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Adelante Andalucía acusa a CCOO de «venganza sindical» por el caso de ‘Kichi’ ante la Fiscalía

Teresa Rodríguez de Adelante Andalucía califica de "venganza sindical" el caso judicial contra exalcalde 'Kichi', acusado de irregularidades

Adelante Andalucía acusa a CCOO de «venganza sindical» por el caso de ‘Kichi’ ante la Fiscalía
Por Redacción Capital

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha calificado el caso judicial contra el exalcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', como una "venganza sindical". Esta declaración se refiere a la petición de la Fiscalía de 18 años de inhabilitación para 'Kichi' debido a la contratación de un asesor por el partido 'Por Cádiz Sí se Puede', quien, según se alega, accedió a información reservada sin ser funcionario público, personal laboral ni personal eventual.

En su cuenta de la red social X, Rodríguez expresó que "CCOO va de la mano del PP y de antiguos cargos nombrados por Teófila Martínez", la predecesora de 'Kichi' en la alcaldía, para, según ella, buscar venganza. La portavoz acusa a estos actores de proporcionar al PP una excusa para presentar su vigésima denuncia contra 'Kichi' bajo la apariencia de imparcialidad.

El caso del "asesor fantasma" comenzó con una denuncia de CCOO, a la que luego se sumó el PP

El conflicto gira en torno a que un asesor, que carecía de la condición laboral requerida, habría accedido a información sensible relacionada con el área de contratación del Ayuntamiento de Cádiz. Rodríguez ha lanzado duras críticas a CCOO, afirmando que "gran parte de su dirigencia odia más a su izquierda sindical que a la patronal misma" y ha denunciado una represalia sindical contra Adelante Andalucía. Según ella, el sindicato estaría atacando a movimientos que no se doblegan ante ellos, como Adelante, para vengarse de 'Kichi'.

Por su parte, la Fiscalía Provincial de Cádiz ha formalizado su acusación en el procedimiento contra José María González por el papel del citado asesor. Se solicita una multa de 10.800 euros por un supuesto delito de revelación de secretos continuado, además de tres años de inhabilitación y otros 15 años para ocupar cualquier cargo electo por un delito de prevaricación continuada.

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