El Gobierno de Marruecos ha identificado a las redes de trata de personas, la desinformación y los malentendidos relacionados con una sentencia del Tribunal Supremo de España sobre las 'devoluciones en caliente' como causas principales de la crisis migratoria en Ceuta. Esta crisis, que tuvo lugar el jueves y el viernes pasado con una incursión masiva en la ciudad autónoma por el espigón del Tarajal, resultó en al menos 72 muertes, principalmente por ahogamiento.
Según un comunicado del Ministerio del Interior marroquí, recogido por medios nacionales, el suceso no fue producto "ni de circunstancias espontáneas ni de factores circunstanciales". El Ministerio atribuye los hechos a una "explotación maliciosa del espacio digital" y a la actividad de redes de trata, junto con "la promoción de información engañosa y malas interpretaciones" de decisiones judiciales españolas recientes. Estas malinterpretaciones, señala el Ministerio, "reforzaron entre algunos de los que deseaban migrar la convicción de que era posible evitar el retorno inmediato".
Rabat sostiene que actuó impecablemente desde el inicio de la crisis mediante un "enfoque proactivo e integral."
Este enfoque, basado en una vigilancia temprana, el aumento de la seguridad y la preparación de los diversos servicios, permitió "controlar el curso de los acontecimientos, proteger vidas, preservar el orden público y asegurar las fronteras," asegura el Ministerio. Además, confirmaron once fallecidos de su parte, diez por ahogamiento y uno por lesiones tras una caída.
Marruecos colabora con las autoridades españolas para verificar "el número real de personas afectadas, sus identidades y nacionalidades," completando así los procedimientos necesarios. El Ministerio subraya que la gestión del fenómeno migratorio requiere "un enfoque integral basado en la responsabilidad compartida, la auténtica solidaridad y el reparto equitativo de la carga".
Finalmente, Marruecos reafirma su posición como "un socio fiable y responsable" en la cooperación internacional para combatir la migración irregular y la trata de personas. Prometen continuar adoptando todas las medidas necesarias para proteger la seguridad fronteriza y el orden público, siempre dentro del Estado de derecho y en cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales del Reino.
