El PSPV ha denunciado ante la Fiscalía dos adjudicaciones de asesoría jurídica del Ayuntamiento de Finestrat, correspondientes a 2018 y 2023, durante la etapa de Juanfran Pérez Llorca como alcalde. Los contratos suman 387.200 euros con IVA y fueron adjudicados al mismo despacho, vinculado a David Serra. El partido solicita que se investiguen los procedimientos de contratación y los requisitos exigidos a la empresa.
La presentación de la denuncia fue recogida el 10 de noviembre de 2026 por elDiario.es y El Español. Según estas informaciones, la iniciativa se centra en la contratación del servicio jurídico municipal. Los posibles delitos de prevaricación, fraude a la Administración y cohecho que plantea el escrito son imputaciones del partido denunciante, no conclusiones judiciales.
Dos adjudicaciones por cuatro años cada una
El expediente de 2018 cuenta con documentación pública en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Un decreto municipal del 30 de octubre de aquel año identifica a Estudi General Advocats y Assessors SLP como adjudicataria del servicio de asesoramiento jurídico y defensa judicial por cuatro años.
La oferta ascendió a 128.000 euros más IVA, con un total de 154.880 euros. El decreto recoge que el despacho obtuvo la primera posición en la clasificación final y que Noguera Abogados fue excluida al considerarse su oferta anormal o desproporcionada.
La segunda adjudicación, de 2023, también tenía una duración de cuatro años. La información publicada por elDiario.es sitúa su importe en 192.000 euros sin IVA y 232.320 euros con el impuesto incluido. La suma de ambos contratos corresponde, por tanto, a importes de adjudicación expresados con la misma base fiscal.
Qué aspectos pide investigar el PSPV
Las objeciones sobre el procedimiento de 2023 afectan a la solvencia económica del despacho, al seguro exigido, a los medios personales comprometidos y a la puntuación de determinadas prestaciones. De acuerdo con la cobertura de elDiario.es sobre la denuncia, el PSPV pide que se compruebe si la documentación y la valoración de las ofertas se ajustaban a las condiciones de la licitación.
Estas cuestiones deben distinguirse de los datos que acredita el decreto de 2018. El documento oficial permite conocer el adjudicatario, el importe y la clasificación de aquella licitación, pero no establece por sí mismo la existencia de irregularidades en el contrato posterior.
Respecto al procedimiento de 2018, fuentes de Presidencia defendieron ante elDiario.es que la adjudicación se resolvió mediante una mesa de contratación y que ningún político formó parte de ella.
