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Impuestos y clavos ardiendo

Enrique Dans es profesor de Innovación en IE Business School. El llamado "impuesto a las tecnológicas" es una prueba más de hasta qué punto los políticos son capaces de generar situaciones arbitrarias, absurdas y demenciales. Desde hace ya bastantes años sabemos perfectamente que el mundo ha cambiado, que los negocios también lo han hecho, y que muchos elementos como las fronteras, que jugaron un papel fundamental durante muchos siglos en el mundo que conocíamos, ya no tienen sentido en una economía digital. A partir de ahí, se ha desatado toda una campaña interesada en contra de las compañías tecnológicas, debido a que, supuestamente, "no pagan impuestos". La afirmación es, como ya he escrito en numerosas ocasiones, parcial e interesada. Primero, porque las prácticas de optimización fiscal no son en absoluto exclusivas de las empresas tecnológicas: las llevan a cabo todas las compañías multinacionales. Segundo, son técnicas completamente legales, y por tanto, si no nos gustan sus efectos, tendríamos que cambiar las leyes, no protestar porque alguien las cumple. Y tercero, porque lo que hacen las compañías tecnológicas es pagar sus impuestos mayoritariamente, como marcan las leyes, allá donde se crea el valor del servicio prestado: en este caso, en donde está su capital intelectual, es decir, en la mayor parte de los casos, en los Estados Unidos. Los grupos de estudio que, en organizaciones como la OCDE, estudian cómo debería evolucionar la fiscalidad para adaptarse a sus nuevas circunstancias llevan años trabajando, y chocan con una realidad implacable: la política fiscal es algo que todos los países utilizan desde hace tiempo inmemorial para cuestiones como atraer inversiones, o simplemente como estrategia de país. Lo hacen paraísos fiscales, cuyo uso posiblemente deberíamos tratar de evitar, pero lo hacen también países como Irlanda, que simplemente ven como oportunidad atraer a empresas de…