El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha aclarado hoy que la reciente compra de un ático en el distrito de Chamberí está destinada a uso institucional y no como residencia oficial para la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Esta declaración fue realizada durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde el consejero compareció por iniciativa propia para dar detalles sobre esta adquisición llevada a cabo por la empresa pública Planifica Madrid.
García Martín subrayó que la Comunidad de Madrid nunca ha adquirido un inmueble con el propósito de establecer una residencia para la presidenta. Isabel Díaz Ayuso, explicó, continúa viviendo en su propia casa. La compra del inmueble en el paseo General Martínez Campos fue gestionada por Planifica Madrid en respuesta a una petición de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local. El proceso, que culminó con la escritura de compra-venta el 14 de abril, se realizó por 6,3 millones de euros sin ningún sobrecoste por comisiones.
El consejero enfatizó que la adquisición fue realizada con fondos propios de Planifica Madrid y que la Comunidad no necesitó realizar aportaciones adicionales. Este inmueble, indicó, servirá como apoyo a las dependencias institucionales mientras se realizan obras en la Real Casa de Correos a partir de 2025. Asimismo, defendió que el tipo de adquisición es práctica habitual en las administraciones públicas para complementar la actividad institucional.
La adquisición del ático en Chamberí no está destinada a ser una residencia oficial para la presidenta Isabel Díaz Ayuso
García Martín criticó a la oposición, acusándola de crear una gran mentira para desviar la atención de la gestión del Gobierno de Sánchez respecto a la invasión de Ceuta. Aclaró que el inmueble se concibió para funcionar como espacio de trabajo, descanso ocasional y para gestionar crisis prolongadas, según la memoria de necesidades de la Consejería. También destacó que los informes de la Dirección General de Patrimonio y de la Abogacía General respaldan un uso compatible con la normativa urbanística, en la que parte del inmueble puede destinarse a despacho.
