Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Sindicatos

Banco Santander firma el ERE para 3.572 empleos y 1.033 oficinas

La dirección de Banco Santander y el 82,99% de la representación sindical han firmado el acuerdo del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que supondrá la amortización de 3.572 puestos de trabajo, la reubicación de 1.500 empleados y el cierre de 1.033 oficinas. Según informaron a Europa Press fuentes sindicales tras la séptima reunión de la mesa del ERE, el acuerdo supone la reducción del perímetro de afectación de la cifra de extinciones inicialmente propuesta por la empresa. Un total de 1.500 personas no verán extinguidos sus puestos de trabajo, sino que 400 podrán recolocarse dentro del banco en Santander Personal y 1.100 en empresas del grupo. El colectivo procedente de la excedencia especial remunerada del ERE de 2016 de Banco Popular se reincorpora a la empresa a todos los efectos como plantilla del Santander, con lo que se da cumplimiento a las solicitudes de los sindicatos. Para los cinco sindicatos firmantes, la consecución de paquetes indemnizatorios "suficientes y dignos", en la línea de procesos anteriores, "minorará la naturaleza traumática que cualquier ERE conlleva". En este sentido, valoran que el acuerdo firmado "cuenta con los equilibrios suficientes y las compensaciones adecuadas" para evitar que se aplicase lo establecido en la reforma laboral en caso de que no se hubiese alcanzado acuerdo alguno. La gestión del proceso se dilatará a lo largo de todo el año que viene, aunque la intención del banco es abrir el periodo de voluntariedad para los empleados de servicios centrales, centro corporativo y EEII afectados hasta finales de marzo, mientras que para la red comercial el plazo acabará a mediados de julio, de forma que el Santander tendría cerrado el ERE en agosto. Las últimas unidades serán aquellas de servicios centrales que tienen que acompañar el proceso de cierres de oficinas, como recursos humanos y unidad…
El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha reconocido este viernes en una entrevista en Herri Irratia Radio Popular que habrá “un serio conflicto se bloquea la corrección de la reforma laboral” o se ejecutan “medidas que precaricen” el modelo laboral. Y es que, para el líder sindical, es necesario cambiar la actual regulación laboral. Según ha señalado Sordo, la actual está ideada “para el viejo modelo productivo español basado en pagar menos impuestos y menos salarios”. Un tipo que genera “bajos salarios, precariedad laboral y los peores proyectos empresariales”. Por eso considera que se han de transformar: “Empezando por derogar la reforma laboral para optar por un modelo laboral radicalmente distinto”. “Y si no lo hace, el Gobierno va a meter una bomba de profundidad en el diálogo social”, ha advertido. Precisamente por esto Unai Sordo ha alegado sentirse preocupado ante las informaciones que señalan que el Gobierno quiere plantear modificaciones a Europa en materia laboral. “Si el Gobierno bloquea la corrección de la reforma laboral o va a medidas que precaricen aún más el modelo laboral, el modelo de contratación de jóvenes, por citar algo, va a tener un serio conflicto con los sindicatos”, ha apuntado. De hecho, Sordo ha insistido en creer “que el Gobierno no está en disposición de meterse en ese lío político cuando lo que tiene que hacer es garantizar una mayoría para aprobar los PGE, por un lado, y para ir preparando reformas para un país más inclusivo, más igualitario y justo”. Y es que para el líder de CC.OO. hay una necesidad de aprobar los PGE “sí o sí” porque considera que no se puede continuar con unas cuentas públicas que “vienen de otro mundo y no sirven para España”. Unas palabras respaldadas por el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien…
El Gobierno ha anunciado una oferta pública de empleo para la Administración General del Estado de 18.266 plazas, 3.030 más que la última respuesta del Ejecutivo. No obstante, esta propuesta no ha gustado a los sindicatos laborales, los cuales la consideran “insuficiente” al entenderla inferior a la del año pasado. Este 2020 el Gobierno pretende aprobar una oferta de empleo público de 18.266 plazas, 9.270 de nuevo ingreso y 8.996 de promoción interna. Una cifra que no ha convencido a los sindicatos por ser menor que la de 2019: el pasado año se ofertaron 19.688 puestos, 11.338 de libre acceso y 8.350 de promoción interna. “No compartimos ni el volumen ni la distribución”, han asegurado desde CC.OO., quienes entienden que el Ministerio de Función Pública “vacía el Convenio único y abandona a los sectores más críticos de la Administración General del Estado, impulsando un modelo de Administración alejado de los problemas de la ciudadanía”. El motivo es que el año pasado se generaron 8.708 bajas en la administración, en su mayoría por jubilaciones. El sindicato propone que la oferta no se ubique por debajo de los 10.150 puestos, que resultarían de la aplicación del coeficiente de incremento de 2019, es decir, un 26% sobre la tasa de reposición. Por su parte, CSIF ha denegado también dicha propuesta del Ejecutivo al creer que “no se cubren las necesidades de la Administración”. Según los datos del sindicato, en diez años la Administración Central ha perdido 43.477 trabajadores. Y no solo eso. El 20% de la actual plantilla está al borde de la jubilación. En el lado opuesto se encuentra UGT, que ha visto con buenos ojos la oferta del Gobierno. “Se trata de una oferta de promoción interna récord que abre posibilidades de  progresión en la carrera profesional”.  A falta del acuerdo,…
Enésima reclamación laboral de los agentes de movilidad de Madrid al Ayuntamiento de Manuela Carmena, esta vez a cuenta de los uniformes. Tal y como denuncia el Sindicato Profesional de Agentes de Movilidad (SPAM) el Ayuntamiento de Madrid no les facilita el "vestuario adecuado" para las trabajadoras embarazadas y motoristas del colectivo, mientras "despilfarra grandes cantidades de dinero en gastos innecesarios de material y cambios de uniformidad". El colectivo emitió un comunicado en el que censuró que el Ayuntamiento invierta en “compras superfluas, como el cambio de color de los uniformes”, en lugar de “dotar de prendas de protección para los motoristas y pantalones premamá para las agentes embarazas”, un vestuario que, dicen, se tienen que costear con sus propios medios. También consideró un “despropósito” el “parcheo” que la Administración local está realizando con el color del uniforme de los agentes de movilización y dijo ignorar si la intención del Ayuntamiento es “crear un uniforme que ridiculice al Cuerpo y, por ende, a sus trabajadores, o, simplemente, es una muestra más de la indiferencia de éste por la imagen y la salud laboral de estos profesionales”. Manifestó su “disconformidad” con la elección de los asesores para el Ayuntamiento de Madrid, en materia de seguridad y salud laboral, por ser “delegados de uno de los sindicatos afines a esta corporación” y por “no ejercer su trabajo con la responsabilidad necesaria”. Por ello, rechazó la conducta del Consistorio con sus profesionales, “que no desean vestir ‘de colorines’ por un capricho político, solicitando que sí se invierta el dinero oportuno en equipos de protección para motoristas, ropa para las agentes embarazadas, mejora de la calidad del vestuario”.