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Naturgy plantea un ajuste del 18% de su plantilla en España

Naturgy ha planteado a los sindicatos un ajuste de unos 1.000 puestos de trabajo en España, en torno al 18% de su plantilla en el país, por medio de bajas incentivadas y voluntarias, según confirmaron a Europa Press en fuentes de la compañía. Esta propuesta, que ha sido planteada por la dirección del grupo en el inicio de las negociaciones con los sindicatos, contempla la voluntariedad de las bajas, para lo que Naturgy ofrecerá acogerse a las desvinculaciones de manera pactada. En concreto, la energética ha planteado la desvinculación de este personal en España atendiendo a la evolución del sector energético (descarbonización, transición energética, mayor competencia...), así como a criterios de eficiencia y digitalización. Las mismas fuentes de la compañía indicaron que la voluntad del grupo "siempre ha sido la negociación con la plantilla y ha estado y está en todo momento dispuesto al diálogo y la colaboración con la representación sindical". No solo para mayores de 55 años Según adelanta 'Economía Digital', esta propuesta para reducir la plantilla se amplía para toda la plantilla, por lo que ya no está solo destinada a los trabajadores más cercanos a la jubilación -mayores de 55 años-, como ha ocurrido anteriormente. Naturgy, cuyos principales accionistas son Criteria Caixa, CVC y GIP y se encuentra inmersa en una OPA parcial lanzada por el fondo australiano IFM para tomar hasta un 22,69% de su capital, cuenta en España con una plantilla de unos 5.400 empleados. La plantilla global de la energética ascendía a cierre de 2020 a unos 10.540 empleados, después de haberse visto ya recortada en los últimos años a través diversos planes de salidas pactadas. De esta plantilla total del grupo a cierre del año pasado, unos 5.318 empleados correspondían a España, siendo el 27,5% de ellos mayores de 50 años, según…
Iberdrola va a lo grande. Esto es lo que ha anunciado la compañía con motivo de su Capital Markets Day al informar sobre una proyecto de inversión histórico que tendrá un valor de 75.000 millones de euros entre 2020 y 2025, el mayor que ha realizado hasta la fecha una empresa española, con el objetivo de adelantarse a la transición y revolución energética. El grupo presidido por Ignacio Galán busca así reactivar la economía tras la pandemia del coronavirus mediante un proyecto cuyo 90% de inversión -68.000 millones de euros- será orgánico y busca consolidar su modelo de negocio de energías renovables, redes, almacenamiento y soluciones inteligentes para sus clientes. ¿Qué ocurre con esos 7.000 millones de euros restantes? Servirán para adquirir la compañía americana PNM Resources. Todo ello junto supondrá una inversión media de unos 10.000 millones de euros anuales hasta 2022 y de 13.000 millones de euros entre 2023 y 2025. Con ello la energética pretende obtener un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 15.000 millones de euros a 2025, es decir, 5.000 millones de euros más que el obtenido el año pasado. Además, registrará un crecimiento medio anual acumulado del 7% y  elevar su beneficio neto hasta los 5.000 millones de euros. Si nada se tuerce, al finalizar el periodo Iberdrola estima crecer en sus ganancias en un 47% con respecto a los 3.400 millones de euros alcanzados en 2019 y que se convirtieron en el beneficio récord de la compañía. Por otro lado, Iberdrola también ha revisado al alza sus perspectivas para 2022 con un beneficio neto en un rango de entre 4.000 millones y 4.200 millones de euros, frente a los 3.700 y los 3.900 millones de euros previstos para ese año.
El Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera, ha hecho públicos hoy unos planes que ocasionarán que los españoles paguemos, a partir de 2030, -momento en el que muchas de las actuales centrales nucleares habrán echado el cierre- más del doble de lo que actualmente estamos pagando en la factura de la luz. Además, de llevarse a cabo los planes socialistas de eliminar todas las energías fósiles en tan poco espacio de tiempo, las empresas españolas del sector industrial verán muy mermada su competitividad en los mercados internacionales. Fabricar aquí las cosas tendrá unos costes elevadísimos. Si al coste de la energía sumamos también los costes sociales de cada puesto de trabajo. Por si esto fuera poco, si del Ejecutivo de Sánchez dependiera, se prohibiría circular a todos los coches actuales: gasolina, diésel e híbridos. Esto son algunos de los puntos que se incluirán en el nuevo proyecto de ley que deberá ser aprobado próximamente por el Parlamento. La excusa: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 20%, con respecto a las cifras de 1990. Sin embargo, diversos expertos consultados por CAPITAL se han mostrado muy críticos con la efectividad de estas medidas y apuntan, no sin cierta ironía, que la mejor manera de cumplir esto objetivos sería echar el cierre al sector industrial al completo. De hecho, la prohibición que dará al traste con el sector del automóvil en España (director e indirectos), llevará a la desaprición de miles de puestos de trabajo. Pensemos por ejemplo, en la planta de Volkswagen de Landaben (Navarra), Seat en Martorell (Barcelona) o la de Ford en Almussafes (Valencia), por ejemplo. Estas pérdidas se unirán a las que sufrirá el sector nuclear en España, y a los trabajadores de las plantas de carbón o de ciclo combinado (gas+carbón).