Más Madrid ha solicitado al Gobierno regional que se reconozca el derecho a la objeción de conciencia para evitar que ningún cuerpo público se vea obligado a participar en desahucios, protegiendo así su "libertad de conciencia". Esta petición toma forma en una Proposición No de Ley (PNL) motivada por el reciente desahucio de Maricarmen en el distrito de Retiro y la consecuente movilización social, que ha incluido una acampada en la Puerta del Sol y la aprobación de dos reales decretos con medidas sobre vivienda.
La formación política pide llevar a cabo reformas normativas que aseguren que los trabajadores públicos, dependientes de la Comunidad de Madrid, puedan ejercer su libertad de conciencia en los casos de desahucios de vivienda habitual. Además, solicita que se evite el uso de personal cuya función es atender emergencias para llevar a cabo estos lanzamientos y que se garantice que quienes rechacen participar en estos operativos no sufran represalias laborales. Asimismo, abogan por replicar estas garantías para los trabajadores municipales.
El pasado desahucio de Maricarmen mostró con crudeza las implicaciones de ejecutar un lanzamiento sobre personas vulnerables
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, citados por Más Madrid, en 2025 se llevaron a cabo 2.267 lanzamientos en la región, con un alto porcentaje derivado de procedimientos de arrendamiento urbano. En el primer trimestre de 2026, ya se han registrado 582. La formación destaca que detrás de cada número hay un hogar que pierde su vivienda, a menudo sin contar con alternativas habitacionales.
El diputado de Más Madrid, Hugo Martínez Abarca, promotor de esta iniciativa, ha señalado que muchos profesionales actúan por miedo a represalias, pero que si pudieran, antepondrían su conciencia. Por ello, a través de esta PNL, instan a la Comunidad de Madrid y a sus ayuntamientos a asegurar que ningún profesional se vea obligado a desahuciar a una persona y se respete la conciencia de aquellos que priorizan los derechos fundamentales. El diputado defiende que los trabajadores públicos no eligen sus profesiones para perjudicar a la ciudadanía.
