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25 mayo 2021

El Congreso aprueba este martes la nueva ley de teletrabajo

El Congreso aprueba este martes la nueva ley del teletrabajo, que endurecerá hasta un 20% las sanciones por infracciones en materia laboral que impone la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, hasta un máximo de casi un millón de euros. El informe de la ponencia parlamentaria que ha analizado este proyecto de ley, a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press, ya incorpora esta enmienda impulsada por las formaciones del Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos. Con ella, la cuantía de las sanciones de la Inspección aumentarán hasta un 20%, por lo que la sanción más elevada podría llegar hasta los 983.736 euros, cuando el importe más cuantioso se quedaba en 819.780 euros en la vigente ley. El PSOE y Unidas Podemos justifican esta revisión de las cuantías de estas sanciones recogidas en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social "para garantizar su eficacia, con respecto al principio de proporcionalidad". Las cuantías incluidas en esta ley, recogidas en un texto refundido del año 2000, han sido objeto de una única revisión hasta ahora, argumentan, en el año 2007. En todo caso, según recoge otra enmienda incluida en el proyecto a instancias del PSOE y Unidas Podemos, las infracciones cometidas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, y por ende, del nuevo régimen sancionador, se sancionarán conforme a las cuantías previstas hasta entonces. El proyecto de ley, que procede del decreto que el gobierno aprobó en septiembre del año pasado, ha incorporado también en la ponencia enmiendas de Vox, Ciudadanos y Esquerra Republicana, si bien las enmiendas de las dos primeras formaciones van dirigidas a adaptar el contenido de la ley a la regulación ya prevista en decretos posteriores al del teletrabajo, como otras impulsadas por PSOE y Unidas Podemos, o apreciaciones de carácter técnico.…

03 marzo 2021

Más de 2.000 'riders' se manifiestan por su derecho de "ser autónomos"

Más de 2.000 'riders' han reclamado en más de 10 ciudades españolas al Gobierno su "legítimo derecho" a elegir ser asalariado o autónomo, en una concentración promovida por la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA), la Asociación Autónoma de Riders (AAR) y la Asociación Española de Riders Mensajeros (AsoRiders). En concreto, los 'riders' se han vuelto a movilizar durante esta jornada en diferentes ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Oviedo, Gijón, Málaga, Ponferrada, Vigo y Albacete, reclamando al Ministerio de Trabajo, que ultima la aprobación de la denominada 'ley rider', que cuente con el sector de los repartidores en su elaboración. "Tras innumerables cartas y peticiones de reunión, el Ministerio de Trabajo ha decidido excluirnos de la regulación que marcará nuestro futuro. Se ha cumplido el peor de nuestros temores: la Ley Rider da la espalda a los riders", han lamentado. De esta forma, repartidores de Deliveroo, Uber, Glovo, Amazon y Seur han vuelto a lanzarse a las calles para reclamar su "legítimo derecho de elegir entre ser asalariados o autónomos", algo contemplado en el resto de sectores de actividad económica en España, pero que "inexplicablemente" se le quiere negar a los repartidores. "Ministra, ¿de verdad va a aprobar una Ley sobre nosotros sin hablar con nosotros? Hoy le volvemos a pedir en 11 ciudades de España que nos escuche. Y si finalmente no lo hace y sigue adelante con sus planes, al menos no use nuestro nombre, y llámela la Ley anti-rider", han asegurado durante las manifestaciones que se han celebrado en 11 ciudades españolas. Las asociaciones han recordado que la mayoría de los repartidores de España reiteran que quieren seguir siendo autónomos por una "sencilla razón". "Como autónomos podemos decidir cuándo trabajar, dónde y cómo hacerlo…

02 marzo 2021

El Gobierno ultima la regulación de los precios del alquiler

El Gobierno ha incluido en la Estrategia de Desarrollo Sostenible, que depende de la Vicepresidencia de Pablo Iglesias, el compromiso del Ejecutivo de regular los precios del alquiler en la futura Ley de Vivienda que se está negociando entre los dos partidos de la coalición en este momento. El texto sobre las directrices generales para la Estrategia de Desarrollo Sostenible ha sido elaborado por la vicepresidencia segunda, que lidera Pablo Iglesias, y se ha presentado en la reunión del Consejo de Ministros de este martes. En este documento se insiste en que la futura Ley de Vivienda debe habilitar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a declarar zonas de "mercado tensionado", donde se hayan producido "subidas abusivas" y "a regular los precios del alquiler". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha dejado claro que cualquier documento que se aprueba en el Consejo de Ministros "es compartido por todos los miembros que forman parte de este órgano" y ha zanjado que haya polémica dentro del Gobierno respecto a la regulación de los precios de los alquileres. En este sentido, Montero ha explicado que el debate, en estos momentos, está en "sobre cómo y de qué manera" se regulan los alquileres en las zonas más tensionadas, "velando por la seguridad jurídica y los derechos de las personas que van a acceder a una vivienda". Montero ha remarcado que el acuerdo de coalición incorporaba que se produjeran regulaciones de los precios de los alquileres en zonas altamente tensionadas y que "esto es lo que se intentaba y se intenta corregir en la Ley de Vivienda", siendo conscientes de que el escenario, tras la pandemia, es radicalmente distinto". En esta línea, ha dicho que, en estos momentos, ha disminuido el precio del…

10 febrero 2021

Gobierno, sindicatos y patronal acuerdan laboralizar a los 'riders'

El Gobierno y los agentes sociales, sindicatos y patronal, han finalizado la última reunión de trabajo de la Ley de plataformas digitales, conocida como 'Ley de riders', con el acuerdo de todas las partes de que hay que laboralizar a los 'riders', según han señalado fuentes del diálogo social a Europa Press. Además, durante el encuentro celebrado este miércoles, los empresarios han presentado una propuesta sobre cómo laboralizar a los trabajadores de las plataformas digitales, dado que ahora en su mayoría son autónomos. Esta ha sido la última reunión de la mesa, después de que el Ejecutivo pidiera a finales de enero a los interlocutores sociales sus últimas propuestas para cerrar el texto de la ley, aunque, no obstante, durante los próximos días continuarán los contactos técnicos. El Gobierno se ha comprometido a remitir a los agentes sociales un documento de síntesis que integre las propuestas que han puesto encima de la mesa tanto unos como otros. Es probable que esta norma vaya para su aprobación al Consejo de Ministros próximamente, aunque no hay un plazo fijado. Existe relación laboral El pasado mes de septiembre el Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo declaró que la relación existente entre un repartidor ('rider') y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral, por lo que rechazó elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En concreto, el alto tribunal estimó el primer motivo del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el demandante, argumentando que concurren las notas definitorias del contrato de trabajo, examinando en particular las de dependencia y ajenidad. Así, el Tribunal Supremo sostuvo que Glovo no es una "mera intermediaria" en la contratación de servicios entre comercios y repartidores. El Tribunal Supremo se pronunció de esta forma después de que el Tribunal Superior…

12 enero 2021

El Gobierno actualiza la ley de auditoría y los planes de contabilidad de las empresas

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos reales decretos que desarrollan la ley de auditoría, modificando los planes de contabilidad por los que se rigen las empresas, con el objetivo de mejorar la transparencia y la confianza de los inversores. Según ha avanzado la ministra portavoz, María Jesús Montero, se trata de dos textos normativos que adaptan las leyes españolas a la normativa europea y modernizan los sectores de la auditoría y la contabilidad. Uno de los reales decretos aprobados establece un reglamento de desarrollo de la ley de auditoría, detallando las condiciones, requisitos y formalidades que deben cumplir los profesionales de la auditoría, al tiempo que desarrolla un régimen sancionador, con lo que se trata de mejorar la transparencia en la función supervisora que se atribuye al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). El reglamento detalla los mecanismos para evitar el conflicto de intereses o para dar a conocer los requisitos de documentación que se elaboran por los trabajos de auditoría. En concreto, se obliga a emitir un informe anual de transparencia para los auditores de entidades de interés público. La ministra portavoz ha señalado que estas normas mejorarán la labor de la actividad de auditoría e incrementará la confianza de los inversores del mercado español. "Esta actividad de auditoría de cuentas cumple una importantísima función pública y, por tanto, es necesario mantener un marco normativo que esté modernizado y que se enmarque en el contexto de la normativa europea para ofrecer confianza a las empresas que son auditadas y, sobre todo, a las empresas terceras que actúen en el mercado y que confían en la información que ofrecen los auditores", ha explicado Montero. En cuanto al segundo real decreto aprobado este martes, su objetivo es actualizar los planes de contabilidad que rige al sector…

17 noviembre 2020

El Gobierno flexibiliza los créditos avalados por el ICO

El Consejo de Ministros ha aprobado la ampliación del plazo para la concesión de avales ICO hasta el 30 de junio de 2021, la extensión del plazo de devolución en tres años más, hasta un máximo de ocho años, y la ampliación del periodo de carencia en 12 meses, hasta el máximo de 24 meses. Según ha comunicado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, las medidas de apoyo a los afectados por el coronavirus están siendo eficaces, pero deben ser adaptadas a cada momento en un entorno cambiante para dar respuesta a posibles problemas de solvencia que puedan generar que empresas viables tengan que cerrar por la caída de la actividad económica derivada de la pandemia. En este sentido, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley que introduce una serie de medidas relacionadas con los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), como la ampliación del plazo para la concesión de avales de las dos líneas en funcionamiento hasta el 30 de junio de 2021 y la extensión del plazo máximo para devolver los créditos en tres años, hasta un máximo de ocho años, y del periodo de carencia hasta un máximo de 24 meses. Debido a que la intención del Gobierno es apoyar a las empresas solventes, los solicitantes no podrán encontrarse en situación de concurso de acreedores o su préstamo en mora. El real decreto ley también estipula que las entidades bancarias, que deberán responder a las solicitudes de ampliación en un plazo máximo de 30 días, no podrán aumentar de forma injustificada el tipo de interés ni exigir la contratación de productos vinculados. Calviño ha destacado que el 73% de las operaciones concedidas con cargo a la línea de liquidez tenían un plazo de devolución de entre 4…

06 noviembre 2020

Las plataformas de streaming, obligadas a dar el 5% de sus ingresos a obra europea

Las plataformas de streaming tendrán que destinar el 5% de sus ingresos generados en España a la financiación de obra audiovisual europea, bien se trate de películas como de series. Así lo han señalado desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Principales en relación a las novedades del anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual. Una nueva legislación, muy esperada desde hace años por los países europeos, que será sometida a audiencia pública desde este viernes hasta el próximo 3 de diciembre y en la que se tratarán, entre otros aspectos, que las plataformas que generen en España una facturación superior a 50 millones de euros al año deberán destinar el 5% de sus ingresos a la financiación de obra audiovisual europea o a la contribución al Fondo de Protección de la Cinematografía. En el caso de que la facturación sea inferior, deberá destinarse el 5% de dichos ingresos a la financiación de obra audiovisual europea, a la compra de derechos de obra audiovisual europea terminada o a la contribución al Fondo de Protección de la Cinematografía. Solo estarán exentos de esta obligación aquellos con una facturación generada en España que sea inferior a los 10 millones de euros al año. Sin embargo, esta no es la única medida del anteproyecto de esta nueva Ley. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal tendrán que reservar a obras audiovisuales europeas el 51% del tiempo de emisión, y el 50% de este porcentaje será para lenguas oficiales en España y, de este, el 10% se reservará a obras de productores independientes. Por su parte, las plataformas de vídeo en 'streaming' como Netflix o HBO deberán reservar un 30% de su catálogo a obras europeas, y el 50% de esa cantidad será, igualmente, para obras en lenguas oficiales en…

14 enero 2019

Las autonomías manejarán 6.500 millones más este año y los ayuntamientos hasta un 7,6% más

Las comunidades autónomas recibirán un total de 129.899 millones de euros en 2019, de aprobarse los Presupuestos Generales del Estado (PGE); lo que supone un 6,4% más que en el ejercicio anterior. O lo que es lo mismo, 6.500 millones de euros más que en 2018. Así consta en el proyecto de Ley de PGE para 2019, presentado este lunes en el Congreso de los Diputados por la ministra socialista de Hacienda, María Jesús Montero; tras conocerse el acuerdo alcanzado hace unas semanas entre la extrema izquierda de Podemos y el PSOE de Pedro Sánchez. Por su parte, las entidades locales percibirán un total de 19.329 millones de euros en 2019, un 7,6% más que en 2018. Según el Ministerio de Hacienda, "el Gobierno tiene voluntad clara de mejorar la financiación de las administraciones territoriales y ello queda demostrado en los Presupuestos". De esta manera, añade el Libro Amarillo en el que se presentan los Presupuestos, "también se contribuye al refuerzo del Estado de Bienestar, dado que estas administraciones son las encargadas de al prestación de los servicios públicos básicos de sanidad, educación y servicios sociales".

11 enero 2019

El Consejo de Ministros da luz verde hoy al proyecto de ley de Presupuestos

El Consejo de Ministros aprueba este viernes el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, entregará el próximo lunes en el Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación. Paralelamente, se aprobará el cuadro macroeconómico donde el Gobierno contempla una rebaja de su previsión de crecimiento hasta el 2,2%. Una vez aprobados por el Consejo de Ministros y remitidos a la cámara baja, se dará el pistoletazo de salida para la tramitación parlamentaria de las cuentas públicas, que según el artículo 133 del Reglamento del Congreso goza de preferencia y que suele desarrollarse en unos tres meses. Tomando como referencia la tramitación de los PGE de 2018, ésta se inició el 3 de abril de 2018, con su llegada al Congreso, y finalizó el 28 de junio, con su aprobación definitiva en el Pleno de la Cámara Baja tras votar las enmiendas que habían sido incorporadas anteriormente en el Senado.