El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979 para reconocer a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias como agentes de la autoridad. Esta modificación legal, que responde a una demanda histórica de los sindicatos, fue aprobada gracias a un pacto entre el PSOE y el PP. En contraste, ERC, Bildu, Podemos y dos diputados de Sumar, pertenecientes a Más Madrid y Mès, emitieron un voto en contra, mientras que Compromís optó por la abstención.
La reforma establece varias medidas clave en favor de los funcionarios de prisiones. Entre ellas, se incluyen una indemnización por posibles daños personales o materiales, la presunción de veracidad de sus testimonios y garantías de seguridad como personal laboral. Además, se contempla una formación práctica y teórica obligatoria. Tanto el PSOE como el PP han manifestado su satisfacción por el consenso alcanzado, que supone un avance significativo para los trabajadores penitenciarios.
El Congreso ha aprobado reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, cumpliendo una demanda histórica sindical
El proyecto de ley, que también contó con el apoyo del PNV, recibió una amplia aceptación en la votación final. No obstante, el rechazo de algunos grupos como ERC, Bildu y Podemos, así como la abstención de Compromís, evidenciaron las divergencias en el Parlamento sobre esta cuestión.
