El exministro José Luis Ábalos, junto a su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, enfrentarán al Tribunal Supremo desde este martes por supuestas irregularidades en contratos de mascarillas gestionados por el Ministerio de Transportes durante la pandemia. Ábalos y Koldo están en prisión provisional desde noviembre, aunque se declaran inocentes y niegan cualquier delito en sus declaraciones de defensa.
Según el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, los acusados aprovecharon el cargo que ostentaba Ábalos desde 2018 para favorecer contratos, obteniendo beneficios económicos personales. El fiscal enfatiza que la organización criminal surgió para operar a lo largo del tiempo en múltiples actividades ilegales, debilitándose su estructura tras la salida simultánea de Ábalos y Koldo del ministerio en 2021.
La Fiscalía sostiene que la organización tenía vocación de permanencia y buscaba enriquecerse a través de distintas esferas delictivas.
El Ministerio Público solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 años y medio para Koldo, y 7 años para Aldama, además de multas respectivas por varios delitos, incluyendo malversación y tráfico de influencias. Aldama se ha declarado culpable de los tres primeros delitos, lo que le otorga una atenuante de confesión. Las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular, piden penas más severas para Ábalos y Koldo.
Los acusados mantuvieron roles esenciales en la organización. Ábalos, considerado "el jefe" por sus compañeros, proporcionaba la autoridad y contactos necesarios, mientras que Koldo, su "hombre de confianza", facilitaba sus tareas legales e ilegales. La Fiscalía describe a Koldo como el "alter ego" de Ábalos, manejando las finanzas de forma ilegal en nombre del exministro.
Víctor de Aldama, supuestamente el facilitador, está señalado por Anticorrupción como un empresario con acceso preferente a Ábalos, lo que le permitió asegurar contratos sanitarios durante la pandemia en varias administraciones públicas.
El juicio, que se celebrará en el Salón de Plenos del Supremo, se desarrollará a lo largo de 13 sesiones del 7 al 30 de abril, con más de 70 testigos programados para declarar, incluyendo figuras destacadas y allegados de los acusados. Los jueces a cargo incluirán a Andrés Martínez Arrieta y Manuel Marchena, entre otros.
