El nombramiento de Manuel Gavira, representante de Vox, como vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, ha generado críticas entre diversos grupos políticos en la región. Gavira asumirá competencias relacionadas con la violencia de género en el ámbito de la administración de justicia, lo que ha suscitado reacciones enérgicas por parte de PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía.
La portavoz adjunta socialista, Ángeles Férriz, ha exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, una rectificación, argumentando que la decisión es un despropósito hacia las mujeres víctimas de violencia. Según Férriz, entregar la protección de estas mujeres a Vox, un partido que “niega la violencia de género”, es inadmisible. Olga Manzano, secretaria de igualdad del PSOE-A, también ha expresado su preocupación por los derechos de las mujeres, advirtiendo que Moreno Bonilla, al permitir esto, está poniendo en riesgo esos derechos.
Las críticas destacan el temor de que al otorgar a Vox competencias sobre violencia de género, se menoscaben los derechos y la seguridad de las mujeres en Andalucía
En esta línea, José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, ha subrayado la “irresponsabilidad” de la medida, comprometiéndose a vigilar de cerca cualquier ataque contra la lucha por los derechos de las mujeres. Antonio Maíllo, portavoz de Por Andalucía, ha señalado que el PP estaría subordinando la agenda política a los intereses de la extrema derecha, afirmando que Moreno Bonilla paga el apoyo de Vox a costa de los derechos de las mujeres, lo cual se vio reflejado, según Maíllo, al otorgarles la gestión de servicios esenciales para las víctimas de violencia machista.
Rosa Rodríguez, portavoz adjunta de la coalición, ha tachado de "irresponsable" la sugerencia de que se cuestione a los profesionales del área. Ha enfatizado la necesidad de un consenso amplio para luchar contra la violencia de género, manteniendo los recursos públicos asegurados y respetando el criterio técnico y científico. Cambiar la autonomía de las unidades de valoración por razones políticas es, en su opinión, una "línea roja inaceptable".
El decreto que reestructura las consejerías de la Junta, publicado el 9 de julio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), establece las nuevas competencias de Gavira, que también incluyen mediación, notariado y registros públicos, justicia juvenil, y atención a víctimas de terrorismo y delitos. De igual manera, Gavira gestionará las relaciones de la administración con la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción.
