La Delegación del Gobierno en Madrid ha expresado su parecer sobre la reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ha rechazado la solicitud del Ejecutivo madrileño para desalojar la acampada en la Puerta del Sol. Esta acampada se inició el 27 de septiembre como protesta contra la crisis de la vivienda. La Delegación insiste en la importancia de garantizar el derecho de reunión, actuando para "prevenir riesgos, proteger a las personas y el patrimonio y garantizar la convivencia".
La ley establece que las intervenciones deben ser "graduales y proporcionadas a las circunstancias", y disolver reuniones o manifestaciones es "el último recurso"
Fuentes de la Delegación del Gobierno recalcan con firmeza que "ninguna presión política puede sustituir los requisitos que exige la ley para limitar un derecho fundamental" como el de reunión. En esta línea, animan a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, a respetar estas garantías legales y a "asumir sus responsabilidades" para ofrecer soluciones efectivas en el ámbito de la vivienda.
La postura de la Delegación se manifiesta tras la decisión del TSJM de no autorizar el desalojo por la vía cautelarísima que había solicitado el gobierno autonómico. Esta actuación busca reafirmar el compromiso con los derechos fundamentales, en medio de la tensión generada por la protesta en la emblemática plaza madrileña.
