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La empresa de satélites de Richard Branson acaba en bancarrota

Virgin Orbit en bancarrota tras anunciar el despido del 85% de la plantilla y el cese de operaciones La compañía de lanzamiento de satélites Virgin Orbit, perteneciente al grupo Virgin del magnate británico Richard Branson, ha comenzado el procedimiento voluntario para acogerse a la protección del Capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos con el propósito de llevar a cabo la venta del negocio buscando maximizar su valor y el de los activos, según ha informado la empresa. El procedimiento iniciado en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos en el Distrito de Delaware por Virgin Orbit Holdings y sus filiales estadounidenses para efectuar la venta del negocio cuenta con el apoyo de Virgin Investments Limited en forma de financiación por importe de 31,6 millones de dólares (29 millones de euros). Tras la aprobación del Tribunal de Quiebras, se espera que esta financiación proporcione a Virgin Orbit la liquidez necesaria para continuar operando a medida que avanza en el proceso de marketing iniciado para vender la empresa y buscar una transacción que maximice el valor para el negocio y sus activos. La compañía ha indicado que espera una conclusión rápida de su proceso de venta para brindar claridad sobre el futuro a sus clientes, proveedores y empleados, añadiendo que, mientras tanto, Virgin Orbit continuará operando bajo la jurisdicción del tribunal de quiebras y de conformidad con las disposiciones aplicables del Código de Quiebras de EE.UU. La semana pasada, Virgin Orbit comunicó el despido del 85% de su plantilla y el cese de sus operaciones, después de que la empresa no lograse acceder a la financiación necesaria para continuar con su actividad. La compañía, fundada en 2017 y enfocada al desarrollo de cohetes para transportar pequeños satélites, no logró alcanzar beneficios como empresa cotizada y su posición se…
El banco italiano Aigis Banca fue sometido a un proceso de liquidación bancaria este domingo, por lo que fue vendido al precio simbólico de un euro a Banca Ifis debido a la elevada exposición que tenía la entidad financiera a la quebrada Greensill Capital. Según informaron las autoridades italianas, la decisión de liquidación se tomó a nivel local, en lugar de a nivel europeo, debido a que las entidades de menor tamaño están supervisadas por las autoridades locales. De esta forma, el Ministerio de Economía y Finanzas italiano decidió el viernes acometer la liquidación, a propuesta del Banco de Italia y con el FITD, el fondo italiano de garantía de depósitos. "La intervención de Banca Ifis hace posible evitar las severas consecuencias sociales y económicas de una situación que ha surgido en Aigis Banca como resultado de su exposición a Greensill Bank, que está en situación de insolvencia desde marzo", ha indicado el consejero delegado de Banca Ifis, Frederik Geertman. El ejecutivo ha explicado que la intervención de su entidad "protegerá" los ahorros de los clientes minoristas, garantizará la continuidad del negocio y salvará los empleos de los trabajadores del banco liquidado. "Aigis Banca está especializada en el crédito a pequeñas y medianas empresas y recauda fondos a través de cuentas corrientes remuneradas y cuentas de depósitos. Las similitudes con el negocio de Banca Ifis nos permitirá gestionar el proceso de integración de forma efectiva", ha apostillado. En concreto, la entidad se ha hecho con 298 millones en créditos a pymes avalados por el Estado, con 135 millones de bonos soberanos y con todos los depósitos del banco, incluyendo 440 millones de euros procedentes de clientes minoristas. En el proceso de liquidación han quedado excluidos los valores relacionados con Greensill, los activos fiscales, la deuda emitida por Aigis y algunos…
El Tribunal Supremo ha fallado a favor de la Junta de Castilla y León, una sentencia que abre la vía a recursos de otras autonomías en la misma situación y que podría suponer el pago de hasta 4.150 millones de euros En concreto, la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección de los Servicios Jurídicos, interpuso un recurso contencioso-administrativo el 25 de septiembre de 2020, después de que el Consejo de Ministros desestimara por falta de respuesta la reclamación del pago de las cantidades debidas a la Junta de Castilla y León por las repercusiones en la liquidación del sistema de financiación del ejercicio 2017 correspondientes al IVA, que sumaban 182 millones de euros. El Ejecutivo regional solicitaba al Gobierno de España que se pagaran a la comunidad las cantidades debidas como consecuencia de la pérdida de ingresos en la mencionada liquidación correspondiente al IVA, que ascienden a 120,49 millones de euros, a lo que se suman las cantidades correspondientes al nuevo cálculo de la variación de los ingresos tributarios del Estado y su repercusión en los fondos del sistema de financiación autonómica, que ascendía a otros 61,51 millones de euros. Esta última cantidad corresponde a 30,98 millones de euros del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, 21,21 millones de euros del Fondo de Suficiencia Global y 9,32 millones de euros del Fondo de Cooperación. Con este fallo, el Tribunal Supremo "reconoce" la "importancia" de la prueba aportada por los Servicios Jurídicos en el recurso. Así, como se destaca desde el Ejecutivo regional, la Junta "ha intentado llegar a una solución consensuada previa a la judicial, y ha realizado en los últimos dos años numerosos intentos para la reclamación del pago de las cantidades que se adeudan a Castilla y León por las repercusiones en la…