El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha defendido la transparencia del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso respecto a la controvertida compra de un ático en Chamberí. Serrano ha señalado que, a pesar de las críticas de la oposición, el gobierno regional actuará de acuerdo con la ley y proporcionará toda la información necesaria sobre la transacción realizada a través de Planifica Madrid.
Durante una entrevista en 'Cuatro', Serrano cuestionó las acusaciones de falta de transparencia, asegurando que las explicaciones del Ejecutivo han sido “razonablemente dadas”. Sobre la posibilidad de hacer público el expediente de adquisición, destacó que Planifica Madrid no está sujeta a los mismos requisitos de contratación que otras entidades gubernamentales.
Serrano también criticó a los ministros del Gobierno central por cuestionar la compra, mientras que, según él, algunos de ellos se benefician de viviendas de lujo en la Comunidad de Madrid. En tono irónico, afirmó que la atención sobre Ayuso y su nueva vivienda de alquiler solo busca desviar la atención de problemas más graves, como la crisis migratoria de Ceuta.
La oposición intenta magnificar la compra del ático en un claro intento de perjudicar la imagen del gobierno regional
El portavoz popular censuró la utilización del tema por parte de la izquierda, acusándola de intentar crear una polémica donde no la hay. Aseguró que no se ha comprado el inmueble como residencia oficial para la presidenta, sino como respuesta a las obras que se llevarán a cabo en el edificio gubernamental en Sol.
En relación con la decisión de sacar el ático a la venta, Serrano comentó que los fondos recaudados se destinarán a la reconstrucción de la Sierra Oeste, afectada por un incendio forestal que devastó cerca de 30.000 hectáreas. El inmueble, ubicado en el paseo General Martínez Campos, sale al mercado por 6,7 millones de euros, junto con otros cuatro inmuebles en la Gran Vía por un total de 11,8 millones de euros, según el Portal de la Contratación Pública.
La compra del ático ha sido objeto de críticas y acciones legales por parte de la izquierda, que ha cuestionado el destino del inmueble y pedido la dimisión de Díaz Ayuso, acusándola de intentar establecer una “residencia oficial”. Sin embargo, Ayuso ha rechazado estas acusaciones, calificándolas de intentos malintencionados de dañar su reputación.
