Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

guardia civil

Incautados más de 1.000 jamones y paletas por supuesto fraude y estafa, con vitolas ibéricas falsas

Etiquetaban y utilizaban trazabilidad falsa de productos cárnicos ibéricos a jamones y paletas que no lo eran Agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) de la Guardia Civil de Madrid, han detenido en la operación 'Costmapa' a tres personas e investigado a cinco más por delitos relacionados contra la salud pública relativo al mercado y los consumidores, falsificación de documento, estafa y delito contra la propiedad industrial, habiendo facilitado la introducción al mercado de jamones y paletas simulando que eran ibéricas, según recoge Europa Press. El inicio de la investigación se remonta al pasado mes de octubre, cuando en las instalaciones de una mercantil situada en Getafe fueron detectados e inmovilizados varios jamones y paletas que portaban vitolas ibéricas procedentes de la provincia de Huelva con irregularidades en los precintos y en las etiquetas. El avance de la investigación permitió conocer que todos ellos procedían de la misma firma comercial y que además se estaban distribuyendo en otras instalaciones de venta al público situadas en Las Rozas y en Sevilla, ha informado la Comandancia de Madrid este jueves en una nota de prensa. Por ello los agentes hicieron varias inspecciones, tanto en estas instalaciones donde los productos estaban siendo comercializados como en dependencias de la empresa que los abastecía, descubriendo los agentes una compleja trama conformada por varias mercantiles que colocaban precintos ibéricos a piezas que no lo eran, emitían falsas auditorías en los certificados de calidad y los introducían en el mercado final de los consumidores. 405 paletas y 659 jamones por valor de 180.000 euros Fruto de todas las inspecciones que se han realizado se han intervenido y puesto a disposición de la autoridad judicial competente un total de 405 paletas y 659 jamones por valor de 180.000 euros con irregularidades en…
La crisis de Abengoa sigue en curso y, hasta ahora, bajo secreto de sumario. La Guardia Civil ha intervenido esta mañana las oficinas centrales de la empresa andaluza en el Campus tecnológico de Palmas Altas de la ciudad hispalense.Unos 20 agentes de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil se han trasladado desde Madrid este martes 13 de abril para acceder al edificio a primeras horas de la mañana. El cuerpo de seguridad ha entrado a la sede de la compañía siguiendo la orden judicial emitida por el juzgado Central de Instrucción número 2  de la Audiencia Nacional.A su entrada, la Guardia Civil ha solicitado al personal de Abengoa que no toque ni los ordenadores ni el material de sus mesas y que ponga sobre ellas su Documento Nacional de Identidad, según informa Diario de Sevilla. También se está requisando información de distintas filiales del grupo, no solo de la sociedad matriz.Concretamente, todo el Edificio D del Campus de Palmas Altas está siendo investigado. La dirección general, Contabilidad, Auditoría, Administración, Asesoría Jurídica y Simosa IT, la filial que se encarga de todo el sistema informático del grupo Abengoa. La operación ha comenzado por los departamentos de contabilidad y administración, según testigos presenciales. Los agentes continúan interviniendo ordenadores y reclaman información de ejercicios antiguos, desde 2007. Además, han pedido al personal que no abandone su puesto de trabajo hasta el fin del registro. No es la primera vez que la sede de Abengoa pasa por esta situación: en 2018, la Policía Nacional ya buscó en su equipo informático correos electrónicos vinculados a un presunto pago de comisiones ilegales en Argelia.Desde abril de 2020, Moreno mantiene imputados a Felipe Benjumea, el ex-presidente, Manuel Sánchez Ortega, el ex-consejero delegado, Mercedes Gracia y Alicia Velarde, ex-consejeras, Manuel Arranz, el socio auditor de…
La Agencia Tributaria y la Guardia Civil, dentro de la denominada "operación Drake", han desarticulado dos presuntas organizaciones criminales que desarrollaban sus actividades delictivas en el sector de los hidrocarburos, principalmente comercializando de manera fraudulenta elevadas cantidades de producto al por mayor, y que habría defraudado más de 150 millones de euros. La operación se ha desarrollado en las provincias de Castellón, Valencia, Lérida, Gerona y Madrid. La manera de proceder de estos supuestos grupos criminales consistía, básicamente, en la interposición de empresas instrumentales y testaferros, controlados por los responsables de los mismos, a través de los cuales defraudaban el IVA en cantidades millonarias; concretamente, esta operación habría desvelado un fraude estimado de más de 150 millones de euros. Estas entidades instrumentales se apropiaban de las cuotas de IVA repercutidas a sus clientes en la comercialización de gasolinas y gasóleos, principalmente mediante la utilización de diferentes mecanismos de evasión fiscal. Evasión fiscal y blanqueo Entre los mecanismos utilizados cabe destacar la utilización de facturación falsa para reducir las cuotas a ingresar, la declaración de un volumen de ventas inferior al real y la presentación de declaraciones sin ingreso. El fraude se completaba con el vaciamiento patrimonial de las entidades que debían pagar el impuesto. Esta operativa delictiva, además de generar el fraude millonario, desvirtúa el sector, expulsando a aquellos operadores legítimos que no pueden competir con los precios dispuestos por las sociedades que eluden pagar los correspondientes impuestos. A su vez, estas sociedades actúan de manera concertada siguiendo indicaciones de la dirección criminal, extendiendo su acción delictiva y, consecuentemente, acaparando sistemáticamente una mayor cuota de mercado. Esta forma de actuar permite asegurar la venta de todo el producto que se puede adquirir en el mercado nacional e internacional, facturando miles de millones de euros en un solo año, dado que…
Esta mañana miles de policías nacionales y guardia civiles se han echado a la calle para protestar frente al Congreso de los Diputados a favor de la equiparación salarial de ambos cuerpos con el resto de policías autonómicas. Según denuncian los sindicatos, el acuerdo firmado por las centrales sindicales con miembros del Ministerio del Interior en la etapa de Mariano Rajoy, siendo Juan Ignacio Zoido titular entonces de la cartera, no se está llevando a la práctica. Tan sólo han visto incrementar sus nóminas 160 euros brutos en el último mes. Los policías y guardia civiles han estado recogiendo más de medio millón de firmas en los últimos meses que han llevado hasta la cámara baja con la idea de modificar la actual ley y conseguir así que se atiendan ahora sus reivindicaciones salariales. Según ha podido saber CAPITAL, se espera que esta tarde el hemiciclo vote la Iniciativa Popular Legislativa y se alcance la mayoría absoluta en el hemiciclo para poner fin a esta discriminación.