La Comunidad de Madrid ha decidido extinguir la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano debido a graves deficiencias en seguridad, salubridad y mantenimiento, encontradas tras una auditoría iniciada en octubre. Esta medida incluye la suspensión inmediata de la concesión.
El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, informó que, de acuerdo con la auditoría, el Rayo Vallecano ya no es el concesionario del estadio. Ante esta situación, el gobierno autonómico, que es titular del recinto, tomará medidas urgentes para garantizar la seguridad y permitir que el Rayo vuelva a disputar sus partidos en Vallecas lo antes posible.
La auditoría reveló "obsolescencia generalizada" y un "severo incumplimiento normativo" que comprometen la seguridad del estadio
Las conclusiones del informe señalaban deficiencias en sistemas esenciales como la protección contra incendios y las instalaciones eléctricas, además de problemas higiénico-sanitarios. En respuesta, la Comunidad está obligada a intervenir urgentemente.
El incumplimiento del Rayo Vallecano en la presentación de la documentación requerida y el mantenimiento del estadio ha sido determinante en esta decisión. A pesar de que se concedieron plazos adicionales para entregar la documentación, el club no cumplió con los requerimientos de la administración.
Nuevo contrato de concesión
Tras la extinción de la actual concesión, se trabajará en un nuevo contrato que incluirá mayores exigencias para la gestión del estadio. De Paco manifestó que la futura concesión no necesariamente será entregada al Rayo Vallecano y resaltó la necesidad de empezar "desde cero".
Mientras se llevan a cabo las reformas urgentes, el Rayo Vallecano deberá jugar sus partidos de Liga en un estadio alternativo, una decisión que será coordinada con LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol. El gobierno asegura que la competición no se verá afectada.
De Paco ha reiterado que todas estas medidas buscan asegurar que el Rayo pueda continuar jugando en Vallecas, en un estadio que cumpla con los estándares necesarios. El proyecto de reforma integral, que incluye una inversión de aproximadamente 60 millones de euros, se llevará a cabo sin paralizaciones. Entre las reformas destacan la ampliación del aforo y la adaptación del terreno de juego a estándares internacionales.
El objetivo final es que el equipo regrese a jugar "lo antes posible" en un campo seguro y adecuado para la competición profesional.
