La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia condenatoria para el expresidente del Granada Club de Fútbol, Enrique Pina, conocido como Quique Pina, por un fraude de más de 2,8 millones de euros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) entre 2012 y 2016. Pina, también representante de futbolistas, enfrentará una pena de dos años y medio de prisión. Su hermana, Elena Pina, ha recibido la misma condena como cooperadora necesaria en las actividades fraudulentas.
Ambos hermanos deberán pagar de manera solidaria 2.858.215,20 euros a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) por las cantidades defraudadas y han sido multados con 1,4 millones de euros. El tribunal aplicó la atenuante de dilaciones indebidas en su sentencia. La resolución judicial indica que Pina no presentó las declaraciones de IRPF entre 2012 y 2015, y que la de 2016 fue presentada en marzo de 2018 con datos inexactos, tras su detención y el registro de su domicilio.
La sentencia detalla que Quique Pina utilizó sociedades instrumentales y la colaboración de su hermana para ocultar ingresos a la Agencia Tributaria
Durante su mandato en el Granada, de 2009 a 2016, Pina también se dedicó a la intermediación en el mercado de futbolistas y la gestión de clubes. Según el fallo judicial, ocultó intencionadamente a Hacienda los rendimientos procedentes de su actividad económica y laboral, valiéndose de las sociedades Calambur y Quique Sport. Estas entidades sirvieron como herramientas para ocultar ingresos y gastos personales, incluso pagando con tarjetas bancarias gastos familiares y el personal de su yate, que no fueron incluidos en su declaración de IRPF.
El tribunal considera probado que Pina adscribió a Calambur tres vehículos de lujo y un yate de casi 24 metros de eslora, generando una confusión entre su patrimonio personal y el de la sociedad. La embarcación fue parcialmente pagada con el dinero del Granada Club de Fútbol. Según los magistrados, la estrategia de Pina consistía en tributar por el Impuesto de Sociedades, con un tipo impositivo del 27%, evitando así el 47% mínimo del IRPF, lo que ocasionó un lucro fraudulento de 2.858.215,20 euros durante el periodo investigado.
