Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Unión Europea

Jaque mate de la Unión Europea a la desinformación en internet

La nueva Ley de Servicios Digitales permitirá tomar medidas contra contenidos ilegales difundidos en internet y poner coto, así, a la desinformación online. Los negociadores del Parlamento Europeo, de los Veintisiete y de la Comisión Europea han alcanzado un acuerdo político sobre la nueva Ley de Servicios Digitales (DSA), la cual permitirá tomar medidas contra contenidos ilegales difundidos en internet y poner coto, así, a la desinformación online. La DSA se aplicará a todos los intermediarios on-line que presten servicios en la UE y afecta particularmente a gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Meta (la matriz de Facebook) o Twitter, identificados en el acuerdo como "las grandes plataformas y servicios digitales, las cuales, a partir de ahora, tendrán que llevar a cabo un análisis anual "encaminado a reducir los riesgos asociados a la difusión de contenidos ilegales o la manipulación de servicios con impacto en los procesos democráticos y la seguridad pública". De igual modo la ley introduce el concepto de "responsabilidad algorítmica" por el que "la Comisión Europea, así como los estados miembros, tendrán acceso a los algoritmos de las grandes plataformas on-line", obligadas a partir de ahora a eliminar los "productos, servicios o contenidos ilegales rápidamente después de que se hayan denunciado". "Este acuerdo pone fin a la era de las plataformas on-line que se comportaban como si fueran demasiado grandes para preocuparse", ha explicado el comisario europeo de Comercio, Thierry Breton, sobre una legislación que pretende ser uno de los grandes pilares de la legislación sobre Internet en el bloque europeo, junto con la Ley de Mercados Digitales. La ley también pone límite a los llamados "patrones oscuros de la web", sistemas de interacción empleados por algunas compañías en Internet destinados subrrepticiamente a la explotación económica de sus usuarios a través de preguntas engañosas, ausencia de comparaciones de…
A partir de enero de 2023 las empresas de determinadas características deberán informar de sus actividades sostenibles como si de una auditoría se tratase Ser sostenible. Este es el objetivo que para muchas empresas no solo es una opción, sino una realidad. Más si cabe después de que la Comisión Europea haya establecido la incorporación de la taxonomía medioambiental al tejido empresarial con el fin de conocer quiénes realmente cumplen con los fines sostenibles y quienes las citaron como papel mojado. ¿Qué hay que hacer para solicitarla? ¿Acaso una empresa puede ser multada en el caso de no tenerla? Y, en definitiva, ¿de qué se trata esta ‘taxonomía’?   “Para poder entenderlo hay que tener en cuenta que ahora mismo hay dos reglamentos en materia sostenible europea. Uno es el relativo al objetivo a medio plazo entre 2030 y 2050 que tiende a la descarbonización de la economía, a luchar contra el cambio climático y a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”, apunta en primera instancia Tomás Garicano, Senior Advisor de Atrevia y conocedor de los últimos cambios legislativos comunitarios en materia sostenible. El segundo y que más vinculado está con la nueva taxonomía, “el criterio para saber si una actividad se considera medioambientalmente sostenible”. Para ello, apunta el experto, “Europa lo que busca es saber si las actividades de una empresa son elegibles, es decir, si están incluidas dentro de una clasificación que hace esta normativa porque se entiende que dicha compañía contribuye sustancialmente a alguno de los objetivos medioambientales”. ¿Cómo puede afectar esta novedad al empresario? Este 2022 tendrá que comenzar a recabar información y a “tener en cuenta lo que son las ventas elegibles y los gastos operativos elegibles. Para ello tendrá que ir a sus cuentas de ventas, de contabilidad, y delimitar cuáles de…
Capital analiza con José Manuel Corrales (Universidad Europea) y Frédéric Mertens (Universidad Europea de Valencia) la carrera presidencial de las elecciones en Francia, afectadas por una guerra a las puertas de la Unión Europea Arranca la carrera presidencial hacia el Palacio del Elíseo de París para elegir al próximo presidente de la Quinta República francesa. Doce candidatos, ocho hombres y cuatro mujeres, inmersos en una campaña electoral en la que “es evidente que la guerra en Ucrania está aumentando el nivel de confrontación y crispación entre los partidos”, explica José Manuel Corrales, profesor Doctor de Economía y Empresa de la Universidad Europea. Es una decisión directa que recae sobre la ciudadanía francesa, ya que se trata de una designación que ofrece una segunda vuelta el próximo 24 de abril, si los aspirantes no consiguen la mayoría absoluta entre los 577 escaños de la Asamblea Nacional en la primera ronda. Frédéric Mertens, profesor y coordinador del grado de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia. En una conversación con Capital, Frédéric Mertens, profesor y coordinador del grado de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia, analiza que “es la primera vez que las elecciones en Francia están contaminadas por temas exteriores y de gran magnitud como la guerra en Ucrania. Es más, el debate político está puesto entre paréntesis”. ¿A quién se enfrenta Emmanuel Macron? Las encuestas juegan a favor de Emmanuel Macron, actual presidente de la República francesa, candidato de La République en Marche [¡En Marcha!] y europeísta, pero cada vez las distancias se reducen frente a Marine Le Pen, líder de Ressemblement National [Agrupación Nacional]. ¿Cómo está el tablero político? Para Corrales ahora mismo en Francia, como en casi toda Europa, hay un nivel “enorme” de polarización. Además, comparte con Frédéric Mertens la idea de que se…
Capital analiza con Juan Vázquez Rojo, profesor e investigador en Economía en la Universidad Camilo José Cela y colaborador de ‘El Orden Mundial’, el papel de la economía de Estados Unidos como primera potencia económica mundial frente a la invasión rusa La actual estrategia geopolítica y económica se enmarca en un contexto protagonizado por las dos primeras potencias económicas mundiales: Estados Unidos y China. Ambas presentan relaciones diferentes con una Rusia más influyente que nunca en el mercado energético. Juan Vázquez Rojo, profesor e investigador en Economía en la Universidad Camilo José Cela y colaborador de El Orden Mundial. Estados Unidos no tiene una dependencia fuerte hacia Rusia y Ucrania debido a unas relaciones comerciales “relativamente pequeñas”, comenta Juan Vázquez Rojo, profesor e investigador en Economía en la Universidad Camilo José Cela y colaborador de El Orden Mundial. El peso de ambas economías en el comercio y en el Producto Interior Bruto (PIB) mundial “es de un 2% juntas”, que, en opinión de Vázquez, “es reducido, pero Rusia y Ucrania son exportadores de productos clave. En el caso de Ucrania, por ejemplo, el aceite de girasol o trigo y, en el caso de Rusia, gas, petróleo, fertilizantes, níquel o aluminio”. Pero esto no quiere decir que la economía de Estados Unidos no se vea afectada. “En su caso, es un país que exporta productos de alto valor añadido -chips, maquinaria o útiles electrónicos, entre otros- e importa materias primas de ambos países fronterizos”, advierte Vázquez a Capital, que entiende que “sí tendrá impacto” por la presencia de Rusia y Ucrania en los mercados de materias primas. “Cuando ocurre algo así con los principales productores de cualquier bien se hace notar en los precios mundiales, como con el petróleo. Aunque es difícil que Estados Unidos presente problemas de abastecimiento directamente porque…
El Parlamento Europeo ha aprobado prorrogar la itinerancia gratuita en Europa durante una década El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este jueves prorrogar diez años las reglas que permiten a los europeos hacer llamadas y navegar en Internet desde cualquier punto de la Unión Europea sin cargos adicionales de itinerancia, lo que permitirá su entrada en vigor antes de que expire en junio la actual suspensión del 'roaming', tal y como ha recogido Europa Press. El voto de la Eurocámara es el último paso formal para confirmar esta prórroga acordada el pasado diciembre con los Veintisiete, después de que la Comisión Europea propusiera mantener otra década una normativa que se puso inicialmente en marcha por un periodo de prueba de cinco años. Bruselas considera probado que su funcionamiento ha sido un éxito y que los operadores tienen herramientas suficientes para detectar posibles abusos y que se han evitado efectos negativos en los mercados nacionales. Bajo el principio de utilizar la telefonía móvil "como en casa", la Unión Europea suprimió el coste adicional por llamar, enviar SMS o conectarse a Internet en itinerancia --más conocido como 'roaming'-- siempre que el usuario cumpliera las condiciones de un "uso razonable" de esta ventaja, por ejemplo que el uso sea mayor en el país del contrato con el operador que en el exterior. Además de la prórroga se aprovechó esta revisión para introducir otras mejoras del sistema libre de 'roaming' tales como el derecho del usuario a tener la misma calidad y velocidad de conexión móvil en el lugar del viaje que el que dispone en casa, siempre que haya redes "equivalentes" disponibles. Otro de los cambios es garantizar que los viajeros tengan acceso gratuito a los números de emergencia, ya sea en llamadas o mensajes, incluso en la transmisión de información sobre…
Este es el 'top ten' por orden con más carga impositiva: Dinamarca, Alemania, Portugal, España, Polonia, Austria, Eslovaquia, Italia, Chipre y Bélgica España es el cuarto país de la Unión Europea con más impuestos en la factura eléctrica a los hogares, según datos de Eurostat que ha recogido Europa Press y correspondientes a la primera mitad de 2021 en relación a un año antes. Encabezan el podio de países con mayores impuestos en el recibo de la luz a los consumidores domésticos Dinamarca, Alemania y Portugal. Tras España, completan el 'top ten' de países con más carga impositiva Polonia, Austria, Eslovaquia, Italia, Chipre y Bélgica, por este orden. Así, al impuesto de producción eléctrica, que es el que está cedido a las comunidades autónomas, hay que sumarle los peajes y el IVA. En la actualidad, este último está reducido temporalmente al 10% desde el 21% habitual. Para hacer frente a la actual tensión de precios, el Gobierno ha prorrogado hasta el próximo 30 de junio las rebajas de impuestos vigentes a la electricidad, los descuentos adicionales del bono social y las ayudas para los consumidores industriales. Por otro lado, según los últimos datos de la Agencia Tributaria, en noviembre de 2021 se recaudaron 955 millones de euros a través del impuesto especial a los hidrocarburos. En ese mes, el 69,5% fue recaudado por las comunidades autónomas y corporaciones locales, y un 30,5% por el Estado. A esos impuestos hay que sumar los peajes, lo que se cobra para financiar la construcción de las infraestructuras, y el IVA. España, entre los primeros países en número de PPAs Cabe destacar que España ocupa además los primeros puestos en Europa por el número de contratos a largo plazo -PPAs- en electricidad de Europa. Un PPA (Power Purchase Agreement por sus siglas en inglés)…
La Unión Europea ha alcanzado un acuerdo para invertir en proyectos de renovables y digitalización en los Estados miembros, con objeto de agilizar la recuperación de la pandemia y ante la incertidumbre derivada de la guerra de Ucrania La Unión Europea movilizará 20.000 millones de inversión para proyectos de digitalización y renovables. El acuerdo suscrito entre la Comisión Europea, el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones está dotado con un presupuesto de 19.650 millones de euros que se destinarán a financiar proyectos en toda la UE en cuatro ámbitos: infraestructura sostenible, investigación, innovación y digitalización, pequeñas y medianas empresas e inversión social y formación, como parte del programa InvestEU, como recoge Europa Press. A esta cifra se sumarán 270 millones de euros adicionales para desarrollo de mercado, desarrollo de capacidades profesionales y servicios de asesoramiento de proyectos en las mismas. Esta financiación podrá ser utilizada para ayudar a las economías a afrontar las incertidumbres de los problemas de seguridad a nivel global. "Este acuerdo llega justo en el momento adecuado a medida que salimos de la pandemia y enfrentamos una creciente incertidumbre geopolítica", ha apuntado el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis Así, el programa InvestEU está dotado de 26,2 millones de euros en avales para financiar operaciones de inversión que se estima que movilizará, como mínimo, 372.000 millones de euros de inversión adicional hasta 2027 en toda Europa. Además, está previsto que los primeros proyectos del programa recibirán su aval en abril, tras ser presentados a la Comisión de Inversión. El Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones ejecutarán conjuntamente el 75% de los avales presupuestados, 19.650 millones de euros. Además, las entidades financieras nacionales podrán utilizar parte de estos avales para respaldar planes de inversión en proyectos. Por su…
Capital habla con José Manuel Corrales (Universidad Europea); Emilio Ordiz (20minutos y El Orden Mundial) ; y Andrei Boar (UPF Barcelona School of Management) sobre la repercusión de la crisis en Ucrania para la UE Inseguridad e incertidumbre son dos factores latentes y provocados por una guerra que afectará al conjunto de la actividad económica. Para José Manuel Corrales, profesor Doctor de Economía y Empresa de la Universidad Europea, “la invasión cruenta de Ucrania pone en serio riesgo la recuperación económica de España y Europa y, además, limita el impacto de los fondos Next Generation EU”. Frente a las sanciones impuestas a Rusia, la consecuencia más inmediata para Europa es la subida de los combustibles, la parte energética, porque, como añade Emilio Ordiz, periodista especializado en la Unión Europea en 20minutos y analista en El Orden Mundial, “hay una dependencia muy alta en la Unión Europea. Es una supeditación que se lleva intentando reducir años, pero no se ha hecho y ahora es cuando va a pagar ese peaje”. “Europa no se verá aislada de sus propias sanciones y los efectos colaterales que han tenido, como son la suspensión de la actividad de algunas empresas en Rusia o el cese de navieras”, comenta Andrei Boar, profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la UPF Barcelona School of Management. Considerando esta situación, el sector exportador, el industrial, los servicios, el transporte y todas aquellas tareas ligadas a la cadena de distribución, tal y como afirma Corrales, “son las actividades que pueden verse más afectadas, ante una inestabilidad que va a repercutir en el consumo, en la capacidad de compra y en el poder adquisitivo de los españoles”. A la vez, explica Boar, “las sanciones implicarán un aumento del coste de la energía, que, junto con los demás incrementos de costes, acabará…
Este tramo de 10.000 millones se unirá al anticipo de 9.000 millones que el Ejecutivo comunitario adelantó a España a mediados de agosto Los Veintisiete han dado este martes su visto bueno al desembolso a España del primer tramo del fondo de recuperación, que asciende a 10.000 millones de euros, por lo que la Comisión Europea espera poder desbloquear el pago "antes de que acabe el año", cuando se cumplan los últimos trámites formales del proceso. La decisión se ha producido en una reunión del Comité Económico y Financiero (EFC, por sus siglas en inglés), quien ha emitido una opinión positiva sobre la evaluación inicial de Bruselas que autorizaba el desembolso, según han informado a Europa Press fuentes comunitarias. En su análisis, el EFC coincide con la opinión de Bruselas de que todos los hitos y objetivos han sido completados "satisfactoriamente" y subraya la necesidad de que el proceso se conduzca de manera "eficiente" y de que sea objeto de un "escrutinio exhaustivo para una implementación oportuna y eficaz", han añadido las fuentes. El Ejecutivo comunitario debe ahora incluir el visto bueno de los Veintisiete en su evaluación definitiva para concluir el proceso formal con el que desbloquear los fondos, un trámite previsto para mañana, miércoles 22, en una reunión del comité de comitología –con expertos nacionales y comunitarios–. Si ese encuentro concluye con la adopción de la autorización definitiva, la Comisión estima que el desembolso podrá realizarse "antes de que acabe 2021". Este tramo de 10.000 millones se unirá así al anticipo de 9.000 millones que el Ejecutivo comunitario anticipó a mediados de agosto y que no estaba sujeto a condiciones. España fue el primer país en pedir el desembolso España fue el primer país de la UE en presentar una petición formal para recibir el primer desembolso y…
El Tribunal de Cuentas europeo ha instado hoy a los países de la Unión Europea a poner en marcha medidas específicas para combatir el desempleo de larga duración, un fenómeno que tras la pandemia de coronavirus amenaza con lastrar la recuperación económica. Así se extrae de un informe de los auditores europeos, en el que se subraya que las políticas de empleo en la Unión Europea no siguen los parámetros recomendados por la Comisión. Concretamente, se asevera que estas medidas no se centran en los trabajadores que llevan más de 12 meses en situación de desempleo y que suponen el 35% de las personas en búsqueda de empleo en la Unión Europea. Asimismo, el informe explica que se trata de una realidad de graves consecuencias que alcanza paralelamente al crecimiento y las finanzas públicas. Por su parte, el miembro del tribunal, Lazaros Lazarou, ha señalado que se ha constatado que, hasta este momento, "muchos demandantes de empleo de larga duración se han beneficiado de las medidas financiadas por la UE, si bien estas no se habían concebido específicamente para ellos". Además, "la pandemia de COVID-19 puede exacerbar el problema del desempleo de larga duración", ha asegurado. Todos los estados de la Unión Europea Por ello, el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha reclamado a los Veintisiete que pongan en marcha medidas específicas para este colectivo, dándole un enfoque individualizado. Esto, además, facilitaría hacer un seguimiento de la situación de las personas que se encuentran en esta categoría. Para elaborar su informe, los auditores europeos han estudiado el uso del Fondo Social Europeo (FSE), dotado de 11.400 millones durante el pasado presupuesto, que ha servido para aplicar medidas que han beneficiado a muchos demandantes de empleo. Sin embargo embargo, el Tribunal ha insistido en que los desempleados de larga…