25 gestoras han integrado 55 sicav en fondos de inversión, según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Es el caso de Rubicón (de Acacia Inversión) en el fondo Acacia Invermix 30-60, o el Giessen Inversiones de Mutuactivos en el fondo Patrimonio Global. “Hace años era un vehículo que contaba con muchos más adeptos entre los inversores particulares. Con la ventaja fiscal que supuso el traspaso entre fondos de inversión, que no tributaban, empezó a utilizarse menos”, señala Carmelo Lázaro, director comercial de Grandes Patrimonios de Tressis. Pero para quien realmente ha sido una ´perita en dulce’ es para los considerados como ricos. “El 80% de las sicav está en manos privadas, de una gran fortuna. Si se producen cambios perderán atractivo ya que dejarán de poder eludir la tributación de la ganancia de capital”, indica José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). ¿Pagarán justo por pecadores? La normativa dice que, para verse beneficiadas por la reducción de la tributación en el Impuestos de Sociedades (beneficios al 1% frente al 25% del resto), deben contar con un mínimo de cien accionistas si quieren ser consideradas como instituciones de inversión colectiva. Únicamente tributan por las plusvalías cuando venden las acciones, y lo hacen al mismo tipo que otros productos como los fondos de inversión. ¿Qué ocurre? Que quien realmente lleva los hilos, y pone la ‘pasta’, es uno o dos inversores. El resto son los denominados ‘mariachis’, inversores testaferros que son mero comparsas. Tanto, que su ‘desembolso’ puede llegar a ser sólo de un euro. De ahí su ‘mala fama’.
Ante la posible llegada del ‘lobo’, sálvese quien pueda. “Cada vez que hay una andanada de cambios normativos la gente busca otras alternativas”, manifiesta Manuel Romera, director del Sector Financiero de IE Business School. Una de las salidas es la disolución del vehículo. “Pago lo que tenga que pagar y hago la distribución que quiera”, manifiesta Carmelo Lázaro. Es decir, se cierra, y se tributa por las plusvalías en el IRPF. ¿Ventajas? El dinero queda libre para hacer las inversiones que consideren más interesantes. Otra alternativa es la fusión, bien entre sicavs, bien con fondos de inversión. “En el primer caso el objetivo es diluir el porcentaje de participación concentrado en un accionista”, apunta Victoria Torre, responsable de Desarrollo de Contenidos, Productos y Servicios de Self Bank. Y matiza: “Lo normal es que las integraciones se hagan con fondos que llevan una política de inversión similar, de modo que el partícipe siga estando en un tipo de inversión acorde con la que abordó inicialmente”. Sencillo, a la par que práctico. “Al convertirlo en fondo el dinero sigue en España”, relata Manuel Romera. ¿Qué es lo que ha pasado? Al pasar a fondos, no había peaje fiscal. Era como si de un fondo se pasara a otro. Es decir, que la Dirección General de Tributos (DGT) aceptaba que las fusiones por absorción de sicavs por fondos de inversión se acogieran al régimen especial de reestructuraciones que permite diferir la tributación de los socios personas físicas. Sin embargo, con posterioridad, y tras la consulta vinculante V2932-16, del 23 de junio de 2016, la DGT ha matizado su respuesta. Y ha manifestado que, al resultar más beneficioso el régimen de diferimiento previsto en el IRPF en el caso de transmisión de participaciones en fondos de inversión en relación con la tributación que hubiera correspondido de transmitirse las participaciones en las sicavs, cabría plantearse cuál es la finalidad preponderante en la operación. “Lo que se pregunta es que si en todos estos procesos de fusiones aceptados hay un interés económico u otros más espúrios”, indica Francisco Marín, presidente del Comité de Servicio a Asociados a Efpa (European Financial Planning Association). Es decir, que en el caso de que esta ventaja fiscal de los socios sea la finalidad principal de la operación de fusión, se consideraría que la operación tiene como finalidad principal el fraude o la evasión fiscal, no pudiendo por tanto aplicar el régimen especial de reestructuraciones. “A partir de entonces todo el mundo se ha quedado parado. Y si se demuestra que las fusiones han sido hechas para el diferimiento de impuestos, habrá que pagar”, afirma Marín. 
