La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei) ha expresado este martes su preocupación por la decisión del Consejo de Ministros de aprobar de nuevo, con modificaciones, los dos reales decretos-ley sobre vivienda que el Congreso rechazó el pasado viernes. La patronal sostiene que retomar de inmediato unas normas que no lograron respaldo parlamentario aumenta la desconfianza y dificulta un acuerdo estable en esta materia.
La federación reclama reglas claras, previsibles y duraderas para el mercado residencial, en un momento en el que el acceso a la vivienda figura entre las principales preocupaciones de la ciudadanía. Su presidente, Miguel Ángel Gómez Huecas, ha advertido de que los continuos cambios normativos, anuncios y rectificaciones complican las decisiones de propietarios, inquilinos, compradores, inversores y empresas, y pueden condicionar la disponibilidad de viviendas.
Para Fadei, el debate debería abordar las razones por las que las políticas aplicadas hasta ahora no han mejorado el acceso a la vivienda, en lugar de centrarse en recuperar medidas rechazadas. La organización defiende una estrategia a largo plazo frente a la acumulación de actuaciones parciales vinculadas a la coyuntura política.
Fadei reclama una estrategia de vivienda a largo plazo que dé estabilidad al mercado y aumente la oferta disponible
La patronal advierte de que imponer nuevas obligaciones o limitaciones sin afrontar al mismo tiempo la escasez de oferta puede añadir presión a un mercado ya tensionado. Entre los posibles efectos, señala la retirada de viviendas, la reducción de las alternativas de alquiler y el endurecimiento de los requisitos de acceso.
Según la federación, esas dificultades afectan especialmente a los jóvenes, las familias con ingresos medios y bajos, los trabajadores desplazados y las personas que encuentran más obstáculos para acreditar su solvencia.
Más oferta y diálogo con las administraciones y el sector
Fadei considera que la crisis residencial es estructural y que las medidas deben dirigirse a sus causas. Entre sus propuestas figuran agilizar la creación de vivienda, movilizar el suelo disponible, acortar los plazos administrativos, ofrecer seguridad a los propietarios y favorecer la colaboración entre las administraciones y el sector privado.
También pide incentivos para incorporar viviendas vacías al mercado y mecanismos que permitan ampliar el parque de vivienda asequible sin que toda la responsabilidad recaiga sobre los particulares.
La federación cuestiona, además, que se recurra de nuevo al real decreto-ley para tramitar una reforma con capacidad para modificar numerosas leyes y afectar a millones de ciudadanos y operadores económicos. A su juicio, una política de vivienda eficaz exige diálogo parlamentario y social, evaluación de sus efectos y participación de los agentes del sector.
Por ello, ha instado al Gobierno a dejar atrás la dinámica de medidas urgentes y abrir un proceso de interlocución con las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las organizaciones sociales y los representantes del sector inmobiliario.
La patronal sitúa la recuperación de la confianza y el aumento de las viviendas disponibles como prioridades. Según su diagnóstico, si no crece la oferta, las intervenciones sobre precios, contratos o condiciones de acceso seguirán distribuyendo una escasez cada vez mayor.
