El Congreso de los Diputados comenzará este martes, 23 de septiembre, el debate sobre la reforma legal impulsada por Junts, que busca obligar a las grandes empresas a prestar servicios de atención al cliente en todas las lenguas cooficiales del Estado, independientemente de su ubicación. Esta medida afectará a empresas con más de 250 trabajadores, 50 millones de euros de facturación o que presten servicios de interés general. La ponencia correspondiente, formada por diversos grupos parlamentarios, se reunirá a puerta cerrada para organizar e incluir las enmiendas registradas en el texto del proyecto.
Junts ha presentado varias enmiendas a esta propuesta, que afectan directamente sectores como electricidad, suministro de gas, telecomunicaciones, transporte y servicios financieros, entre otros. Estas enmiendas exigen que las empresas contesten a consultas, quejas y reclamaciones en la misma lengua en la que fueron realizadas. Además, se establece la formación obligatoria en catalán para quienes trabajen en servicios de atención al cliente.
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha puntualizado que esta medida afectará principalmente a grandes empresas y que no se aplicará a pequeños comercios. De acuerdo con el ministro, el objetivo es garantizar que las reclamaciones puedan ser atendidas en lenguas cooficiales en las comunidades donde estas tienen estatus oficial.
El proyecto de ley también abordará la prohibición de «llamadas spam», introduciendo la utilización de códigos alfanuméricos para que las compañías puedan bloquear llamadas no consentidas. Otro aspecto importante es la declaración de nulidad de contratos cerrados a través de llamadas telefónicas no consentidas.
La ley pondrá coto a las reseñas falsas online, ofreciendo a las empresas afectadas la posibilidad de solicitar su eliminación si se demuestra su falsedad
Además, se implementará un control sobre los precios engañosos de entradas o billetes vendidos online, obligando a las plataformas a incluir los gastos de gestión en el precio inicial.
Tras el análisis de las enmiendas, el texto será enviado a la Comisión de Consumo y Derechos Sociales para continuar con el proceso parlamentario antes de ser presentado en el Pleno y, posteriormente, al Senado.
