La Comunidad de Madrid ha anunciado que reclamará a la Delegación del Gobierno los gastos que atribuye a la acampada de la Puerta del Sol, desalojada el 3 de noviembre de 2026. La iniciativa sitúa el coste económico de la protesta en el centro del conflicto entre administraciones, aunque el anuncio no acredita que la reclamación patrimonial se haya presentado ni determina una obligación de pago.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, comunicó la intención de iniciar ese procedimiento. La reclamación anunciada se refiere a gastos de la Administración regional, mientras que las estimaciones sobre pérdidas comerciales proceden de valoraciones distintas y no constituyen un importe único acreditado.
Dos estimaciones para las pérdidas del comercio
RTVE recogió que Cocem cifraba en cerca de 25 millones de euros las pérdidas del comercio de proximidad. La vicealcaldesa, por su parte, situó por encima de 30 millones las pérdidas del comercio local.
Las cantidades deben leerse por separado: corresponden a fuentes diferentes y no consta que compartan metodología o alcance. Por ello, no permiten establecer una valoración homogénea del perjuicio ni identificar qué parte, en su caso, se incorporaría a la reclamación anunciada por el Gobierno autonómico.
La acampada se había instalado el 26 de septiembre y fue desalojada por la Policía el 3 de noviembre, tras 38 días, según la cobertura de RTVE.
Los costes de Metro y las distintas vías judiciales
El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García, anunció también que la Comunidad incorporaría costes atribuidos a Metro de Madrid a una querella contra el exdelegado del Gobierno Francisco Martín, según informó Europa Press. Mencionó gastos extraordinarios de limpieza, recuperación y reparaciones.
Ese anuncio es distinto de la reclamación patrimonial dirigida a la Delegación del Gobierno. No son un mismo procedimiento ni permiten dar por reconocido el derecho de la Comunidad a recuperar los importes que atribuye a la acampada.
El conflicto tenía ya un antecedente judicial. El 1 de octubre, el Gobierno regional anunció que acudiría a la jurisdicción contencioso-administrativa y solicitaría medidas cautelarísimas para disolver la acampada.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó las medidas cautelares solicitadas. Según informó RTVE el 7 de octubre, el tribunal consideró que en esa fase no se acreditaba el requisito de inactividad administrativa de la Delegación. Aquella decisión no resolvía de forma definitiva el fondo del litigio ni la reclamación económica anunciada después.
