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Los riesgos de imponer una jornada laboral de 32 horas semanales

Por Juan Ramón Rallo. Una de las últimas propuestas efectuadas por Más Madrid y que rápidamente ha contado con el aval de Unidas Podemos ha sido la de reducir la jornada laboral a tiempo completo hasta los cuatro días a la semana o, lo que es lo mismo, hasta las 32 horas de trabajo semanal en lugar de las 40 actuales. Si hace aproximadamente un siglo se logró una jornada laboral de un máximo de 8 horas diarias y hace cuatro décadas se rebajó hasta las 40 horas semanales, ¿por qué no dar un paso más allá hasta las 32 horas semanales repartidas en cuatro días? A este respecto, empecemos aclarando un par de puntos que, acaso por evidentes, muchas veces dejan de explicitarse en este tipo de debates. Por un lado, el acortamiento de la jornada laboral máxima que se está planteando es un acortamiento sin una paralela rebaja salarial (y, por consiguiente, incrementar en un 25% el salario por hora trabajada). Por otro, la propuesta aspira a ser impuesta por ley sobre el conjunto del tejido empresarial y no mediante acuerdos voluntarios entre las partes. Así pues, el objetivo equivale a aplicar una reducción obligatoria de la jornada laboral que prima facie supone un incremento del coste por hora trabajada del 25%. El riesgo de esta operación es provocar una amplia destrucción de empleo si las empresas son incapaces de absorber de golpe semejantes sobrecostes (algo especialmente complicado de lograr después de una pandemia que ha contraído enormemente los márgenes de ganancia de nuestro tejido productivo). Al final, pues, podría resultar que, queriendo facilitarles la vida a los trabajadores, se la terminen complicando al condenar a muchos de ellos al desempleo involuntario. Por supuesto, los impulsores de esta medida sostienen que tales quebrantos no se materializarán debido a…
La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado este martes que el Ejecutivo remitió ayer, lunes, las dos 'fichas' relativas a la reforma laboral y de las pensiones públicas en el marco del Plan de Reformas e Inversiones, sin incluir finalmente la elevación a 35 años del cómputo de la vida laboral para calcular las pensiones. Así lo ha señalado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha detallado que los dos últimos componentes del Plan de Reformas e Inversiones se elaboraron y remitieron a Bruselas "en la tarde de ayer" y se han abordado en una reunión con los agentes sociales, al tiempo que ha recordado que se encuadran también en la "hoja de ruta" desplegada por el Gobierno de coalición desde el acuerdo de investidura. Montero ha explicado que la elaboración de los "dos últimos componentes" del Plan de Recuperación -reforma laboral y pensiones- y del resto ha conllevado un trabajo "muy intenso" por parte de todos los departamentos del Ejecutivo, que envió antes de final de 2020 la "gran parte" de reformas e inversiones, sobre las que prioritariamente proyectará los 72.000 millones de transferencias que recibirá España de fondos europeos hasta 2023 y los 60.000 millones del Plan de Recuperación. La ministra ha confirmado que el último borrador enviado a Bruselas sobre la reforma de las pensiones "no lleva ningún tipo de alteración respecto a lo que actualmente existe" sobre el cómputo de las pensiones, por lo que finalmente el Ejecutivo ha decidido no incluir la propuesta de ampliar a 35 años el cómputo de la vida laboral para calcular las pensiones. En todo caso, ha indicado que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, está dando "muestra" en el diálogo social de que el…
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha valorado "muy positivamente" la propuesta del Gobierno para la subasta de los 20 MHz de espectro en la banda entre 3,4 y 3,8 GHz, pero propone que el adjudicatario pague de forma anualizada el importe fijado y las concesiones se definan en bloques de 5MHz, como ocurrió en la anterior subasta en la misma banda celebrada en el verano de 2018. En su informe sobre al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la CNMC valora "muy positivamente" el proyecto de Orden, puesto que avanza en el proceso de poner a disposición del mercado los recursos radioeléctricos necesarios para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas y en particular para el despliegue de redes 5G. En este sentido, subraya que la licitación de los 20 MHz previstos permitirá acometer la necesaria reordenación de la banda de 3,4-3,8 GHz, para que los distintos operadores puedan disponer de sus bloques de frecuencias contiguos y de esta forma poder ofrecer a los usuarios todo el potencial de la nueva tecnología móvil en esta banda. En cuanto al proceso de subasta en sí mismo, la Comisión defiende que las condiciones fijadas por el Ministerio deberían ser análogas a las de la última licitación similar, las aprobadas para el procedimiento que se llevó a cabo en 2018 en el que se licitaron 200 MHz en la banda de 3,4-3,8 GHz. Así, señala que "en líneas generales" el proyecto presentado cumple con esta premisa, siendo la mayoría de cláusulas equivalentes a las del de 2018. Por ejemplo, el modelo de subasta simultánea ascendente de múltiples rondas elegido es el mismo que en 2018 y los importes fijados para acreditar la solvencia económica, financiera, técnica y profesional son equivalentes, adaptándolos al volumen licitado. Por el contrario,…
El Partido Popular introdujo ayer varias enmiendas en el Senado para tratar de frenar el impuesto a la banca del impuesto de actos jurídicos documentados para primeras viviendas, además de presentar una nueva iniciativa para regular las hipotecas verdes. Ciudadanos votó a favor, logrando así el respaldo a la propuesta. No obstante, el texto definitivo debe superar aún su aprobación en el Pleno del Congreso de los Diputados que se celebrará la próxima semana, pudiendo sufrir cambios hasta entonces, matizan fuentes parlamentarias. El Partido Popular trató, sin éxito, fijar un tipo cero en el impuesto hipotecario en su paso por el Congreso, pero ahora parece haber concitado el apoyo de otras coaliciones limitando su aplicación en formalizaciones para la compra de la primera residencia. En cuanto a la hipoteca verde, el senador del PP y miembro ponente de la ley, Miguel Ángel Valverde, explicó que busca "promover el capital privado" hacia proyectos que mejoren la eficiencia energética. Las hipotecas verdes reguladas en una disposición adicional incorporada a la norma en tramitación son aquellas financiaciones para mejoras en inmuebles ya edificados que busquen optimizar la citada eficiencia energéticas, o proyectos nuevos de inversión con el mismo propósito, para el ahorro de agua o uso y almacenamiento de energías de fuente renovable. La principal ventaja que el PP busca reconocer al producto es que goce de los privilegios de los créditos refaccionarios pudiendo anotarse de manera preventiva telemática en el registro de la propiedad sin necesidad de otorgamiento de escritura pública y estando libre precisamente del polémico impuesto de actos jurídicos documentados cuando dicha anotación se convierta en inscripción definitiva. También gozarán de un orden de prelación, en caso de ejecución hipotecaria, ventajoso. No tendría prelación de cobro sobre los títulos hipotecarios emitidos sobre dicha financiación pero sí frente a otros terceros,…
El secretario general del Partido Popular, Pablo Casado, presentará una iniciativa contra la ocupación de viviendas, que se detallará próximamente en el Congreso de los Diputados, concretamente para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde se planteará reforzar las medidas existentes en este terreno. El líder de los populares estará acompañado en el acto de presentación por algunos de los candidatos municipales de su partido procedentes de municipios donde la problemática de los 'okupas' es más frecuente.
La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) mostró ayer su firme rechazo a los planes del Gobierno socialista (filtrados ayer por el propio Ejecutivo) que propone la prohibición de la fabricación de vehículos de combustión a partir de 2040 -en caso de seguir en el poder y contando con el visto bueno del Congreso- en un borrador que maneja el Ministerio para la Transición Ecológica del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. En un comunicado, la asociación valoró dicha medida como “excesiva en sus objetivos y acelerada en sus plazos”. En concreto, ANFAC considera que “en la práctica, esto significa ir en contra del principio de neutralidad tecnológica defendido al máximo por la Unión Europea”. Además, la asociación indicó que la propuesta “prohíbe cualquier subvención que favorezca el consumo de combustibles fósiles” lo que “significa que sólo se podrán subvencionar los vehículos eléctricos puros, con lo que desactiva los actuales planes de apoyo al vehículo alternativo y discrimina, desde ya, a una tecnología limpia y eficiente frente a otras, que deben servir de puente para alcanzar la movilidad cero y bajas emisiones”. Por ello, ANFAC resalta que “la industria está totalmente comprometida con la descarbonización del parque automovilístico” pero que la transición hacía “una movilidad cero y bajas emisiones” ha de ser “ordenada, justa y rentable, desde el punto de vista social y económico”, según afirmó su vicepresidente ejecutivo, Mario Armero. ANFAC además critica que el Gobierno “no ha contado con la opinión de las asociaciones del sector ni de los sindicatos” a la hora de redactar este proyecto cuando el clima entre ministerios y asociaciones era “de total interlocución y colaboración”. Por último, para ANFAC “este proyecto de Ley tiene una serie de implicaciones económicas, laborales, sociales y de políticas de movilidad, con…