Economía

Fedea alerta de que las pensiones no son financieramente sostenibles pese al récord de empleo

Fedea alerta de que las pensiones no son sostenibles: el déficit ronda el 4% del PIB y el Estado las mantiene con transferencias

Fedea alerta de que las pensiones no son financieramente sostenibles pese al récord de empleo
Por Redacción Capital
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La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) advierte de que el sistema público de pensiones no es financieramente sostenible, aunque puede seguir abonando las prestaciones mientras el Estado cubra su desequilibrio. En una nota publicada este lunes, la entidad sitúa el déficit contributivo cerca del 4% del PIB y subraya que ha seguido aumentando pese al récord de empleo, antes de afrontar el impacto de la jubilación de las generaciones del ‘baby boom’.

El documento, elaborado por Santiago Calvo, investigador de la Universidad de las Hespérides, analiza los argumentos del Gobierno durante la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. Para ello, los contrasta con las cuentas de la Seguridad Social Ampliada (SSA) elaboradas por Ángel de la Fuente para Fedea, los informes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y las estadísticas oficiales.

Calvo sostiene que los indicadores con los que el Ejecutivo defiende la solidez del sistema no son falsos, pero ofrecen una visión incompleta. Entre ellos figuran la reforma de 2023, la previsión de cerrar este año con unos 20.000 millones de euros en el Fondo de Reserva, dos avales de la AIReF al cumplimiento de la regla de gasto y un mercado laboral con 22,4 millones de afiliados y 2,51 cotizantes por pensionista.

El autor descarta que estas cifras describan un sistema al borde de la quiebra: las prestaciones pueden mantenerse si el Estado asume el déficit y los mercados financian la deuda resultante. Esa capacidad de pago, matiza, no equivale a un equilibrio financiero.

El respaldo del Estado permite seguir pagando las pensiones, pero no elimina el déficit del sistema

Según las cuentas recogidas en el estudio, la SSA cerró 2025 con un déficit presupuestario no financiero de 7.200 millones de euros de 2021, el 0,5% del PIB. Ese saldo incorpora unas transferencias corrientes del Estado que han pasado de representar el 0,5% del PIB en 2005 al 3,6% en 2025.

Sin esas aportaciones, el déficit básico asciende a 59.400 millones de euros de 2021, equivalentes al 4,1% del PIB. El déficit contributivo alcanza los 54.300 millones, el 3,8% del PIB. Entre 2007 y 2025, los ingresos por cotizaciones contributivas aumentaron un 29% en términos reales, mientras que el gasto en pensiones contributivas creció un 82%.

Fedea recalca que financiar la diferencia mediante transferencias no reduce el coste para el conjunto de las administraciones, sino que desplaza su registro de unas cuentas públicas a otras.

El Fondo de Reserva y la presión del envejecimiento

La nota también cuestiona que la recuperación de la ‘hucha de las pensiones’ pueda interpretarse por sí sola como una señal de fortaleza financiera. El Fondo de Reserva alcanzó los 66.815 millones de euros corrientes en 2011 —72.700 millones en euros constantes de 2021— y comenzó a utilizarse en 2012 para pagar prestaciones, hasta quedar en poco más de 2.000 millones en 2019.

Desde 2023 vuelve a recibir recursos a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional que comenzó en el 0,6% y llegará al 1,2% en 2029. A 31 de marzo de 2026, el fondo acumulaba 15.267 millones de euros.

Al mismo tiempo, la deuda de la Seguridad Social con el Estado ha pasado de 18.500 millones en 2016 a 116.000 millones en 2025, unos 136.000 millones en euros corrientes, según el documento. Calvo argumenta que, mientras el sistema siga necesitando préstamos para equilibrar sus cuentas, las aportaciones al fondo no proceden de un excedente, sino que se realizan en paralelo a la emisión de deuda.

El balance de activos netos de la SSA, calculado como la diferencia entre el fondo y la deuda, ha pasado de superar los 54.000 millones de euros en 2011 a situarse en terreno negativo, en torno a los 103.800 millones, en 2025.

El investigador recurre a la imagen de un iceberg para describir esa situación: la reserva constituye la parte visible, mientras que por debajo quedan la deuda y las transferencias estatales. Las aportaciones corrientes realizadas desde 2005 para financiar Clases Pasivas, complementos de mínimos y otras partidas contributivas suman unos 320.000 millones de euros. Junto con la deuda, elevan los recursos externos recibidos hasta 2025 a unos 436.000 millones, frente a los 12.200 millones que tenía la ‘hucha’ al cierre de ese año.

El informe añade los derechos de pensión ya devengados por los trabajadores y pensionistas actuales, que Eurostat cifró en 5,58 billones de euros en 2021, el 452% del PIB.

A este desequilibrio se suma el envejecimiento de la población. En 1975 había 5,95 personas de entre 16 y 64 años por cada mayor de 64; hoy la relación es de 3,15. Las proyecciones del INE apuntan a que descenderá otro 39% en los próximos 25 años, hasta 1,93 en 2050.

España afronta ese cambio con un gasto en pensiones equivalente al 13,2% del PIB en 2024, por encima del 12,6% de media de la Unión Europea. Su tasa de dependencia de mayores, sin embargo, es inferior: un 30,8%, frente al 33,9% comunitario. Según la relación media europea entre ambas variables que recoge la nota, el gasto español se situaría en el 10,1% del PIB.

Los estudios actuariales citados por Calvo estiman, además, que el sistema promete pagar de media un 25% más de lo que financian las cotizaciones. La AIReF prevé que el gasto bruto en pensiones aumente del 13% del PIB en 2025 al 16,4% en 2050.

El documento reconoce que la AIReF ha validado el cumplimiento de la regla de gasto de las pensiones: una vez descontadas las medidas de ingresos, el gasto se sitúa en el 13% del PIB, por debajo del límite del 13,3%. No obstante, recuerda que el propio supervisor advierte en su estudio de 2026 de que cumplir esa regla no garantiza la sostenibilidad de las cuentas públicas.

A políticas constantes, la AIReF proyecta una deuda pública del 123% del PIB en 2050, con transferencias implícitas al sistema de pensiones equivalentes al 3% del PIB. Fedea señala también que la regla permite que el gasto en pensiones crezca un 4% anual entre 2025 y 2031, frente al 3% comprometido con Bruselas para el conjunto del gasto primario neto en el Plan Fiscal y Estructural. Según su análisis, esa diferencia obligará a limitar el crecimiento de otras políticas, como educación, infraestructuras, vivienda o defensa, o a recurrir a más deuda.

Para afrontar este escenario, Calvo propone implantar cuentas nocionales, desarrollar un pilar complementario de capitalización colectiva con inscripción automática y enviar periódicamente a cada trabajador una estimación de su futura pensión. El investigador sostiene que estas medidas no implican privatizar el sistema público, sino preservar su continuidad sin comprometer el bienestar de quienes lo financian.

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