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Europa condena a España por incumplir las normas de contadores de agua caliente y calefacción

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha condenado este jueves a España por haber incumplido la directiva sobre eficiencia energética en lo respectivo a las normas sobre la instalación de dispositivos de medición individuales de consumo de calefacción, refrigeración y agua caliente en edificios. La Justicia europea ha dado así la razón a la Comisión Europea, que había denunciado a España ante el tribunal de Luxemburgo en marzo de 2019. Bruselas había abierto un procedimiento de infracción un año y medio antes, pero España no resolvió en ese tiempo las dudas planteadas por las autoridades comunitarias sobre esta disposición de la directiva sobre eficiencia energética. En concreto, el Ejecutivo comunitario cuestionaba que España hubiera trasladado a su legislación nacional el artículo de dicha normativa que obliga a instalar contadores de calor o de agua caliente cuando se suministren calefacción y refrigeración o agua caliente en un edificio a partir de una red de calefacción urbana o de una fuente central que abastezca varios edificios. España respondió que iban a revisarse las disposiciones nacionales en vigor para adaptarlas a las orientaciones publicadas por la Comisión Europea para facilitar la aplicación de este artículo de la directiva. Esto ocurriría, aseguraron las autoridades españolas, como muy tarde en julio de 2018.Sin embargo, Bruselas llevó a España ante el TUE al comprobar que España no había cumplido. En la sentencia dictada este jueves, el Tribunal de Justicia declara que España ha incumplido la directiva sobre eficiencia energética por no haber adoptado en el plazo previsto todas las disposiciones nacionales necesarias para cumplir el artículo sobre medidores individuales. El tribunal de Luxemburgo ha subrayado que el plazo del ultimátum que Bruselas lanzó a España expiraba el 9 de mayo de 2018, fecha en la que todavía no había trasladado a la legislación…
El Parlamento Europeo ha solicitado este jueves que se pongan en marcha una serie de normas comunes en el teletrabajo con el fin de garantizar unas condiciones laborales “dignas” tanto en las horas de trabajo, las vacaciones, así como el derecho a la desconexión y a la conciliación laboral. Así lo han aprobado los eurodiputados en un informe sobre empleo y políticas sociales en la eurozona en el que se apunta que la pandemia “"ha puesto de manifiesto la importancia de las soluciones digitales, en particular el teletrabajo, y la necesidad de establecer normas a ese respecto a nivel europeo”. Y es que el teletrabajo como fórmula laboral ha sido el gran reclamo de muchas empresas durante la etapa de confinamiento que han vivido millones de personas en todo el mundo. Tal y como ha señalado la Eurocámara, con unos regímenes de trabajo flexible debidamente regulados, los teletrabajadores "pueden desempeñar un papel importante en la preservación del empleo, apoyar un mejor equilibrio entre vida profesional y privada, contribuir a la reducción de las emisiones de CO2, mejorar las oportunidades laborales de personas discapacitadas y servir como herramienta para abordar la despoblación rural". Por ese motivo la Comisión ha instado a elaborar una "agenda" comunitaria en este aspecto en la que se incluya un “marco legislativo” donde garantice unas condiciones laborales “dignas”. No solo eso. El informe aboga por prestar "una especial atención" a los grupos de la población que durante la pandemia "han experimentado las mayores dificultades para conciliar vida laboral y vida familiar al teletrabajar”: familias monoparentales, familiares que deben proporcionar cuidados continuos a personas dependientes, etc. El objetivo de la Comisión con esta propuesta es "allanar el camino" de una nueva "era" en la que la UE cumpla sus objetivos "sociales”. Pero, para lograrlo, deben destinarse más fondos…