El Tribunal Supremo ha demandado a la Junta Electoral Central que asegure que más de 160.000 personas nacionalizadas bajo la denominada 'ley de nietos' no puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, a menos que acrediten ser descendientes de exiliados. Esta decisión se tomó mediante una providencia emitida el pasado viernes, que exige el cumplimiento de autos previos del alto tribunal, que suspendieron provisionalmente el voto para los nacionalizados bajo la Ley de Memoria Democrática.
El fallo del Supremo señala que ninguna de las 163.355 personas afectadas podrán ser incluidas como electores en el censo electoral, ya sea en el de residentes-ausentes que viven en el extranjero, o en el de residentes en España. Sin embargo, se exceptúan las 901 personas que ya han presentado la certificación consular y aquellas que lo hagan antes de la votación.
La decisión del Tribunal Supremo busca garantizar la legalidad del censo electoral excluyendo a los nacionalizados que no demuestren ser descendientes de exiliados
La medida responde a la "difícil comprensión" de los informes emitidos por la Abogacía del Estado y la Oficina del Censo Electoral sobre el cumplimiento de la suspensión cautelar previamente acordada. La semana anterior, la Abogacía del Estado, en representación del Instituto Nacional de Estadística (INE), reportó que al cerrar el censo el 1 de agosto, había registradas 163.355 personas que obtuvieron la nacionalidad. Sin embargo, tras verificar los datos, la cifra se ajustó a 113.326.
En otro orden de acciones, el Supremo ha otorgado un plazo de dos días a las partes para presentar alegaciones sobre los documentos presentados por la Abogacía del Estado, que representan al Ministerio del Interior en relación con los controles de seguridad de los dispositivos para votar con DNI digital en las elecciones generales. Además, el Partido Popular ha solicitado su personación en el proceso, para lo que necesita definir bajo qué concepto desea participar, ya que solo pueden hacerlo como codemandados.
En este contexto, la suspensión del voto decidida por el Tribunal Supremo es aplicable solo a los nacionalizados, no a sus hijos, debido a que la petición de los recurrentes, Iustitia Europa y Vox, se realizó demasiado tarde en el proceso electoral para extender la suspensión sin comprometer los principios de seguridad jurídica y estabilidad electoral. Iustitia Europa, por su parte, ha denunciado la existencia de 35.925 registros no localizados en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), cuya situación aún no ha sido aclarada por la Administración.
