Andalucía, Capitales

Las familias de dos andaluces presos en Guinea Ecuatorial protestarán el 10 de octubre en Granada

Familias de españoles encarcelados en Guinea Ecuatorial protestan por el abandono del Gobierno español y critican la falta de apoyo

Las familias de dos andaluces presos en Guinea Ecuatorial protestarán el 10 de octubre en Granada
Por Redacción Capital
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Las familias de dos ciudadanos andaluces encarcelados en Guinea Ecuatorial desde enero de 2025 han organizado una concentración pacífica para protestar por lo que consideran un "abandono" por parte del Gobierno español. La manifestación, que incluirá un corte de tráfico, se celebrará este sábado 10 de octubre frente a la Subdelegación del Gobierno en Granada. Su objetivo es criticar la falta de apoyo gubernamental en un caso que pronto podría llevar a un juicio al que califican de "sin pruebas".

La Asociación de Ayuda Javier y David - Derechos Humanos, promotora del evento, ha declarado que la concentración busca "visibilizar la situación de extrema gravedad y riesgo vital" en la que se encuentran David Rodríguez Ballesta, de Granada, y Javier Marañón Montero, originario de Peñarroya-Pueblonuevo, Córdoba. Ambos se encuentran detenidos en la prisión de Black Beach, en Malabo, desde hace más de 20 meses. Según la asociación, los detenidos, empleados del sector de telecomunicaciones, son víctimas de detenciones arbitrarias utilizadas como rehenes en un conflicto económico del que no forman parte.

El juicio inminente al que podrían enfrentarse carece de pruebas, ya que el sumario no presenta evidencias contra ellos

La organización denuncia que a los españoles se les pretende enjuiciar por enriquecimiento ilícito, un delito que la legislación ecuatoguineana reserva exclusivamente a funcionarios públicos. Además, critican al Gobierno español por su "inacción" y las "negociaciones fallidas" respecto a este caso. Señalan que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha habido respuestas limitadas y asistencia consular ineficaz, sin activar presiones políticas ni coordinarse con el Parlamento Europeo.

Las familias también destacan el "riesgo vital e insalubridad" que padecen los detenidos, quienes sufren enfermedades crónicas sin atención médica adecuada. Además, sobreviven sin acceso a agua potable ni comida saludable y han excedido el límite legal de prisión preventiva. Se les ha negado en repetidas ocasiones la visita de abogados y la atención médica necesaria para valorar sus dolencias.

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