliendo el mes de espera para acceder al subsidio de agotamiento de la prestación contributiva. De esta forma se hace caso a las organizaciones sindicales, CCOO y UGT, las cuales han solicitado la creación de una prestación extraordinaria por desempleo en medio de este contexto atípico derivado de la crisis sanitaria del coronavirus. Para ambos, la creación de esta ayuda era “una cuestión prioritaria que extiende la cobertura de protección más allá de los ERTE”.
Buenas noticias para el sector de las renovables. Este martes el Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que regula el nuevo régimen económico de este tipo de energías para las instalaciones de producción de electricidad. De esta forma se creará un nuevo sistema de subastas de renovables que estará basado en un precio por producción. Esta característica diferirá de la realidad hasta la fecha, que basaba este sistema a partir de la inversión realizada. Además, a las adjudicatarias se les garantizará un precio por kWh durante 20 años. Aunque no todo son buenas noticias, ya que también hay puntos polémicos. El que más trata sobre el sistema de liquidación. Según éste, en las subastas los inversores pujarán por un precio/kWh y los adjudicatarios tendrán garantizado ese precio a futuro. Es decir, si en el mercado lo superan, deberán devolver la diferencia o se balanceará, y si no se alcanzan, se lo compensarán las comercializadoras que después lo facturarán a los consumidores. De esta forma los usuarios no pagarán el nuevo incentivo a las renovables en los peajes de acceso a su factura de luz, sino en el coste de la energía. Con esta modificación el Gobierno evitará esa subida en los peajes y dejará su potestad a la CNMV. Esto no ha gustado a las comercializadoras, que han apuntado que esto provocará una distorsión de la señal de precio de mercado que puede implicar incertidumbre en los agentes. Además, en las horas de precios bajos creen que habrá una compensación a pagar a los productores que se adjudiquen los mayores precios en la subasta. El Gobierno tiene intención de subastar una media de 5.000 MW anuales, aunque ha decidido no cerrar dicha cifra, la cual no está incluida en el real decreto. Lo que sí ha incluido es…
El Consejo de Ministros ha dado este martes luz verde al rescate público de la aerolínea Air Europa por valor de 475 millones de euros. Será a través de dos préstamos con seis años como plazo máximo de amortización, en una operación "necesaria" debido al "carácter estratégico" de la compañía para la industria turística y la economía española. Así lo ha señalado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno ha autorizado al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por SEPI, la primera operación con cargo a este fondo que supone el respaldo público temporal a la compañía aérea presidida por Juan José Hidalgo . "Air Europa presta, a juicio del fondo de solvencia, un servicio esencial para asegurar la conectividad de España y contribuye a garantizar una adecuada oferta de los destinos turísticos favoreciendo al conjunto de los usuarios. Todo ello le confiere el carácter estratégico que es preceptivo", ha explicado la ministra. Se trata de la primera operación de este tipo que autoriza el Ejecutivo desde la aprobación de este fondo el pasado mes de agosto. En concreto, tendrá un respaldo público de 475 millones de euros que se canaliza a través de un préstamo participativo por importe de 240 millones de euros y de otro préstamo ordinario de 235 millones. "Ambos instrumentos están incluidos en la norma que regula este fondo de solvencia", ha señalado la ministra, quien ha indicado que Air Europa dispondrá de seis años como plazo máximo para amortizar la totalidad de los préstamos recibidos. Este fondo, dotado con 10.000 millones, tiene como objetivo ofrecer apoyo público temporal a compañías no financieras que estén afectadas por la pandemia y que sean…
El grupo de asociaciones Economía y Sociedad ha alzado la voz este miércoles para reivindicar al Gobierno una serie de medidas, un proyecto de recuperación y reformas, que ayuden a paliar los efectos de la pandemia del coronavirus y que construyan “el mejor futuro posible” que se dibuja en el horizonte. “La estrategia de reconstrucción y transformación que España requiere debe estar regida por criterios de realismo y posibilismo, consistencia técnica, integración social y visión de largo plazo”, reza el comunicado firmado por la Asociación Valenciana de Empresarios, Cercle d'Economía, Cercle d'Economía de Mallorca, Círculo de Empresarios, Círculo de Empresarios de Gran Canaria, Círculo de Empresarios de Galicia, Círculo de Empresarios Vascos, Círculo Empresarial Leonés, Institución Futuro, Observatorio Económico de Andalucía. Según estos, “enfoques maximalistas y posicionamientos populistas solo pueden conducir al fracaso y la consiguiente frustración. Además, es necesario recuperar la confianza los unos en los otros e interiorizar la revisión crítica de actuaciones como una práctica sana y socialmente asumida para reforzar la implicación ciudadana”. Y en este punto entran los empresarios y los trabajadores, los cuales consideran “un actor fundamental de la estrategia que persiga afrontar el proceso de reconstrucción y transformación económica y social que España necesita”. Por eso, añaden, “el empresariado se ofrece como aliado estratégico para gestionar un modelo de desarrollo más competitivo en el nuevo escenario”. “No solo los empresarios, sino todas las organizaciones de la sociedad civil debemos dar un paso al frente y poner nuestras capacidades al servicio de esa estrategia, tendiendo puentes para aumentar la confianza y promover los pactos necesarios para asegurar su perdurabilidad”, añaden. Y solicitan a los partidos políticos a “recuperar el espíritu de acuerdo y consenso que tan buenos frutos ha dado desde la Transición”. Para este grupo de empresarios, estos desafíos a los que se enfrenta…
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan Anual de Política de Empleo para 2020 (PAPE). Este cuenta con una dotación total de 5.793,7 millones de euros, aunque 1.944,5 millones ya se han repartido entre las comunidades autónomas. Así lo ha apuntado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión ministerial. El primero una parte se certificó durante la LXXVIII Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada en abril, donde se acordó distribuir 1.048,5 millones. Posteriormente, durante la Conferencia Sectorial celebrada el 30 de septiembre se repartieron otros 895,9 millones de euros. Pero, ¿de qué consta este Plan Anual de Política de Empleo para 2020 y cómo se van a repartir los 3.849 millones restantes? En concreto, este Plan trata de los  servicios y programas que llevarán a cabo tanto las comunidades autónomas como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Para poder definirlas, este Plan ha tenido en cuenta el Programa Nacional de Reformas 2020 con las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social de la pandemia, entre las que destacan la prestación para afectados por expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), el refuerzo de la protección frente al desempleo o la creación de subsidios extraordinarios como el destinado a empleados del hogar. Asimismo, ha incorporado las medidas para jóvenes y parados de larga duración. En concreto, consta de 969 servicios y programas distribuidos en seis ejes (orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades en el acceso del empleo, emprendimiento y mejora del marco institucional del Sistema Nacional de Empleo). Este Plan recoge 30 nuevos indicadores que permitirán evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos marcados y su evaluación periódica para obtener información útil y agregada sobre la política de…