El Consejo de Ministros aprobó el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que ofrece ayudas de hasta 102.000 euros por vivienda construida en zonas tensionadas utilizando métodos de industrialización. Con un presupuesto de 7.000 millones de euros, el plan busca ampliar la vivienda asequible, centrándose en la vivienda pública y protegida, y mejorar las condiciones de las viviendas existentes, protegiendo a los grupos más vulnerables.
El plan se estructura en tres áreas: construcción de nueva vivienda, rehabilitación de la existente y protección social. Para el ámbito de la construcción, se destinan 85.000 euros por vivienda pública para alquiler, con un máximo de 900 euros mensuales. En localidades menores de 10.000 habitantes, se permite la venta, manteniendo siempre la protección.
La iniciativa espera dinamizar el mercado inmobiliario a través de ayudas específicas y fomentar el alquiler asequible.
Además, se incorporan ayudas a la urbanización de suelos reservando un 40% a vivienda protegida, y hasta 8.500 euros adicionales para construcciones que utilicen técnicas industrializadas.
El plan también busca aumentar el parque público mediante la compra de viviendas por parte de las comunidades autónomas, financiando hasta un 70% del coste, elevándose al 85% en zonas tensionadas. Se establecen ayudas de hasta 17.000 o 25.000 euros para quienes cedan sus viviendas al gobierno regional para alquiler asequible.
En el área de rehabilitación, se ofrecen subvenciones para mejoras estructurales, de accesibilidad y eficiencia energética, con importes que pueden llegar a los 50.000 euros en total si la vivienda está en zonas históricas o protegidas. También se destinan fondos para habilitar viviendas vacías que luego se alquilarán a precios asequibles.
El plan presta especial atención a los jóvenes, quienes podrán recibir hasta 300 euros mensuales como ayuda para el alquiler, y hasta 15.000 euros para comprar o construir su primera vivienda en pequeñas localidades. Se contempla igualmente asistencia específica para mujeres víctimas de violencia de género y personas en situación de vulnerabilidad, con subsidios adaptados a sus necesidades.
