Economía

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado su intención de recordar a aquellas compañías que opten por no iniciar el proceso para obtener el reembolso de los aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Dicha normativa fue declarada ilegal por el Tribunal Supremo del país, y su impacto económico se estima en unos 166.000 millones de dólares (141.137 millones de euros). En una entrevista con la cadena estadounidense CNBC, Trump expresó su deseo de que las empresas elijan no solicitar estos reembolsos. "Creo que sería genial que no lo hicieran [...] Si no lo hacen, me habrán conocido muy bien [...] los recordaré", afirmó, añadiendo que su objetivo es fortalecer el país. Mientras tanto, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) ha comenzado a procesar las solicitudes de reembolso de manera gradual, introduciendo fases adicionales para abordar los casos más complejos. Trump, por su parte, criticó la decisión del Tribunal Supremo y comentó que su funcionamiento es perjudicial para su Administración: "No estoy contento con la Corte Suprema [...]. Es terrible para nuestro país", manifestó. Trump se mostró disconforme con la sentencia del Supremo y remarcó que la obligación de reembolsar los aranceles pudo haberse evitado con una simple modificación en la redacción judicial. Según el presidente estadounidense, la decisión del tribunal fue "muy ajustada", aunque muchos jueces influyentes le respaldan en cuanto a los aranceles. A pesar de ello, Trump aseguró que seguirá buscando alternativas para aplicar estas tasas. Por su parte, la CBP ha informado a los importadores y agentes autorizados que los reembolsos se emitirán entre 60 y 90 días tras la aceptación de su solicitud, siempre que no surjan problemas de cumplimiento que requieran una revisión adicional. En marzo, el director ejecutivo de la CBP,…
El director de Bunkering de GNL de Naturgy, Antonio Miranda, ha asegurado que España "no va a tener falta de suministro" de gas y que "los precios van a ser competitivos". Miranda realizó estas declaraciones en una mesa redonda celebrada en Valencia, organizada por AVAESEN, donde se discutió sobre la garantía de suministro de gas en el contexto del conflicto en Oriente Medio. Durante su intervención, el representante de Naturgy destacó la "robustez" del sistema eléctrico español, evidenciada tras el apagón generalizado del pasado abril, subrayando que "la tranquilidad que podemos tener en nuestro sistema es absoluta". Además, remarcó el avance de España en el ámbito de las energías renovables y la competitividad de los precios de la electricidad. El sistema español cuenta con suficiente infraestructura para garantizar el suministro de gas y mantener precios competitivos. Miranda resaltó que, a pesar del limitado acceso a recursos fósiles, España dispone de siete de las 17 plantas de regasificación europeas. Esto permitió al país, incluso durante la pandemia en 2022, exportar gas a otras naciones. Comentó que el coste del gas natural se multiplicó por diez en ese año, alcanzando 350 euros por megavatio/hora, pero los suministros no se detuvieron. Refiriéndose al contexto internacional, señaló que "el incremento de la producción de gas natural en Australia, Qatar y especialmente en Estados Unidos ha estabilizado los mercados". Asimismo, matizó que "los precios, si en algún sitio van a ser competitivos, va a ser en España debido a nuestra infraestructura". Afirmó que los contratos de aprovisionamiento de Naturgy son a largo plazo, lo que sitúa a España en un escenario estable. En cuanto a la posibilidad de alcanzar precios de hasta mil megavatios por hora como en Alemania, Miranda destacó que la política energética española difiere de la germana. Alemania había prescindido del gas…
El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha enfatizado la importancia de la inmigración para el crecimiento económico tanto en España como en el resto de Europa. Durante un desayuno informativo organizado por 'La Razón', Guindos ha destacado la necesidad de maximizar los beneficios de la inmigración y reducir al mínimo los costes asociados, como los problemas de vivienda causados por el rápido crecimiento poblacional, un fenómeno notable en España. Guindos ha señalado que más de la mitad del crecimiento económico en España se atribuye al aumento de la población gracias a la inmigración, aunque ha advertido que el PIB per cápita ha permanecido prácticamente estancado en los últimos años. Según el vicepresidente del BCE, España debe abordar los desafíos del mercado de la vivienda, sugiriendo que es ineludible e imprescindible aumentar la oferta para evitar el incremento de precios que afecta especialmente a los jóvenes y la movilidad laboral. La inmigración es indispensable para Europa y España, pero su gestión debe ser ordenada, evitando efectos llamada y mafias. Guindos ha alertado sobre la necesidad de continuar con los flujos de inmigración ante posibles cambios en el contexto político. Ha planteado que un posible futuro Gobierno español podría enfrentarse al dilema de restringir los flujos migratorios, siendo estos una pieza clave del crecimiento económico nacional. Asimismo, ha recordado que en agosto se termina el acceso a los fondos europeos, lo que podría complicar aún más la situación.
El Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2026-2030, que busca fomentar la construcción de viviendas públicas y asequibles, así como la rehabilitación del parque residencial existente. Con una inversión total de 7.000 millones de euros, el triple que el plan anterior, la iniciativa también ofrecerá ayudas para facilitar el acceso al alquiler y promover la emancipación juvenil, poniendo especial atención en jóvenes y colectivos vulnerables. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha destacado durante la rueda de prensa que todos los fondos destinados al plan se asegurarán para el derecho a la vivienda y no para la especulación. Además, el plan incluirá una cláusula destinada a garantizar procedimientos de adjudicación de vivienda pública de manera objetiva, transparente y pública, en respuesta al escándalo ocurrido en localidades como Alicante. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 pretende abordar de forma estructural el problema habitacional en España, con el respaldo de empresarios y sindicatos. El presupuesto del plan se distribuirá de la siguiente manera: el 40% se destinará a aumentar la oferta de vivienda protegida permanente, otro 30% a la rehabilitación del parque de vivienda existente, y el 30% restante a ayudas enfocadas en la emancipación juvenil y la intervención en zonas tensionadas. El Estado asumirá el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40% restante. Rodríguez ha enfatizado la importancia del plan, describiéndolo como una solución estructural al problema de la vivienda y destacando la participación que ha generado con 28 encuentros con comunidades autónomas y 400 aportaciones del sector incorporadas al plan. Además, el Consejo de Estado ha emitido un dictamen favorable con recomendaciones que han sido incorporadas para mejorar el plan y ofrecer mayor seguridad.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha criticado la negativa de la Comunidad de Madrid al Plan Estatal de Vivienda, aprobado recientemente por el Consejo de Ministros. Este plan propone, según ha explicado, triplicar la inversión en vivienda pública en Madrid. López, también líder del PSOE-M, ha señalado que la vivienda es el principal problema para los habitantes de la región y ha acusado al gobierno de Isabel Díaz Ayuso de favorecer a la especulación inmobiliaria. Es muy grave, afirmó, refiriéndose a la postura del Ejecutivo regional al que reprocha no fomentar la vivienda asequible. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que pretende destinar hasta 7.000 millones de euros para vivienda pública, ha generado un enfrentamiento significativo entre el gobierno central y la Comunidad de Madrid. En contraposición, el Gobierno madrileño ha criticado duramente el plan estatal de vivienda. Considera que llega tarde y se ha desarrollado a espaldas de las comunidades autónomas. El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha argumentado que el plan intenta recentralizar competencias autonómicas y lo ha tildado de inviable en términos de financiación. Rodrigo ha denunciado que el Plan Estatal de Vivienda actúa como un instrumento que favorece la financiación solo si se siguen las directrices del gobierno central, y ha insinuado que trata de imponer medidas ya declaradas inconstitucionales. Alude, además, a que busca reforzar la ley de vivienda, intervenir en los alquileres y ampliar el control del mercado, lo que lo ve como una agenda política más amplia.
El Consejo de Ministros aprobó el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que ofrece ayudas de hasta 102.000 euros por vivienda construida en zonas tensionadas utilizando métodos de industrialización. Con un presupuesto de 7.000 millones de euros, el plan busca ampliar la vivienda asequible, centrándose en la vivienda pública y protegida, y mejorar las condiciones de las viviendas existentes, protegiendo a los grupos más vulnerables. El plan se estructura en tres áreas: construcción de nueva vivienda, rehabilitación de la existente y protección social. Para el ámbito de la construcción, se destinan 85.000 euros por vivienda pública para alquiler, con un máximo de 900 euros mensuales. En localidades menores de 10.000 habitantes, se permite la venta, manteniendo siempre la protección. La iniciativa espera dinamizar el mercado inmobiliario a través de ayudas específicas y fomentar el alquiler asequible. Además, se incorporan ayudas a la urbanización de suelos reservando un 40% a vivienda protegida, y hasta 8.500 euros adicionales para construcciones que utilicen técnicas industrializadas. El plan también busca aumentar el parque público mediante la compra de viviendas por parte de las comunidades autónomas, financiando hasta un 70% del coste, elevándose al 85% en zonas tensionadas. Se establecen ayudas de hasta 17.000 o 25.000 euros para quienes cedan sus viviendas al gobierno regional para alquiler asequible. En el área de rehabilitación, se ofrecen subvenciones para mejoras estructurales, de accesibilidad y eficiencia energética, con importes que pueden llegar a los 50.000 euros en total si la vivienda está en zonas históricas o protegidas. También se destinan fondos para habilitar viviendas vacías que luego se alquilarán a precios asequibles. El plan presta especial atención a los jóvenes, quienes podrán recibir hasta 300 euros mensuales como ayuda para el alquiler, y hasta 15.000 euros para comprar o construir su primera vivienda en pequeñas localidades. Se contempla igualmente…
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha manifestado este martes su confianza en que el decreto de prórroga de los alquileres sea convalidado en el Congreso el próximo 28 de abril. "Deseo que salga adelante", ha afirmado durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, donde se ha aprobado el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Rodríguez ha destacado que este decreto se inserta en la respuesta del Gobierno a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Irán, subrayando que "no se entendería" su no aprobación, dado el contexto actual y antecedentes en los que ya estuvo en vigor. La ministra se refirió también al último informe del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que sitúa la vivienda como principal preocupación de los españoles. Ante esta situación, ha señalado que las administraciones deben abordar el problema con "determinación". “El Gobierno de España está haciendo lo propio, no parar de poner en marcha acciones y medidas dirigidas a dar respuesta a este problema y garantizar el derecho para que en el futuro no sea un problema o una crisis recurrente”, ha dicho Rodríguez. Además, ha insistido en que este desafío requiere la colaboración de todas las administraciones, especialmente aquellas con mayor capacidad en el ámbito, para implementar el Plan Estatal de Vivienda y coordinar políticas que aseguren el acceso a la vivienda. "Aquí no sobra nadie, faltan muchas manos y muchas cabezas. Hay que levantar las casas que precisamos y acabar con la especulación, garantizando el derecho a la vivienda para siempre", concluyó Rodríguez.
Bit2Me ha anunciado el lanzamiento de Bit2Me Invest, una nueva solución que permitirá a sus usuarios en España comprar y gestionar fondos de inversión, acciones y ETFs. La iniciativa ha llevado a la inscripción de Bit2Me Stocks en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como agente vinculado a la agencia de valores InbestMe. En su fase inicial, Bit2Me Invest estará disponible para un grupo seleccionado de usuarios en España, con el objetivo de ampliarse posteriormente a todos los clientes registrados. Asimismo, la expansión de esta solución está prevista para los próximos meses en varios países de Europa donde Bit2Me tiene presencia, como Portugal, Italia, Holanda, Francia y Alemania. La plataforma ofrecerá inicialmente más de 500 fondos de inversión, 1.000 acciones y 1.000 ETFs. Durante 2026, se prevé la integración recurrente de nuevos activos, ampliando la oferta a más de 3.000 fondos de inversión, 5.000 acciones, tanto nacionales como internacionales, y más de 4.000 ETFs. Bit2Me Invest busca unir criptoactivos, acciones, ETFs y fondos de inversión en una plataforma regulada para ofrecer un portfolio completo de servicios financieros. La inscripción de Bit2Me Stocks en la CNMV representa grandes oportunidades para la compañía, siendo una puerta de acceso a un mercado cuya capitalización supera en aproximadamente 40 veces la del mercado de criptomonedas, según un comunicado emitido por la firma. Leif Ferreira, cofundador y consejero delegado de Bit2Me, añadió que este movimiento es un paso clave hacia la creación de una solución más completa y segura para gestionar activos.
El portal de subastas Escrapalia ha anunciado la puesta en subasta de siete nuevos activos inmobiliarios de Reyal Urbis, empresa en proceso de liquidación. Estos activos se ofrecen por un precio de 1,2 millones de euros, lo que representa un descuento significativo del 85% respecto a su valoración original de más de 11 millones de euros en el plan de liquidación. Desde abril de 2024, las subastas de Reyal Urbis a través de este portal han sumado un total de 170 activos, valorados en conjunto en 407 millones de euros, según se detalla en un comunicado de Escrapalia. Los siete activos en cuestión abarcan 124.000 metros cuadrados de suelo distribuidos en diversas localidades como Lóngora de Oleiros (A Coruña), Aljaraque (Huelva), Zamora, Tarrasa (Barcelona), Isla Cristina (Huelva) y Sueca (València), además de incluir un trastero en León. Reyal Urbis, formada en 2007 tras la fusión de Inmobiliaria Urbis y Construcciones Reyal, fue en su momento un actor destacado en el sector de promoción residencial en Europa. La compañía, que a finales de 2012 contaba con 7,8 millones de metros cuadrados de edificabilidad, afrontó un concurso voluntario de acreedores el 19 de febrero de 2013, debido a la imposibilidad de acordar una refinanciación con sus acreedores. Este proceso fue admitido por el Juzgado número 6 de lo Mercantil el 4 de marzo del mismo año. Finalmente, el 1 de septiembre de 2017, se notificó el auto de liquidación de la sociedad y su disolución, concluyendo así el cese de sus administradores sociales.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobará esta semana su nueva Ley de Medidas Urgentes para Vivienda Protegida, según fuentes del Ejecutivo autonómico. La normativa tiene como objetivo principal facilitar el acceso a viviendas asequibles para jóvenes y familias, impulsando la construcción de 18.000 nuevos hogares y reduciendo los plazos de edificación. Entre las medidas destacadas se encuentra la creación de incentivos para mejorar la capacidad de construcción sin necesidad de utilizar nuevo suelo, incrementando hasta un 30% la densidad y en un 20% la edificabilidad. Esta iniciativa busca adaptarse a la demanda actual de vivienda protegida en la región. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha enfatizado que este plan responde a una de sus prioridades desde 2019: facilitar el acceso a la vivienda en la Comunidad de Madrid. Actualmente, la región lidera la construcción de vivienda pública en España, representando más del 40% del total nacional, y ha entregado ya más de 5.300 hogares del Plan Vive de alquiler asequible, con un objetivo de alcanzar las 14.000 viviendas en 2027. Desde 2019, se han implementado 14 rebajas fiscales destinadas a facilitar la compra de viviendas, especialmente para menores de 25 años. Otras medidas incluyen la ampliación del límite de edad para acceder a avales hipotecarios de 40 a 50 años y cambios legales para transformar oficinas en viviendas de alquiler, añadiendo 8.000 nuevos hogares al mercado. Además, el programa Mi Primera Vivienda ha aumentado el importe máximo subvencionable a 425.000 euros para facilitar la obtención de hipotecas del 100%. De cara a 2026, la inversión pública en vivienda social se incrementará en un 24%, sumando más de 700 viviendas para familias vulnerables. También se ha permitido la construcción de vivienda protegida en terrenos privados mediante modificación del uso del suelo y se han lanzado nuevas ayudas para…