El Tribunal Supremo ha establecido que deudas como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), multas y la plusvalía municipal pueden ser canceladas bajo los mismos límites que las deudas con Hacienda. Esta decisión acaba con la distinción que se hacía entre diferentes administraciones. Hasta hace poco, aquellos que se acogían a la Ley de la Segunda Oportunidad podían liberarse de deudas bancarias, pero seguían debiendo a los ayuntamientos.
La sentencia 264/2026 del Tribunal Supremo confirma que el límite de exoneración aplica a todas las deudas de Derecho público, independientemente de qué organismo las recaude y para cada administración por separado. Los juzgados ya reflejan este cambio: Empezar de Nuevo, un despacho especializado en insolvencias, ha publicado resoluciones que lo respaldan. En 2025, un juzgado en Santa Cruz de Tenerife canceló deudas privadas pero mantuvo intactas las municipales, algo que varió en 2026 cuando un tribunal en Tarragona exoneró completamente una deuda municipal.
La decisión del Tribunal Supremo permite que las deudas municipales sean exoneradas igual que las de Hacienda
Los créditos públicos, incluyendo recargos e intereses, ahora pueden ser exonerados salvo excepciones como sanciones graves y multas penales. Se perdonan los primeros 5.000 euros y la mitad de lo que supere esta cantidad, hasta el máximo establecido por la ley. Cada administración calcula su exoneración de manera independiente, como ejemplifica el auto de Tarragona con una deuda de 13.000 euros de la cual se exoneraron 9.000.
Jorge Werner, socio de Empezar de Nuevo, destaca que durante años personas salieron del concurso sin deudas bancarias, pero embargadas por impuestos municipales atrasados. Ahora, es posible exonerar también estas deudas bajo los mismos parámetros que las de Hacienda. El efecto de esta decisión se extiende a cualquier municipio, como demuestran casos en Guadalajara y Zaragoza.
Es importante señalar que la exoneración de deudas no es automática. Requiere que la persona sea insolvente, actúe de buena fe y no esté excluida por la ley. Las cantidades que exceden el límite legal siguen pendientes, y los juzgados no aprueban planes de pago para estas sumas.
