Unas 500 personas acamparon en la Puerta del Sol de Madrid tras una noche de protesta en demanda de un decreto sobre vivienda, conocido como "decreto Maricarmen". Esta iniciativa se planteará en el Consejo de Ministros que se celebrará el martes. La Delegación de Gobierno ha informado a Europa Press de las cifras, que coinciden con el análisis de asistentes a la manifestación del sábado, donde participaron 25.000 personas según el mismo organismo.
El Sindicato de Inquilinas de Madrid, sin embargo, ha indicado que el número de acampados supera el millar, destacando que la participación ha superado todas las expectativas. El origen de esta movilización es el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, quien instó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a impulsar cambios legislativos para evitar que situaciones similares se repitan.
La presión se eleva entre los manifestantes que consideran urgente y necesaria la reforma del sistema de vivienda español
Desde el Sindicato de Inquilinas se insiste en adoptar medidas estructurales y la aprobación del "decreto Maricarmen" para enfrentar la crisis habitacional que afecta a millones de personas en el país. Entre sus demandas, se encuentran la renovación automática de contratos para que sean indefinidos, medidas contra los desahucios y la congelación del IPC en los precios del alquiler. También exigen una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que regule los alquileres de temporada y por habitaciones.
La manifestación del sábado reunió a 25.000 personas que reclamaron por el desahucio de Maricarmen Abascal. Sin embargo, el Sindicato de Inquilinas elevó la cifra de participación a 300.000 asistentes. La movilización, que culminó en el Congreso de los Diputados, incluyó una amplia representación intergeneracional, con familias, jóvenes y colectivos de la tercera edad. En el recorrido se exhibieron pancartas con consignas que responsabilizan tanto al gobierno como a las instituciones financieras por la actual situación.
Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, ha descrito el desahucio como un punto de no retorno en la lucha por el derecho a la vivienda y ha exigido al gobierno la aprobación inmediata del "decreto Maricarmen". Advirtió que, de no aprobarse, el gobierno debería reconsiderar su continuidad.
Desde Podemos, la secretaria política Irene Montero ha mostrado su desacuerdo con las negociaciones del gobierno con Junts para el "real decreto Maricarmen", asegurando que este pacto traiciona a los manifestantes. Montero defendió la expropiación de 650.000 viviendas en manos de fondos buitre para destinarlas a alquiler social. Ione Belarra, secretaria general de Podemos, insistió en la necesidad de continuar la presión en las calles para asegurar que las casas sean consideradas lugares para vivir, no meras mercancías.
