La renovación de los alquileres a precios de mercado está generando un panorama de desigualdad en las Islas Baleares. Según un informe del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se proyecta que esta comunidad autónoma experimentará el mayor aumento en la brecha de ingresos entre arrendadores y arrendatarios. En concreto, se estima que dicha brecha aumentará en 5.667 euros de media, elevando la renta mediana de los caseros a 66.385 euros.
El análisis también indica que otras comunidades como Ceuta, Comunidad Valenciana, Canarias, Cantabria y Madrid seguirán a Baleares en este incremento de la brecha de ingresos. En Ceuta, el aumento será de 3.495 euros, llevando la renta de los caseros a 64.884 euros. La Comunidad Valenciana verá un incremento de 3.009 euros, mientras que en Canarias y Cantabria las alzas serán de 2.653 euros y 2.610 euros respectivamente. En Madrid, la brecha crecerá en 2.406 euros, alcanzando una renta mediana de 64.986 euros.
En términos generales, si los contratos que expiran en los años 2026 y 2027 se renuevan a precios de mercado, la brecha de ingresos entre arrendadores e inquilinos en España aumentaría en 2.216 euros de media, elevando la renta mediana de los caseros hasta 54.665 euros.
El informe destaca que en ocho comunidades autónomas la renta mediana de los caseros es el doble que la de los inquilinos, situándose la Comunidad Valenciana a la cabeza, con una renta un 124% superior. En esta región, los caseros ganan de media 52.279 euros, mientras que los inquilinos perciben 23.383 euros. Esta tendencia se repite en Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Cantabria y Asturias. A nivel nacional, los caseros tienen ingresos 82% superiores a los de los inquilinos, con una diferencia de 23.638 euros.
Según Consumo, los datos muestran la necesidad de una intervención «urgente» del mercado de la vivienda y del alquiler
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido la propuesta de prorrogar los contratos de alquiler que vencen en 2026 y 2027, dado que esta medida afectaría a 1,6 millones de personas este año y casi 3 millones hasta 2027.
