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Bruselas multa con 20 millones a Abengoa por participar en un cartel europeo de etanol

Abengoa coordinó sus actividades comerciales con otras compañías de manera regular para influir en la fluctuación de los precios La Comisión Europea ha anunciado este viernes una multa de 20 millones de euros para Abengoa por participar en un cartel europeo para pactar los precios mayoristas del etanol entre septiembre de 2011 y mayo de 2014. "Sancionamos a Abengoa, antiguamente uno de los mayores productores de etanol en la UE, por intentar influir en los precios de referencia en el marcado del etanol", tal y como ha recogido Europa Press en base a la confirmación por parte de la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Margrethe Vestager, quien ha subrayado que Bruselas tiene "tolerancia cero" con los carteles. El Ejecutivo comunitario descubrió al investigar el comportamiento de la compañía que coordinó sus actividades comerciales con otras compañías de manera regular, con ella la compañía española quiso de manera "artificial" influir en la fluctuación de los precios, subiéndolos o evitando que cayeran. La compañía se beneficia de un 10% de reducción en la sanción La compañía admitió a Bruselas su participación y responsabilidad en el cartel, lo que le ha permitido beneficiarse de un 10% de reducción en la sanción. También presentó una solicitud de incapacidad contributiva y la Comisión, tras examinar la situación de Abengoa, decidió concederle otra reducción, con lo que la sanción quedó finalmente fijada en 20 millones. Según Bruselas, entre las prácticas irregulares de Abengoa también figura la de limitar el suministro de etanol por el puerto de Rotterdam, una de las entradas comerciales de etanol más importantes de Europa, con el objetivo de reducir los volúmenes disponibles. Además considera probado que los intermediarios de Abengoa tuvieron contactos ilegales con agentes de otras compañías para coordinarse con ellos a través de chats, "antes durante y después"…
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España deberá invertir mas de 5.000 millones de euros en infraestructuras de agua para evitar ser sancionada

España requiere de una inversión superior a los 5.000 millones de euros para mejorar el cumplimiento de las directivas y recomendaciones europeas en materia de agua y evitar sanciones millonarias por no contar en varias poblaciones con sistemas de tratamiento de aguas residuales. Así lo ha trasladado la asociación de empresas constructoras y concesionarias de infraestructuras Seopan, con motivo de la celebración este lunes 22 de marzo del Día Mundial del Agua y coincidiendo con los objetivos de la ONU de reducir en un 50% las aguas residuales sin tratar para 2030. Sin embargo, solo el 32% de los municipios españoles de más de 10.000 habitantes disponen de sistemas de depuración terciarios, incumpliendo así por más de 30 años las directivas que marca la Comisión Europea e incurriendo en la imposición de multas. Asimismo, España es el país europeo en el que más varían las tarifas dependiendo del territorio, pudiendo incrementarse hasta en cinco veces el precio por metro cúbico de agua dependiendo de dónde se viva, ya que algunas Comunidades Autónomas repercuten el 100% de los costes del ciclo integral del agua a los consumidores y otras no lo hacen, a pesar de que la directiva lo impone. BAJA INVERSIÓN Otro dato más en contra de España es la inversión pública en protección de medio ambiente, en torno a 24 euros por habitante, un importe un 47% inferior a la media de la Unión Europea, lo que ha hecho que el país ya supere a Grecia en número de expedientes de infracción abiertos por este bajo nivel de inversión. Según las estimaciones de Seopan, la solución a todos estos problemas requiere destinar 1.600 millones para la gestión integral de recursos hídricos, con nuevas presas de reutilización de aguas residuales o estanques de tormentas, y otros 3.500 millones en medidas…
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La CNMV expedienta a Abengoa por no remitir el informe financiero de 2019

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha acordado incoar un expediente administrativo sancionador por infracción "muy grave" a Abengoa, por la no remisión y difusión pública, en plazo, del informe financiero anual individual y consolidado de 2019. El Comité Ejecutivo de la CNMV, en su reunión del pasado día 11 de febrero de 2021, acordó incoar un expediente administrativo sancionador para la empresa andaluza y los miembros de su consejo de administración en el momento de los hechos. La publicación de este acuerdo este martes se produce una vez notificado a los interesados, conforme a lo dispuesto en el artículo 313 quinquies de la Ley del Mercado de Valores. Precisamente hace unas horas, Abengoa solicitó la declaración de concurso voluntario de acreedores tras no lograr que los acreedores financieros otorgara los consentimientos para extender de nuevo el plazo para el cierre y ejecución del acuerdo de reestructuración. La CNMV precisa que este comunicado no prejuzga el resultado final del expediente sancionador en el que los expedientados contarán con todos los medios que el ordenamiento jurídico les confiere para la defensa de sus derechos.
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Banco de España impone una multa de 900.000 euros a Cajamar por una infracción grave

El Banco de España ha impuesto una sanción de multa por importe de 900.000 euros -tras la aplicación de una rebaja del 40%- a Cajamar Caja Rural Sociedad Cooperativa de Crédito por la comisión de una infracción grave de la ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. Se trata, por un lado, del incumplimiento de una orden y una circular del Banco de España relativo a la entrega de la información precontractual, sobre todo en supuestos de novaciones. La sanción de multa también está relacionada con la omisión de la TAE en la documentación contractual y con saltarse la información relativa al cálculo de esta misma tasa. La sanción ya es firme en vía administrativa, según ha hecho público este lunes el organismo supervisor presidido por Pablo Hernández de Cos.
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Las empresas que no devuelvan el dinero tras aplicar cláusulas abusivas serán sancionadas

El Gobierno ha modificado el régimen sancionador de la Ley de Consumidores para facilitar que los afectados por cláusulas abusivas recuperen su dinero, según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE). El objetivo de esta medida, aprobada por el Consejo de Ministros, es garantizar que los clientes afectados por cláusulas abusivas recuperen su dinero. La declaración de una cláusula como abusiva supone la nulidad de la misma con efectos retroactivos. Por tanto, las empresas están obligadas, no solo a dejar de incluir esa cláusula en los nuevos contratos, sino también a devolver todo lo cobrado en el pasado de forma ilícita. La medida aprobada ahora facilita que los consumidores recuperen su dinero sin tener que acudir a los tribunales para exigir las devoluciones de los pagos realizados hasta ahora. La modificación del régimen sancionador de la Ley de Consumo aprobada establece como infracción que las empresas no eliminen los efectos provocados por las cláusulas abusivas. Por tanto, las empresas que no sean proactivas en compensar a las personas consumidoras por los hechos pasados serán sancionadas. Según ha informado el Ministerio de Consumo, la introducción de cláusulas abusivas en los contratos es una infracción de la normativa de consumo que puede ser sancionada por las autoridades de las comunidades autónomas donde se hubiesen suscrito los contratos. Sin embargo, el ministerio admite que, debido a los plazos de prescripción, en muchas ocasiones estas cláusulas no podían ser perseguidas, aun cuando sus efectos perviviesen. Ahora, aunque la inclusión de la cláusula abusiva haya prescrito, si sus efectos pasados no han sido compensados, seguirán pudiendo ser sancionados. Para evitar la impunidad de estos hechos, tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de julio de 2020 sobre estas cláusulas abusivas, el Ministerio de Consumo propuso a las comunidades…
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Francia multa a Google y Amazon por instalar 'cookies' sin permiso

La Comisión Nacional de la Informática y las Libertades (CNIL), la autoridad francesa en materia de privacidad, ha sancionado con 100 millones de euros a Google y con otros 35 millones a Amazon por haber instalado en los ordenadores de los usuarios 'cookies' publicitarias sin consentimiento de estos. En concreto, el regulador galo ha sancionado con una multa de 60 millones de euros a Google y con otros 40 millones de euros a Google Ireland. En el caso de la compañía fundada por Jeff Bezos, la sanción de 35 millones de euros ha sido impuesta a Amazon Europe Core. La Comisión ha justificado los importes de las sanciones por la "gravedad del incumplimiento del artículo 82 de la Ley de Protección de Datos", destacando los "considerables beneficios" que obtienen las empresas a través de los ingresos publicitarios generados indirectamente mediante los datos recogidos por estas 'cookies' y señalando que, en el caso del motor de búsqueda, estas prácticas habían afectado a casi cincuenta millones de usuarios en Francia. En este sentido, el regulador indicó que, tras la actualización acometida por Google en septiembre de 2020, las empresas han dejado de almacenar automáticamente 'cookies' publicitarias en las computadoras de los usuarios tan pronto este entraba a la web francesa del buscador, así como tampoco la web de Amazon en el país galo. Sin embargo, la Comisión considera que el nuevo 'banner' informativo desplegado por las compañías aún no permitía a los internautas residentes en Francia comprender que estos rastreadores publicitarios se utilizan principalmente para mostrarles anuncios de publicidad personalizados y que aún no se informa claramente a los usuarios de la posibilidad de rechazar estas 'cookies'. En consecuencia, además de las multas administrativas, CNIL decidió imponer de forma cautelar una multa de 100.000 euros diarios a las compañías si transcurrido un…
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Naturgy y Endesa recurrirán ante la Audiencia Nacional las multas de la CNMC

Naturgy y Endesa van a recurrir las multas de 25,3 millones de euros impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por presentar precios elevados en sus ofertas al mercado eléctrico que habrían alterado el precio de generación entre octubre de 2016 y enero de 2017. Así lo explicaron a Servimedia sendos portavoces de estas compañías, que sostuvieron que en todo momento cumplieron con la normativa del mercado eléctrico. Además, en el caso de Endesa, el portavoz consultado lamentó que la CNMC no haya tenido en cuenta las alegaciones presentadas durante la tramitación del expediente, ya que sostuvo que demostraban la existencia de “errores palmarios” del organismo presidido por José María Marín Quemada. De hecho, aseguró que la compañía está convencida de que con esos mismos argumentos logrará demostrar ente de la Audiencia Nacional que las multas, que en el caso de Endesa son de 5,8 millones, no están justificadas. A este respecto, denunció que las imputaciones se basan en meros indicios que no solo no han sido correctamente probados si no que contienen errores que permiten alcanzar unas conclusiones que en absoluto se compadecen con la realidad. En la misma línea, sentenció que ninguno de los hechos que la CNMC dice acreditar ha sido debidamente probado. Por último, reiteró que no existen indicios sólidos ni razonables de que Endesa haya cometido una infracción por lo que Endesa considera que la CNMC no ha respetado su derecho de defensa de la compañía. En el caso de Naturgy, el portavoz defendió que su actuación cumplió en todo momento con las reglas establecidas en la Ley del Sector Eléctrico y su normativa de desarrollo para la actividad de generación y por tanto concluyó que no puede ser sancionada. En concreto, rechazó la base de la sanción, que es…
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Borrell, cuarto ministro con las manos sucias del Gobierno Sánchez

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido "imponer a don José Borrell Fontelles, por la comisión de una infracción muy grave del artículo 282.6, en relación con el artículo 227.1.a) del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto 4/2015, de 23 de octubre, por la venta por cuenta de un tercero de 10.000 acciones de Abengoa, S.A., por un importe de 9.030 euros, el 24 noviembre de 2015, disponiendo de información privilegiada sobre este emisor, una multa por importe de 30.000 euros (treinta mil euros)". Así de contundente reza la resolución hecha pública en el BOE con fecha 15 de noviembre de 2018, que ha trascendido hoy. El escándalo ha llegado ya a las filas de sus socios parlamentarios y Pablo Iglesias ha pedido ya el cese fulminante del ministro Borrell Fontelles. El ministro que hablaba hace poco de llenar de serrín y estiércol el hemiciclo, tendrá ahora que responder ante la cámara baja y el conjunto de la sociedad de este comportamiento ilegal y nada ético que se llama uso de información privilegiada para el propio beneficio. Borrell se une a la lista de los ministros dimitidos, reprobados y descubiertos con las manos en la masa: desde Maxim Huerta "El breve", hasta más recientemente Nadia Calviño, el astronauta Pedro Duque, o la ministra de Justicia y amiga de Villarejo, Dolores Delgado, por no mencionar el escándalo de la tesis doctoral del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que nadie se cree que sea suya a estas alturas de partido. Al Gobierno parecen quedarle horas. BOE-A-2018-16196
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