Cerca de 2.500 personas se congregaron el pasado sábado en el distrito de Puente de Vallecas, Madrid, para reclamar el retorno a su estadio y la destitución del presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa. Esta manifestación se enmarca en un contexto de creciente discordia entre la entidad deportiva y la Comunidad de Madrid, motivada por el estado del recinto.
Los manifestantes, incluidos aficionados y vecinos, comenzaron su recorrido a las 17:00 horas desde la fuente de la Asamblea de Madrid, frente a la Cámara regional, hasta el estadio, bajo el lema "El Rayo es de Vallekas o no será". Durante la protesta, la Federación de Peñas del Rayo Vallecano instó a los seguidores del equipo a no respaldar al actual presidente, afirmando que ha comprometido la seguridad y salud de los hinchas. "No acudir a Butarque es la mejor defensa para que el Rayo, ayer, hoy y siempre sea de Vallekas", subrayaron, resaltando su compromiso con la "dignidad" de la afición.
La concentración reunió a unas 4.000 personas que exigieron en las calles la salida de Martín Presa, destacando su cansancio y hartazgo hacia su gestión
La protesta coincide con uno de los momentos más tensos entre el club y la Comunidad de Madrid desde que se originó el conflicto. El pasado viernes, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, declaró que la intención de Presa nunca fue permanecer en el Estadio de Vallecas. También criticó al club por no mantener adecuadamente el recinto.
De Paco añadió que la Comunidad está acelerando todos los procesos para resolver la situación y culpó al Rayo de no cumplir con sus obligaciones de mantenimiento. Según el consejero, el estadio "ni está ni ha estado en los últimos años a la altura" de las exigencias del equipo, lo que deja al club "absolutamente suspenso" en el cuidado del recinto.
El problema actual se remonta a julio, cuando la Comunidad de Madrid dictó una orden para iniciar la extinción de la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano. Se acordó la suspensión inmediata de la concesión tras conocerse una auditoría que reveló "graves" deficiencias en seguridad, salubridad y mantenimiento.
