El tipo de empleo se ha convertido en un factor determinante para conseguir una hipoteca en España. Aunque los ingresos y el ahorro disponible siguen siendo elementos fundamentales para acceder a la financiación, la estabilidad laboral también condiciona las decisiones de los bancos y puede marcar diferencias importantes en las condiciones del préstamo. En este escenario, los funcionarios parten con bastante ventaja, ya que consiguen los intereses más bajos y registran la menor tasa de rechazo cuando acuden al banco.
Así lo refleja el último análisis de Gibobs.com, una fintech especializada en intermediación hipotecaria, que sitúa a los empleados públicos (que representan el 17% del total de trabajadores) como el colectivo que consigue culminar un mayor porcentaje de operaciones hasta la firma. En concreto, el 18% de sus solicitudes termina formalizándose, frente al 15% de los asalariados y el 14% de los trabajadores autónomos.
Las diferencias también se aprecian en las negativas de las entidades financieras. Los funcionarios registran una tasa de rechazo bancario del 1,11%, prácticamente la mitad que los autónomos, cuyo porcentaje alcanza el 2,13%. Los asalariados se sitúan en una posición intermedia, con un 1,37%. El estudio muestra además que los empleados públicos obtienen el tipo de interés medio más reducido, del 2,362%. Los trabajadores por cuenta propia consiguen un 2,42%, mientras que los asalariados soportan un interés medio del 2,469%.
Los autónomos, los que más dificultades encuentran
Los trabajadores por cuenta ajena concentran la mayor parte de las operaciones analizadas, con un 55% del total. El importe medio que solicitan alcanza los 216.000 euros y su tasa de formalización se sitúa en el 15%. La estabilidad de una nómina constituye una ventaja a la hora de negociar con los bancos, aunque las condiciones finales también dependen de factores como el endeudamiento, el plazo y la vinculación de productos financieros.
Los autónomos, por su parte, representan el 10% de las solicitudes y son quienes encuentran mayores obstáculos. Su importe medio solicitado asciende a 215.000 euros y el ratio de endeudamiento aparece como el principal motivo de denegación. Además, el 6% de sus operaciones cuenta con avalistas, un recurso que puede ayudar a reforzar la solvencia de la solicitud. La mayor dificultad para este colectivo está relacionada con la variabilidad de sus ingresos y la necesidad de acreditar que estos se mantienen en el tiempo.
Los funcionarios solicitan menos financiación
Los empleados públicos representan el 17% de las operaciones registradas y, además de conseguir mejores tipos de interés, solicitan importes medios inferiores a los de los otros dos colectivos: 190.000 euros. En su caso, el principal motivo de rechazo es disponer de un ahorro insuficiente para afrontar la entrada y los gastos asociados a la compraventa.
Estas diferencias adquieren especial relevancia en un mercado inmobiliario en el que el precio de la vivienda continúa presionando la capacidad de compra. Según el Colegio de Registradores, el metro cuadrado alcanzó los 2.487 euros de media en el segundo trimestre de 2026, un máximo histórico tras crecer un 9,2% interanual. Con la vivienda en niveles récord, la cantidad de financiación necesaria aumenta y los bancos examinan con mayor atención la capacidad de pago de los compradores.
