El Gobierno de Países Bajos ha anunciado un plan para reducir el gasto público que prevé recortar 25.000 puestos de funcionarios hasta 2035 mediante la simplificación de la regulación y el uso de inteligencia artificial (IA). El Ejecutivo aspira a ahorrar 900 millones de euros en 2027 y elevar esa cifra a 3.500 millones en 2035. La policía y el sector de la defensa quedarán al margen de la reducción de empleo.
La iniciativa del Gobierno liderado por Rob Jetten busca reducir el tamaño de la Administración central y mejorar su funcionamiento. Eric van den Burg, secretario de Estado para una Administración Eficaz, ha defendido la necesidad de tomar decisiones difíciles y disminuir de forma significativa los gastos administrativos para lograr una estructura más sencilla, eficiente y pequeña.
El plan prevé reducir 25.000 puestos de funcionarios hasta 2035, sin afectar a la policía ni al sector de la defensa
Una de las medidas será el uso de tecnología e inteligencia artificial para gestionar mejor los recursos públicos, incluidos los espacios de trabajo. Según el Ejecutivo, esta gestión ya ha permitido cerrar edificios considerados innecesarios. Durante el primer trimestre de 2027 se presentarán los objetivos y los planes de ahorro vinculados a la implantación de la IA para aumentar la productividad.
La reducción de las cargas regulatorias constituye otro de los ejes del programa. El Gobierno impulsará una Ley de Simplificación para reducir o eliminar parte de las normas que afectan a residentes, profesionales y empresas. La norma también limitará la capacidad de imponer nuevas reglas.
Según el comunicado del Ejecutivo, el propósito es que ciudadanos y empresas dediquen menos tiempo, esfuerzo y dinero a trámites regulatorios innecesarios. Con ese objetivo, el Gobierno central ha anunciado que eliminará o simplificará al menos 500 regulaciones al año.
El ajuste también incluirá una reducción del número de órganos consultivos y comités asesores, así como de las evaluaciones de políticas. El Ejecutivo sostiene que la proliferación durante las últimas décadas de organismos dedicados a auditar, supervisar y asesorar genera trabajo innecesario y dificulta la resolución de problemas sociales complejos.
