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USO denuncia a Ryanair ante Inspección de Trabajo por poner en riesgo a la tripulación ante la Covid-19

Los tripulantes de cabina deben limpiar el avión y reciben incentivos por vender bebidas alcohólicas a bordo El sindicato USO ha vuelto a denunciar a Ryanair ante la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por incumplir varias medidas antiCovid en materia de prevención de riesgos laborales a bordo de los aviones. USO ya denunció a la aerolínea ante Inspección de Trabajo el pasado julio, tras lo que la autoridad redactó un acta de infracción en la que requería a la empresa una evaluación de riesgos adaptada a los riesgos de la Covid-19. Sin embargo, desde el sindicato señalan que la aerolínea incumple la propia evaluación de riesgos realizada en materia de prevención y que califica a las tripulaciones como "personal de alto riesgo" ante la propagación del virus. Entre otras, la evaluación de riesgos recoge la prohibición de "vender alcohol", ya que "puede generar altercados a bordo", con el "consiguiente riesgo para los demás pasajeros y trabajadores" en tiempo de pandemia, así como "ventas de productos libres de impuestos y otros productos no esenciales" a los pasajeros a bordo de los aviones. No obstante, USO señala en la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, que Ryanair incentiva a las tripulaciones a vender bebidas alcohólicas y tarjetas "rasca y gana", premiando a los 20 mejores vendedores con diferentes tipos de premios, como suscripciones a plataformas de contenido bajo demanda 'online' o productos tecnológicos. Asimismo, la denuncia recoge que la aerolínea "llega incluso a presionar telefónicamente a los trabajadores, o a iniciar procesos disciplinarios a aquellos que cumplan con estas medidas de prevención en materia de recomendaciones de Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) como protección a la Covid-19 y la propia evaluación de riesgos de la empresa, a aquellos que no vendían estos productos".…
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha realizado una investigación sobre las irregularidades en las relaciones laborales existentes en la empresa Glovo que se ha saldado con la regularización de 11.013 trabajadores de la plataforma, los cuales dejarán de ser falsos autónomos. Una realidad que le costará a la compañía 16,2 millones de euros. Esta cifra se corresponde a las cotizaciones sociales no abonadas por dichos trabajadores, quienes finalmente serán dados de alta en la empresa. En concreto, 9.251 trabajadores  que hasta ahora cotizaban por su cuenta a la Seguridad Social costarán a la empresa 14 millones de euros por el tiempo no cotizado; al tiempo que tendrá que abonar otros 2,2 millones de euros por cuotas sociales de otros 1.762 repartidores de Glovo  que la compañía no consideraba como trabajadores. Para la compañía, los 16,2 millones a abonar son “una deuda estimada, no es cierta”, a la par que han señalado que “las actas de la Seguridad Social no son firmes y recordamos que ningún juez ha dictaminado que los repartidores son empleados”. No obstante, la investigación de Inspección de Trabajo y Seguridad Social es un hecho. Tanto es así que entre 2019 y 2020 ha llevado a cabo inspecciones en 16 provincias españolas que han convertido esta investigación en una de las mayores operaciones de regularización de falsos autónomos hecha por Inspección de Trabajo. Esta medida aterriza un mes después de que el Tribunal Supremo declarase por primera vez que la relación entre Glovo y un repartidor tenía naturaleza laboral y que los riders, como se conoce a los repartidores, son falsos autónomos. Así lo falló el tribunal después de comprobar que la empresa no era una intermediaria en la contratación entre comercios y repartidores, sino que presta “servicios de recadería y mensajería” con condiciones fijadas”.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que la Agencia Tributaria investigará durante este año las actividades logísticas ligadas a las grandes empresas de comercio electrónico que operan en España, como parte del paquete de medidas de lucha contra el fraude fiscal recogido en el Programa de Estabilidad para el periodo 2019-2022. Así consta en dicho documento que el Ejecutivo español remitió el pasado 30 de abril a la Comisión Europea, en el que pone de manifiesto que pondrá la lupa en actividades de la nueva economía. Destaca que prestará atención a las actividades logísticas ligadas al comercio electrónico y seguirá analizando y estudiando los nuevos medios de pago para "avanzar en su control". En el ámbito financiero, el Gobierno recoge en el Programa de Estabilidad que realizará un estudio inicial de las tecnologías fintech para "evitar que su despliegue altere el grado de conocimiento que la Agencia Tributaria mantiene sobre la actividad económica, al tiempo que se analizan sus posibilidades para mejorar el servicio a los contribuyentes". También hace referencia a los riesgos fiscales observados en las operaciones con criptomonedas y apunta que analizará la información aportada por terceros sobre la tenencia y operaciones con monedas virtuales realizadas en España y en el extranjero por contribuyentes residentes en España, en aplicación de la nueva normativa que está previsto que se apruebe en 2019. Por otra parte, está en la hoja de ruta del Gobierno continuar con las actuaciones que se venían llevando a cabo sobre los nuevos modelos de distribución y nuevas actividades como la triangulación de envíos, en la que las ventas realizadas por una empresa son entregadas por otras, y las "tiendas de tiendas" instaladas en páginas web. Estas medidas se suman a otras para combatir el fraude fiscal con las que el Ejecutivo prevé ingresar hasta…
Equipos de supervisión del Departamento de Conducta de Mercado del Banco de España visitaron el pasado mes de marzo unas 190 oficinas bancarias de 12 entidades para verificar el grado de cumplimiento de la normativa de transparencia informativa y protección del cliente. Este tipo de supervisión in situ se caracteriza porque los inspectores acuden a las sucursales de una misma entidad a la misma hora y sin previo aviso, en una acción concertada en toda España, según ha informado la propia entidad. Una vez en ellas, se identifican como empleados del Banco de España y recaban la documentación que consideren oportuna sobre los procesos de comercialización de productos financieros, como préstamos hipotecarios, personales y tarjetas de crédito, además de comprobar cómo se proporciona a los clientes la información completa previa a la suscripción de sus contratos. Los inspectores también toman imágenes de las oficinas para comprobar que la publicidad expuesta no es engañosa y que los mensajes que dirigen a sus clientes se ciñen a la norma. Esta es la primera experiencia masiva de supervisión de conducta de mercado in situ, ya que en ocasiones anteriores las visitas se circunscribían a las oficinas de una sola entidad. El análisis de la información y la documentación obtenida en esta iniciativa se convertirá en una herramienta fundamental en la tarea supervisora del departamento de Conducta de Mercado.