El Gobierno ha aprobado un real decreto-ley que adapta el comercio de derechos de emisión a las reformas europeas y cumple el requisito de transposición necesario para que España pueda acceder a más de 6.800 millones de euros del Fondo Social por el Clima. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado este viernes la medida en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La norma incorpora al marco español el ETS2, un nuevo sistema que extiende el principio de "quien contamina paga" a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de los combustibles utilizados en edificios, el transporte por carretera y otros sectores previstos en la normativa europea.
Según Transición Ecológica, las obligaciones corresponden a las empresas que comercializan los combustibles, no directamente a los consumidores finales. Estas incluyen el seguimiento y la notificación de las emisiones, iniciados en 2024, y la entrega de los derechos de emisión correspondientes a partir del 1 de enero de 2028.
El real decreto-ley también modifica las reglas para la industria, la generación eléctrica y la aviación, e incorpora plenamente el transporte marítimo al sistema europeo. Para la industria y la generación de electricidad, establece una reducción de emisiones del 62% en 2030 respecto a los niveles de 2005.
El texto impulsa las tecnologías limpias y el Fondo de Innovación, además de contemplar la incorporación de nuevas tecnologías como el hidrógeno renovable, al que se asignan derechos gratuitos.
Aagesen ha defendido que la norma aporta "seguridad jurídica" a los operadores afectados: 900 instalaciones industriales y energéticas, 30 operadores aéreos, 600 navieras, 1.000 distribuidores de combustibles y más de 2.000 importadores. Todos ellos, según ha señalado, "llevan tiempo pidiendo esa seguridad".
Financiación para vivienda y movilidad
La vicepresidenta ha explicado que los ingresos del comercio de derechos de emisión contribuirán a financiar el Fondo Social por el Clima. La transposición de la normativa era un requisito para acceder a estos recursos, de los que España podría recibir más de 6.800 millones de euros entre 2026 y 2032.
Esta financiación exige una cofinanciación nacional del 25%, lo que permitiría movilizar alrededor de 9.000 millones de euros para las medidas del Plan Social para el Clima. A esa cantidad se añadirán los futuros ingresos de las subastas de derechos de emisión del ETS2, que podrán destinarse a actuaciones relacionadas con la transición energética y climática.
La financiación europea y la cofinanciación nacional permitirían movilizar alrededor de 9.000 millones de euros para las medidas del Plan Social para el Clima
Entre los destinos de estos fondos, la ministra ha citado la rehabilitación de barrios y viviendas, las intervenciones en entornos urbanos vulnerables y la promoción de vivienda social. También ha mencionado el impulso de la movilidad rural y de un transporte público accesible y asequible.
Aagesen ha vinculado estas actuaciones con el compromiso de avanzar en la descarbonización y acompañar a las personas más vulnerables para garantizar una transición justa.
