El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado el real decreto que fija nuevas exigencias de sostenibilidad energética y medioambiental para los centros de datos en España. La norma, que también incorpora condiciones de resiliencia y soberanía digital, se aplicará a las instalaciones con una potencia de acceso a la red eléctrica igual o superior a 10 megavatios (MW).
Estos centros deberán cubrir al menos el 80% de su consumo eléctrico total mediante autoconsumo o contratos de compra de electricidad renovable a plazo vinculados a instalaciones de generación renovable y almacenamiento situadas en España. Además, tendrán que garantizar que al menos el 80% de la electricidad que consuman cada hora esté respaldada por generación renovable producida durante ese mismo periodo.
Los centros de datos sujetos a la norma deberán respaldar con generación renovable al menos el 80% de su consumo eléctrico de cada hora
El real decreto también exige alcanzar la clase A en eficiencia hídrica y la máxima categoría de eficiencia energética prevista en la metodología establecida. Los plazos de adaptación, contados desde la entrada en funcionamiento de las instalaciones, serán de dos años para el indicador energético y de uno para el hídrico.
En materia de soberanía digital, los datos de contenido y los derivados del uso del servicio de los sistemas públicos de categoría alta deberán permanecer dentro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. Las operaciones de administración, soporte y mantenimiento desde terceros países quedarán limitadas a las técnicamente imprescindibles y deberán estar sujetas a trazabilidad.
La regulación contempla compensaciones económicas para los centros que se aparten de los objetivos de adicionalidad y correlación horaria en el uso de energías renovables, así como un régimen sancionador por incumplir los requisitos establecidos.
Por otra parte, los centros de datos con una potencia de tecnología de la información igual o superior a 500 kilovatios (kW) tendrán que remitir cada año, antes del 15 de mayo, información sobre sus indicadores de eficiencia energética y sostenibilidad.
El Gobierno defiende que la norma evitará sobrecostes eléctricos
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, defendió el viernes en el Consejo de Ministros que esta regulación permitirá ordenar el despliegue de los centros de datos y evitar que su elevado consumo energético se traslade a la factura eléctrica del conjunto de los consumidores.
Según las estimaciones expuestas por la ministra, sin este marco normativo el desarrollo de estas infraestructuras podría haber generado un sobrecoste de 5.000 millones de euros anuales en el sistema eléctrico y un incremento del 25% en el recibo industrial.
Aagesen calificó de "pionero" el papel de España en esta regulación y reconoció las "preocupaciones legítimas" sobre el consumo de energía y agua, los precios y el coste de los servicios públicos. La ministra sostuvo que la norma "no es ninguna moratoria", sino un marco para hacer compatibles las inversiones en centros de datos con la sostenibilidad energética y la protección de los consumidores.
